El Supremo abre causa contra una diputada investigada que el PSOE incluyó en sus listas

La diputada del PSOE, María del Puerto Gallego, estaba investigada por un caso de corrupción en Santoña (Cantabria) durante la pasada legislatura y la anterior. A pesar de ello, el partido de Pedro Sánchez volvió a presentarla como candidata en las pasadas elecciones del 26 de junio, en las que consiguió escaño. Este viernes, el Supremoha decidido aceptar la competencia sobre el caso y abrir causa contra la diputada, que como tal está aforada a la Sala de lo Penal del alto tribunal. Tan sólo horas después, Gallego ha anunciado su dimisión "de forma inmediata" a través de un comunicado.

"Doy cumplimiento a mi compromiso público de no esperar ni un minuto para presentar mi dimisión y entregar mi acta como diputada en el Congreso, sin finalmente se confirmaba la condición de investigada", ha afirmado, al tiempo que matizaba que la razón por la que está bajo lupa es "por un supuesto error administrativo" del que se considera"totalmenteinocente"porque ni se ha enriquecido ella "ni terceras personas".

Durante su mandato como alcaldesa de ese municipio cántabro, el ayuntamiento habría adjudicado a determinados empresarios servcios municipales sin concurso previo, es decir, a dedo. Los hechos, según los magistrados, podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación.

El auto de la Sala Segunda del alto tribunal explica que, durante su mandato como alcaldesa de Santoña, entre 2003 y 2009, habría sido habitual la adjudicación a determinadas empresas de ciertos servicios prescindiendo de concurso previo cuando esos servicios superaban la cuantía mínima a partir de la cual es necesario abrir un concurso para su contratación. Según la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción número dos de Cantabria, era la propia Gallego la que firmaba las facturas.

"Se relata así que para la prestación de determinados servicios, la realización de ciertos suministros y determinadas obras, el ayuntamiento, esto es la junta de gobierno", que dirigía la entonces alcaldesa, "no habría segudio los procedimientos administrativos correspondientes en materia contractual", relata el auto del Supremo. "Seconstata la existencia de un fraccionamiento [del coste de esos servicios] con el fin de ludir el recurso a los procedimientos legalmente establecidos", añaden los magistrados. Es decir, que Gallego y sus concejales, supuestamente, los habrían adjudicado a dedo.

Durante su mandato como alcaldesa de Santoña, habría sido habitual la adjudicación a determinadas empresas prescindiendo de concurso previo

De esa actución, según los magistrados, hay varias pruebas, entre ellas "los reparos emitidos en su momento por la intervención municipal, en los que se ponía de manifiesto que no se había procedido a la tramitación del oportuno procedimiento de contratación o que la facturación presentada respecto a determinados suministros y servicios superaba, al ser totalizados en cada ejercicio, el iimporte correspondiente para acudir a la adjucación directa", mantiene la resolución, que nombra como instructor del caso a Pablo Llarena, ex presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la judicatura.

El auto relata además, como la primera noticia de este supuesto delito se recibió en el Supremo el 2 de octubre de 2015. El alto tribunal ya certificó entonces la condición de diputada de Gallego, pero suspendió el procedimiento tras disolverse las Cortes y convocarse elecciones para el pasado 20 de diciembre. La misma gestión se realizó cuando se constituyó de nuevo el Parlamento. También se pidió informe al fiscal, que se opuso a la admisión a trámite del caso por considerar prematura la inhibición del juez cántabro.

El estudio del caso volvió a suspenderse el pasado 4 de mayo al haberse producido la víspera la nuevadisolución de las Cortes. Pero tras constituirse de nuevo se retomó el caso. El Supremo volvió a constatar que Gallego consiguió en las pasadas elecciones de junio de nuevo su escaño dediputada al haber sido presentada como candidata socialistaa pesar de la investigación abierta contra ella. Hoy, la Sala Segunda, ha decidido aceptar el caso.