"No queremos que pasen hambre": padres que entregan a sus hijos a la Administración

El día que Arantxa entregó a sus dos hijos a los Servicios Sociales llovía en Vigo. Ese momento era el resultado de una espiral de desdichas que había desembocado en la situación más difícil que puede presentarse a cualquier padre: ¿qué hacer si no puedes cuidar de tus hijos?

Tanto Arantxa como José, su marido, vieron truncados sus sueños de una nueva vida en un lugar por estrenar. Habían llegado de Barcelona a la ciudad gallega hacía un año, ilusionados por encontrar un trabajo en la tierra donde él se había criado. Sin embargo, las semanas pasaron y sus ahorros se fueron agotando sin éxito laboral, hasta que se vieron abocados a vivir en un edificio en ruinas sin agua ni luz.

No queríamos que pasaran hambre ni frío, y aquí no podíamos ni bañarlos

Tomaron entonces la decisión de entregar a sus hijos a la Administración, antes de que les faltara de nada. “No queríamos que pasaran hambre ni frío, y aquí no podíamos ni bañarlos”, cuenta Arantxa. Eso fue hace once meses, cuando el niño tenía un año y la pequeña era una recién nacida. “No hay palabras para explicar lo que se siente. Son como dos soles, lo que más echo de menos es su sonrisa”, dice la madre entre lágrimas. Ahora es la Xunta la que se hace cargo de ellos bajo la figura de la 'guarda voluntaria', por la cual son los padres los que por su propia decisión deciden entregar a sus hijos a la Administración.

Comprometidos a mejorar su situación

En 2014, el último año sobre el que se tienen datos a nivel nacional, hubo 2.783 casos como el de los hijos de Arantxa. “Es la medida de protección más adecuada porque permite colaborar con los progenitores ya que son ellos los que lo piden, ya sea directamente o aconsejados por los Servicios Sociales”, explica Jimena García, directora de zona de acción tutelar en Madrid.

Sin embargo, desde la Dirección General de Familia y el Menor de la capital, advierten de que no se trata de un "internado", donde se pueda dejar y recoger a los hijos a voluntad. “No se entrega al niño y ya está, hay un trabajo conjunto de las tres partes: comunidad, padres y menores”, aclara Alberto San Juan, el director general. “El objetivo de estos programas es que la situación mejore y que así puedan volver con sus progenitores”.

La guarda solo implica que la Administración se hace cargo del cuidado del menor, de velar por él y atenderlo en todas sus necesidades

En el momento de hacer efectiva la guarda, los padres deben firmar un compromiso de mejorar su situación en un plazo máximo de dos años (prorrogable solo bajo causas justificadas). Cada acuerdo es individualizado, según los problemas personales que hayan motivado la entrega de los menores a la Administración: desde desintoxicarse de una adicción, superar un problema de salud, encontrar un hogar o estabilizar el entorno familiar. En el caso de Arantxa y José, deben encontrar un hogar apropiado y un trabajo. Él se dedicaba a la logística, pero también ha sido vigilante y camarero. Ella tiene estudios en cuidados geriátricos y de limpieza, aunque buscan cualquier cosa: “Como si tenemos que despegar chicles del suelo”.

Para que el contrato finalice y el menor pueda volver con sus progenitores, estos deben demostrar que los problemas que motivaron la intervención ya no existen y haber estado implicados en el proceso, manteniendo el contacto mediante visitas e incluso contribuyendo económicamente en algunos casos.

Además, legalmente los padres nunca ceden la tutela. La patria potestad y por tanto las decisiones sobre el menor siguen siendo exclusivos de sus progenitores, algo que no ocurre cuando está en situación de desamparo: “La guarda solo implica que la Administración se hace cargo del cuidado del niño, de velar por él y atenderlo en todas sus necesidades, con todo lo que implica”, cuenta Jimena García, “no solo vestido y vivienda, también en su desarrollo emocional y educativo, proporcionando un entorno seguro y estable”.

Adolescentes conflictivos y madres solas

Casos como el de Arantxa y José, motivado únicamente por problemas económicos y con ambos padres presentes, no son los más habituales, pero la pobreza sí es un patrón que se repite en muchos casos. “Son gente económicamente más inestables y sin apoyos familiares”, explica Rocío Tovar, trabajadora social en Madrid. “Suelen ser mamás solas, en muchos casos inmigrantes, algunas con consumos o con una enfermedad mental”.

