Rajoy descarta mediar en el caso Barberá y el Gobierno la deja por imposible

Rita Barberá se dio de baja en el Partido Popular pero rechazó dimitir como senadora aferrándose al escaño y, sobre todo, al aforamiento. Las conversaciones mantenidas desde la formación con la exalcaldesa de Valencia y principalmente encabezadas por el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, no dieron sus frutos y en Génova asumen ya que Barberá no se marchará de la cámara alta. Lo corroboraron minutos antes de que la senadora enviara el comunicado con su decisión en el último contacto y después de que Mariano Rajoy decidiera no intervenir personalmente, como tampoco piensa hacerlo en el futuro, según fuentes del partido. Lo dejó claro una vez más este viernes en Bratislava (Eslovaquia) al término de la reunión informal mantenida con los Veintisiete de la Unión Europea, la primera sin el Reino Unido: "Ha abandonado el PP y el presidente ya no tiene ninguna autoridad sobre ella". La frase, relatada en tercera persona, no dejó dudas sobre la distancia que a partir de ahora marcará el Gobierno con la senadora.

Aun así, dirigentes del PP pretenden continuar con la estrategia de presión de los últimos días solicitando públicamente que deje su escaño en vista de la complicada situación. En esa línea, todos los grupos parlamentarios de las Cortes valencianas -incluidos los conservadores- firmaron una propuesta conjunta para que Barberá renuncie al acta. La postura del Ejecutivo la dejó clara Soraya Sáenz de Santamaría el viernes tras el Consejo de Ministros insistiendo -como haría después Rajoy en la capital eslovaca- en que Barberá "ya no pertenece al Partido Popular y no es afiliada". El objetivo, por tanto, no es otro que dar carpetazo al asunto cuanto antes, intentar que el caso no siga pasando factura a la formación -especialmente a una semana de las elecciones gallegas y vascas- y desmarcarse del futuro judicial de la senadora.

Todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas -incluidos los populares- firmaron una propuesta conjunta para que Barberá renuncie al acta

El Gobierno conoce los límites constitucionales en la titularidad de los escaños, que en ningún caso quedan en manos de los partidos. De hecho, los senadores territoriales no pueden perder su condición aunque se convoquen unas nuevas elecciones, ya que su mandato no acaba con la disolución del Senado, sino con la legislatura autonómica, es decir en 2019. Como explicaron fuentes del PP a este diario,"no pudimos hacer más" pese a haberle pedido más cosas que su baja como afiliada.

Sin embargo, ante la propuesta de algunos grupos de reformar la Carta Magna para cambiar la titularidad de los escaños en casos como el presente, el Gobierno se muestra prudente, como explicó Sáenz de Santamaría. "Hay que verlo en un contexto más amplio. Si lo que estamos defendiendo es un sistema de listas abiertas, no casa fácilmente con que la titularidad de los escaños recaiga en los partidos políticos", aseguró.

Son los dirigentes más jóvenes del Partido Popular los que se muestran también más contundentes contra la exsenadora. Martínez-Maillo pilotó las negociaciones y el resto de vicesecretarios como Javier Maroto o Andrea Levy han sido tajantes en sus declaraciones, reprochando a la exalcaldesa valenciana el perjuicio que, con sus actos, está ocasionando al partido y a las instituciones. En realidad, el caso Barberá -desde que el Supremo abriera causa contra ella por un presunto blanqueo de capitales- ha supuesto un varapalo para la formación y para su presidente. Rajoy, quien mantiene una relación de amistad personal con la senadora que se remonta cuarenta años atrás, optó por no intervenir personalmente en la gestión de su marcha, aunque estuvo al tanto de todo detalle.

El enrocamiento de Barberá lo que pretende es evitar el paseíllo del juzgado ordinario por el que sí desfilarán el resto de investigados de la operación Taula, la presunta trama de financiación ilegal del PP valenciano. Eso sí, los planes de la senadora para rendir cuentas solo ante el alto tribunal pasan necesariamente por recusar al instructor de su caso, Cándido Conde-Pumpido, por haber sido fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Si, pese a la recusación, el instructor decidiera no apartarse, serían sus compañeros de la Sala de lo Penal los encargados de decidir si debe o no desligarse. Fuentes judiciales aseguraron a este diario que la situación entraría entonces en el difícil terreno de la "apariencia de imparcialidad" con la que, según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe contar cualquier juez al afrontar un caso para garantizar la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia.

Otoño difícil para el PP y el futuro Gobierno

Los populares esperan que la polémica de Barberá, sumada al reciente caso Soria, no afecte a los resultados de las autonómicas del próximo 25 de septiembre, especialmente en Galicia, donde todas las encuestas sitúan al PP de Alberto Núñez Feijóo muy cerca de la mayoría absoluta. Después de esa fecha volverá a la palestra el escenario político nacional en el que previsiblemente Rajoy podría hacer una última intentona de investidura antes de que se disuelvan las Cortes el 31 de octubre. Su primer socio potencial, Ciudadanos, se mostró satisfecho con la marcha de Barberá del partido, por lo que podría volver a apoyar la candidatura de Rajoy. Pero el PSOE no prevé moverse de su voto en contra y al PP le faltarían seis diputados a su favor.

Sin embargo, el próximo otoño será complicado para las filas populares. El mes de octubre arrancará con dos de los juicios más mediáticos para el partido: el de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y el del caso Gürtel. Esta última se trata de la mayor red corrupta que afecta al partido de Rajoy. Entre los testigos más sonados que deberán acudir hay varios exministros del PP, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Ana Mato. También desfilarán por los pasillos del juzgado para prestar su testimonio Esperanza Aguirre y miembros de su Gobierno en la Comunidad de Madrid, como Alberto López Viejo y Carlos Clemente.