Un detenido, la Fiesta Nacional y los fallecidos enredan la agenda de la Gürtel

El juicio por el caso Gürtel no acaba de arrancar. Al menos no está tomando la velocidad de crucero que muchos esperaban. La agenda marcada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se está enredando por motivos ajenos a la causa y por lentos trámites de procesamiento que están retrasando lo más jugoso, las declaraciones de los primeros procesados. Este martes, por ejemplo, el tribunal ha decidido que solo haya sesión por la mañana, para dejar la tarde libre, ya que el miércoles es la Fiesta Nacional y al parecer muchos de los enjuiciados deben viajar.

Además, este martes por la mañana la sesión no comenzará con las declaraciones, sino que se ha decidido visionar los testimonios judiciales que en su día hicieron dos personas que estuvieron imputadas en la causa y que por su fallecimiento obviamente ya no están en el procedimiento. Una vez pasado este trámite, se suma una nueva complicación, la declaración de Roberto Fernández, exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pozuelo. Ha sido detenido por otra causa y está previsto que este martes pase a disposición judicial, por lo que se antoja complicado su concurso en las dependencias que la Audiencia tiene en San Fernando de Henares. Fernández es uno de los primeros en declarar, en teoría el segundo, ya que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.

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David Fernández

El juicio comenzó el pasado martes. En el banquillo de los acusados se sientan 37 personas por las andanzas de la trama en la primera época (1999-2005), además de la exministra Ana Mato y el Partido Popular (juzgados estos dos últimos como partícipes a título lucrativo). Las sesiones enseguida tuvieron el calificativo de tediosas, ya que las defensas de todos los acusados inundaron el tribunal con una cascada de alegaciones, las cuestiones previas, la mayoría pidiendo la nulidad del caso. Fiscalía y tribunal han rechazado un alto porcentaje, dejando muchas otras pendientes de resolver para cuando se dicte sentencia.

Tal cantidad de alegaciones provocaron los primeros retrasos. El tribunal se vio obligado a suspender la sesión del pasado jueves para empezar a estudiarlas. El juicio se ha reanudado este lunes con la intervención de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El ministerio público, por ejemplo, se ha opuesto a la declaración como testigo de Mariano Rajoy, una testifical que habían pedido dos de las acusaciones. El tribunal ha ratificado la decisión, asegurando que "de momento" no procede.

La declaración de Correa

Una vez resueltas las cuestiones previas, es el turno de las declaraciones de los acusados. Todo el mundo espera la del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que lleva ya tiempo en conversaciones con la Fiscalía para intentar llegar a un difícil pacto que contente a las dos partes. Correa está dispuesto a colaborar cuando llegue su turno, ayudando a esclarecer los delitos por los que se le juzga. Otra cosa es que aporte nuevos datos que incriminen a nuevas personas. Pero el testimonio de 'Don Vito' también se hará esperar. El tribunal ha decidido que la sesión de este martes comience con dos 'declaraciones' muy especiales: la de dos personas que fallecieron durante la instrucción de la causa.

Los fallecidos son Leopoldo Gómez Gutiérrez, que fue jefe de obras en el Ayuntamiento de Pozuelo, y María del Mar Rodríguez Alonso, que se suicidó en enero de 2015. Gómez, que fue diputado en la Asamblea de Madrid en la primera legislatura por Alianza Popular (1983-1987), fue la mano derecha del exalcalde Jesús Sepúlveda en el Ayuntamiento de Pozuelo. Ambos fueron imputados por amañar varios contratos para la trama y para otras empresas que llegaron al municipio de la mano de Correa. Gómez murió en febrero de este año después de protagonizar uno de los episodios más extraños de la trama: el expolicía de los GAL José Amedo señaló que Gómez había reclamado sus servicios para cobrar un dinero que le debía un constructor también imputado en el caso.

María del Mar Rodríguez Alonso apareció muerta en un hotel de Bilbao en enero de 2015. Se quitó la vida. Era la mujer del portavoz adjunto del PP en el Senado, Tomás Burgos Beteta, y estaba imputada por cohecho, blanqueo, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El último recurso presentado por Rodríguez Alonso denunciaba sentirse víctima de un "Estado policíaco" que la perseguía por unos delitos que ella aseguraba no haber cometido. El tribunal ha decidido escuchar de nuevo las declaraciones que los instructores tomaron a ambos cuando estaban vivos.

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David Fernández

También se baraja escuchar las declaraciones de otros dos imputados que fueron apartados del caso por grave enfermedad: el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta y el empresario Rafael Naranjo Anegón. La Audiencia Nacional decidió tras examinar los últimos exámenes médicos que tanto Lapuerta como Naranjo (expresidente de la sociedad SUFI) no estaban en condiciones de ser juzgados, ya que ambos padecen demencias sobrevenidas.

Detenido por otro caso

Estas declaraciones 'en diferido' retrasarán aún más las de los primeros procesados, seguramente hasta este martes al final de la mañana o ya el jueves (el miércoles no hay sesión porque es fiesta nacional). Está previsto que la ronda la inicien tres de los 37 procesados, los tres que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía: Roberto Fernández (exconcejal de Hacienda de Pozuelo), Jacobo Gordon (empresario que ayudó a blanquear dinero a otros de los imputados) y Alfonso García-Pozuelo (empresario). La de Roberto Fernández también se puede retrasar. El tribunal informó este lunes que había sido detenido por otra causa distinta y que este martes seguramente pasaría a disposición judicial, por lo que su concurso en la Audiencia se antoja de momento difícil. Fernández ya estuvo en prisión condenado por malos tratos a su expareja, la presentadora de televisión María Montano, como publicó 'El Mundo'.

Estos tres testimonios (si finalmente colaboran) pondrán en un grave aprieto a los dos exalcaldes de que se juzgan en esta pieza: Guillermo Ortega (ex primer edil de Majadahonda) y Jesús Sepúlveda (exregidor de Pozuelo). Jacobo Gordon, por ejemplo, está procesado por ayudar a blanquear dinero a Ortega. Y Fernández, por participar en los amaños que la trama hizo en Pozuelo. El caso de García-Pozuelo es especial. Ha sido uno de los pocos empresarios que ya han reconocido los hechos en sede judicial. Fue propietario de la Constructora Hispánica, y ya admitió que los hechos que le atribuye el fiscal son ciertos y que pagó sobornos a Sepúlveda.