En los últimos tres años han aumentado los casos de adolescentes conflictivos

Estos casos de necesidad representan el 40% de las guardas voluntarias en la Comunidad de Madrid, ya sea por ingresos en prisión, hospitalarios, tratamiento por una drogadicción o falta temporal de alojamiento o de recursos.

Sin embargo, en los tres últimos años, están recibiendo cada vez más expedientes de adolescentes con graves conflictos de comportamiento, violencia ascendente y algunas patologías de salud mental, hasta llegar a representar el 60% del total. “Son situaciones muy graves, los padres están desbordados, no saben qué hacer: en algunos casos se puede resolver dentro de la familia y en otros es necesario que ingrese en un centro y ahí trabajar con ellos”, aclara Jimena García.

En función de la edad del menor se establece qué tipo de acogimiento es el más adecuado. “Hasta los tres años, o a veces seis, se intenta que vayan a una familia de acogida, y se explica a los padres biológicos qué es lo mejor porque le va a ayudar a vincular con ellos cuando vuelva”, añade García. Además, preferiblemente se realiza con un pariente. En el caso de adolescentes problemáticos y otros perfiles complicados de encajar en familias ajenas (como discapacidades o problemas mentales) el acogimiento residencial es más apropiado porque se realiza en centros especiales y donde pueden trabajar con él.

Desigualdades entre comunidades

Los datos del uso de esta figura jurídica son muy dispares entre comunidades. Aunque los requisitos son los mismos, casos que algunas regiones determinan como guarda, otras pueden hacerlo como tutela, según el criterio de cada Administración y de cómo se informe a los padres desde los Servicios Sociales, que suelen desconocer esta forma de intervención. “Muchas veces cuando llegan no saben qué hacer, y desde aquí se les propone la guarda”, cuenta Jimena García. Así, mientras en Madrid hubo 615 menores protegidos por este recurso en 2014, en Andalucía, con mayor población, solo hubo 42 expedientes.

Sin embargo, Carlos Chana, responsable del programa de infancia de Cruz Roja, considera que en algunas regiones se trata de una 'estrategia' para evitar otro tipo de intervención. “En algunas comunidades autónomas hay casos de guardas donde tenía que haber tutelas, pero asumirlas es más costoso económicamente”. En su opinión, además, el uso de este recurso es “un fracaso” de los Servicios Sociales, porque lo ideal es la preservación familiar e invertir más en programas de intervención para que el menor no pase por el traumático momento de separarse de su entorno.

Los casos que han acabado en tutela es porque el progenitor no se ha implicado

Según la experiencia de Rocío Tovar, en la mayoría de los casos son la antesala de una tutela “camuflada”: “Muchas veces, antes de una retirada del menor, se trabaja una propuesta de guarda porque hay situaciones de familias desestructuradas o gente que tiene un consumo pero no muy aparente y es difícil de reconocer o contrastar con ellas, y de esta manera puedes ver cómo es su estilo de vida”.

Desde la Dirección General de Familia de Madrid niegan que esto sea así. “Los casos que han acabado en tutela es porque el progenitor no se ha implicado, pero hay una intervención previa precisamente para determinar qué es lo mejor”, asegura Alberto San Juan.

Miedo a perderles

A pesar de ser una figura que surge de la propia voluntariedad del padre o la madre, el fantasma de la retirada definitiva del menor suele planear sobre las cabezas de quienes toman esta decisión. “La mayoría lo viven como una pérdida al principio, como si realmente fuera una tutela”, asegura Tovar. Por eso, desde la Administración se intenta combatir ese sentimiento, que se da menos en los padres de adolescentes. “Cuando llegan aquí les intentamos quitar ese miedo con formación y acompañamiento”, cuenta Jimena García.

Arantxa no quiere pensar en la posibilidad de no poder recuperar a sus hijos, aunque sea un pensamiento inevitable. Además, el mayor, con casi dos años ya empieza a darse cuenta de la situación y las despedidas en el centro de menores donde se encuentran dos veces por semana cada vez son más duras: “Se pone nervioso, patalea y quiere venirse con nosotros”, se lamenta. “Me da miedo perderles para siempre, pero prefiero concentrarme en recuperarlos”.