El TC y el TS reclaman actuar contra Forcadell y Homs por desobediencia

Es una decisión sin precedentes. El Tribunal Constitucional ha hecho esta mañana uso por primera vez de la prerrogativa que le dio el Gobierno del PP para iniciar la persecución penal de personalidades que no acaten sus resoluciones. La afectada ha sido la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. El alto tribunal ha acordado por unanimidad de sus 11 miembros pedir a la Fiscalía que actúe contra ella "y en su caso contra cualesquiera otras personas- por dar trámite al debate de las conclusiones de la comisión soberanista de la cámara autonómica. Entre ellas se encontraba la de la creación de un foro constituyente que diera pie a una futura constitución catalana como norma fundamental del nuevo Estado independiente.

Es el segundo golpe al soberanismo que se ha producido esta mañana. Casi al mismo tiempo que se producía la decisión del Constitucional, fuentes del Supremo han informado de que el magistrado instructor de la causa contra el diputado del Partit Demòcrata Català (PDC, la antigua Convergència), Francesc Homs, ha solicitado a la Sala de lo Penal que envíe el suplicatorio contra él al Congreso de los Diputados por su actuación en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 a pesar de que estaba suspendida por el TC.

A renglón seguido, la Sala ha dictado un auto en el que ha acordado dar trámite a la petición de Andrés Palomo, el instructor que actúa contra Homs por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación. Hasta que el Congreso responda -previsiblemente lo hará afirmativamente- el proceso contra el exportavoz del Gobierno catalán queda paralizado.

El proceso para sancionar a Forcadell y exigir contra ella responsabilidades penales se inició el pasado 1 de agosto. El TC consideró entonces que la presidenta del Parlament habría desobedecido la orden de los magistrados de paralizar cualquier iniciativa que supusiera un avance en el proceso independentista en Cataluña. En su resolución de ese día, el alto tribunal acordó pedirle informe sobre el eventual incumplimiento de dos actuaciones suyas: la sentencia por la que se frenó la primera declaración independentista el pasado diciembre y el auto del pasado 19 de julio en el que los magistrados ya le avisaban de posibles sanciones contra ella.

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De las cuatro posibilidades que da la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy -imponer sanciones económicas, suspender al cargo implicado y trasladar el caso al fiscal o al juzgado competente para que actúe por lo criminal- los magistrados se han decantado por esta última, la más gravosa del catálogo de medidas coercitivas de que dispone.

Esta decisión, además, se produce a petición del Ejecutivo. La Abogacía del Estado, además de la suspensión del acto impugnado -el debate y aprobación de las conclusiones de la comisión soberanista en el pleno del Parlament- había reclamado que se analizara si con la decisión de Forcadell de tramitar ese debate, ésta había incurrido en algún tipo de responsabilidad penal. Según fuentes del Constitucional, el tribunal no tiene competencias para establecer qué delito concreto había cometido, aunque otras fuentes judiciales consultadas apuntan a dos: desobediencia y prevaricación. La decisión, en todo caso, corresponderá ahora al Ministerio Fiscal.

"En esta ocasión las medidas a adoptar no pueden limitarse a una mera declaración de nulidad de la resolución impugnada", mantenía la Abogacía del Estado en su escrito de incidente de ejecución de sentencia presentado ante el Constitucional el pasado 29 de julio. Y no basta esa nulidad porque, la resolución independentista, según el Gobierno es "un acto de frontal desacato y manifiesto incumplimiento" de la Constitución.

En las alegaciones del Parlament, sus letrados pidieron al Constitucional que actuara con máxima "cautela", ya que la reforma de la ley que lo regula también ha sido recurrida pero, hasta el momento, no hay sentencia. Pero los magistrados consideran que el alto tribunal ya tenía esa potestad antes de la modificación legal. "Antes y después de la reforma (...) todos los poderes públicos estaban y están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el TC", responden ahora sus magistrados que recuerdan que ya se encontraban plenamente facultados "para acordar específicas medidas ejecutivas". "Este tribunal ha contado siempre con tales atribuciones, con independencia de que no se haya encontrado hasta la fecha en la necesidad de recurrir a ellas para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones", añaden.

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La resolución del Parlamento catalán a la que, al darle trámite, se habría producido la rebeldía de Forcadell, "ignora las advertencias" del TC y "pretende dar continuidad y soporte al denominado 'proceso constituyente en Cataluña', dirigido a su desconexión con el Estado español", mantiene el auto. Porque esa resolución, prosigue la resolución del alto tribunal, "tiene efectos jurídicos propios y no meramente políticos", ya que implica "el reconocimiento en favor del Parlamento o del pueblo de Cataluña de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución".

Respecto a la actuación concreta de Forcadell, el tribunal recuerda que, a petición de dos grupos parlamentarios -Junts pel Sí y la CUP- la presidenta modificó el orden del día para incluir la votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Para el TC, esa actuación, constituye "un incumplimiento objetivo de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos" del tribunal, "deber del que se le advirtió de manera expresa en su calidad de Presidenta del Parlamento y bajo su responsabilidad".

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En el caso de Homs, los hechos investigados son el informe enviado a una de las empresas encargadas de la organización del 9-N. Ese documento informaba a la contratista de que los trabajos que se le encargaban no vulneraban la suspensión de la consulta independentista que decretó el Tribunal Constitucional. La empresa contratista era T-Systems, la encargada del dispositivo informático de la consulta. La firma había solicitado a la Generalitat que aclarara si esos trabajos que debía hacer por encargo del Gobierno catalán, estaban entre los paralizados por el alto tribunal.

Al recibirse esa solicitud de información en los servicios de la Generalitat se elevaron a los superiores. Dos días después de la suspensión de la consulta, el 6 de noviembre de 2014, la empresa recibió el escrito de Homs en el que éste aseguraba que, de acuerdo con los servicios jurídicos de la Generalitat, los contratos con T-Systems no estaban afectados por la decisión del TC. Homs "irrazonablemente, legitimó la continuación de los trabajos, lo cual condujo a que los mismos prosiguieran y culminaran en los días sucesivos", según la Fiscalía. El exconseller apoyó su decisión en los servicios jurídicos de la Generalitat y en "otros expertos de Derecho penal, procesal, administrativo y constitucional".