Gürtel: El PP pide anular el proceso mientras llama "totalitario" al juez instructor

ElPPha defendido este miércoles en la segunda sesión del juicio contra la primera etapa de laGürtel(1999-2005) queno debería estar sentado en el banquillo de los acusados, que no ha tenido oportunidad de defensa durante la instrucción, y ha acusado a uno de los jueces instructores del caso (Baltasar Garzón, aunque no se ha nombrado expresamente), de actuar como si estuviera en un "Estado totalitario" al ordenar las ya famosas y polémicas grabaciones de varios imputados dentro de prisión. El PP ha recordado la sentencia que condenó a Garzón y ha pedido la nulidad del proceso porque estas grabaciones contaminaron la instrucción.Por su parte, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decididoaplazar el juicio hasta el lunes(este jueves estaba previsto el inicio de las declaraciones de los acusados) para poder estudiar todas las alegaciones que han presentado durante estos dos días las defensas de los37 procesados.

El representante delPPrecalcóque las grabaciones ordenadas por Garzón (que además provocaron su inhabilitación) yafueron retiradas de la causa, pero cree que aún así los audios han provocado un daño irreparable. "Lo que no se ha podido expulsar del procedimiento son los conocimientos que esas conversaciones ilegales y delictivas generaron en funcionarios de la Udef, de la Fiscalíay del propio juez instructor". Ahora, prosiguió, el tribunal debe determinar cómo ese conocimiento "adquirido ilegalmente" ha contaminadoel resto de la investigación.

El letrado del PP, Jesús Santos, también se ha quejado ante el tribunal en su turno de cuestiones previas que le ha tocado una posición incómoda dentro de la sala de vistas, concretamente en la última fila detrás de una columna, lo que le impide ver con claridad a la Fiscalía, una posición que al parecer no le ha parecido acorde con el estatus del cliente al que representa. Santos, que fue teniente fiscal de la Audiencia Nacional, se mostró en algunos momentos de su alegato bastante duro con sus ex compañeras, las dos fiscales del caso.

El juez instructor procesó al PP como partícipe a título lucrativo, ya que se benefició de los presuntos delitos cometidos por la trama en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo, gobernados tradicionalmente por el PP. En concreto, la Fiscalía acusa a los populares de beneficiarse de 233.000 euros. El letrado del PP ha recalcado que desconoce con precisión de qué hechos concretos se acusa al partido y que por tanto este desconocimiento impide que haya podido ser beneficiario de los supuestos delitos cometidos.

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La defensa de Génova también ha dicho que no se ha podido defender durante los años que ha durado la instrucción, ya que el PP solo fue procesado como partícipe a título lucrativo al final del caso, cuando el juez instructor dictó auto de transformación. "En ningún momento de la instrucción se nos requirió. No hemos podido defendernos", señaló Santos. El PP, no obstante, cree que se debe anular el proceso, sumandose a los alegatos de muchos de los imputados, como Luis Bárcenas o Pablo Crespo. La estrategia del partido es clara. Si el tribunal no anula el juicio al menos debe apartar a la formación de él.

Los grupos municipales no son el partido nacional

El PP ha basado sus alegaciones en la inconcreción del escrito de la Fiscalía. El ministerio público señala que la trama prestó determinados servicios al PP en Majadahonda en los años 2001 y 2002. "¿Qué actos?, ¿en qué día?, ¿dónde?", se ha preguntado Santos. La Fiscalía también asegura que empresas de la trama hicieron trabajos en julio de 2003 en la sede local del PP. "¿Qué trabajos?, ¿quiénes lo realizaron? Igual con los supuestos servicios para las elecciones municipales de 2003. ¿Dónde se prestaron esos servicios?", planteó la defensa. En Majadahonda, el PP se benefició presuntamente de 133.600 euros.

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Santos defendió la misma argumentación para Pozuelo, "donde la Fiscalía habla de 120.000 euros de origen desconocido para diversos actos del PP, servicios que no han podido concretarse. Si no se han podido concretar, la defensa tiene enormes dificultades para defenderse. Quédocumental puede traer este letrado, quéfacturación, quéanálisis, quédocumentación. ¿Dónde, cuándo, quién presto esos servicios? Esto es una indefensión efectiva".

El PP, que también está procesado en la causa que investiga la destrucción de los ordenadores del despacho de Bárcenas, ha planteado este miércoles otra alegación. Si finalmente debe sentarse en el banquillo, no debe ser el partido a nivel nacional, sino los grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda. "Deberían ser los grupos del PP en estas localidades quienes deberían ocupar esta posición procesal. Son entidades conceptuales distintas y con capacidad procesal propia." El abogado Jesús Santos tiró de jurisprudencia para recalcar su postura: el PP nacional no tiene nada que ver con los actos que cometen sus grupos municipales.

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El PP también se encuentra en la misma posición en otra pieza del caso, la de Boadilla. Allí también figura como partícipe a título lucrativo, porque también se benefició de los delitos cometidos por la trama. En otra pieza, la de los papeles de Bárcenas, el partido aparece como responsable civil subsidiario.

Todas estas cuestiones previas serán estudiadas por los tres magistrados del tribunal en lo que queda de semana. Este jueves estaba previsto que empezaran los interrogatorios, pero la Sección Segunda ha decidido suspenderlos para analizar las ingentes alegaciones presentadas por las defensas de los 37 acusados. Las sesiones se reanudan el lunes 10 a las 10 de la mañana.