Gao Ping tenía un búnker en BPA abierto las 24 horas para lavar dinero de su mafia

La investigación judicial que abrió Andorra en marzo de 2015 para destripar el presunto blanqueo masivo de capitales a través de Banca Privada de Andorra (BPA) se ha saldado esta semana con el procesamiento de 24 directivos y gestores de la entidad, que estarían implicados en operaciones de compensación de fondos, una práctica ilegal con la que decenas de clientes del banco evadieron y repatriaron grandes sumas de dinero sin ningún tipo de control. La instructora de la causa, Canòlich Mingorance, ha exculpado a los accionistas mayoritarios de la entidad y de su filial, Banco Madrid, los hermanos Ramón e Higini Cierco, pero el auto de procesamiento concluye que BPA puso toda su estructura al servicio de grandes tramas criminales transfronterizas y consiguió suculentos beneficios con esa actividad. El auto ratifica además, punto por punto, el expediente del FinCen de Estados Unidos (órgano antiblanqueo del Departamento del Tesoro), que provocó en marzo de 2015 la intervención de la entidad y la apertura automática de este proceso judicial, a pesar de que Washington archivó su denuncia el pasado marzo.

La acusación se centra en la práctica de las compensaciones, una operativa que consiste en poner en contacto a un cliente que quiere ingresar dinero en el banco con otro que desea retirarlo. El dinero se mueve, pero fuera de la entidad y sin pasar por los controles aduaneros del Principado. De hecho, la mayoría de los trasvases de fondos se habrían realizado en España, apunta el auto. Luego, empleados de BPA realizaban una “operación de caja ficticia”, anotando un reintegro en efectivo en la cuenta del pagador y un ingreso por el mismo importe en el depósito del cliente que recibía el dinero, “a pesar de que ninguna de las operaciones era real”.

En el auto, al que ha tenido acceso íntegramente El Confidencial, la jueza recuerda que esta práctica bancaria fue prohibida por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) en 2005, por su “alto riesgo para el blanqueo de capitales”, a través de una nota en la que expresamente impedía a las entidades del Principado “organizar, realizar o prestar asistencia activa, ni directamente ni indirectamente mediante terceros, en el transporte de fondos de clientes del extranjero a Andorra”. En 2010, el INAF emitió otra nota recordando la vigencia de esta prohibición.

La advertencia fue obviada en los despachos nobles de BPA. La instructora ha concluido que empleados del banco se desplazaron recurrentemente a Barcelona para recoger el efectivo que un empresario que colaboraba con la mafia china de Gao Ping, Rafael Pallardó, quería sacar de España a espaldas de las autoridades. Según el dictamen, incluso ha quedado acreditado que Pallardó entregó directamente dinero al propio consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, la misma persona que los Cierco colocaron al frente de Banco Madrid en 2010, cuando BPA compró esa entidad a Kutxabank. Pallardó hizo las entregas a Miquel en unas oficinas que el directivo bancario tenía en Barcelona, detalla la resolución.

El blanqueador de la mafia china generaba tanto efectivo que llegó a ser conocido entre los empleados de BPA como “el cajero automática del banco en España”. Siempre aportaba fondos para compensar a otros clientes que necesitaban dinero líquido. Entre 2008 y 2011, Pallardó entregó a gestores del banco un total de 70,3 millones de euros. Los ingresos se anotaban en sus cuentas en BPA, pero el dinero era automáticamente transferido a China, en la mayoría de los casos, a cuentas del padre de Gao Ping, Xiang Chun Xiong. El banco llegó a permitirle que hiciera entregas durante las 24 horas del día en una zona restringida de sus oficinas centrales conocida como búnker, a la que se accedía tras pasar un control de seguridad. La entidad no escatimó recursos para que la mafia china permaneciera como uno de sus mejores clientes.

Otro alto cargo de BPA también estaría implicado en el lavado de fondos procedentes del crimen organizado mediante el sistema de compensaciones. Se trata de Santiago Rosselló, que ocupaba el puesto de director general adjunto del Área de Control. Según la jueza andorrana, está acreditado que Rosselló actuó como gestor del antiguo general ruso que lideraba el grupo criminal desmantelado por la Guardia Civil en enero de 2013 en la operación Clotilde, el mafioso Viktor Kainikine. “Santiago Rosselló ofreció servicios financieros diseñados específicamente por la organización [criminal], siguió directamente la instrucciones de Petrov [lugarteniente en España de Kainikine] en cuanto a los movimientos entre cuentas, medió en la concesión de un préstamo por parte de Banco Madrid y trató con Kainikine cómo traspasar sus bienes a sus hijos”, condensa la resolución.

La jueza asegura que estas prácticas estaban tan “institucionalizadas” en BPA que los directivos incluso disponían de formularios para anotar el flujo de fondos opaco. “El departamento de cumplimiento normativo era el órgano de supervisión de los gestores”, pero, “a pesar de que era consciente del riesgo” que entrañaban esas operaciones, no solo no acabó con ellas, sino que las validó creando un procedimiento para registrarlas.

La tercera gran vinculación del banco con la delincuencia internacional se establece, según el auto, a través de otro exdirectivo de BPA, su antiguo responsable de Negocio Internacional Pablo Laplana. La instructora del caso ha concluido que este alto cargo colaboró para facilitar la ocultación de fondos del empresario venezolano Diego Salazar, primo del expresidente de la empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) Rafael Ramírez, y ayudar también a esconder su dinero al exjefe de la División Antidrogas de la Policía de ese mismo país Norman Danilo Puerta. El auto recuerda que, a pesar de que en 2010 Laplana ya fue acusado de facilitar el blanqueo de capitales de Puerta, BPA aceptó su regreso a la entidad e incluso le mejoró las condiciones laborales.

En conjunto, la instructora considera acreditada la vinculación de BPA con las tres organizaciones criminales -la trama china de Gao Ping, la mafia rusa de Kainikine y los jerarcas venezolanos- que citó precisamente el FinCen estadounidense para anunciar la apertura de una investigación contra la entidad en marzo de 2015, una noticia que provocó un terremoto en España y Andorra y desencadenó la intervención automática del banco y su filial Banco Madrid. Un año después, contra todo pronóstico, Estados Unidos archivó el expediente contra la entidad, reforzando los argumentos de la familia Cierco, que siempre ha defendido que BPA operaba ajustándose escrupulosamente a la normativa bancaria y ha emprendido acciones judiciales para revertir la intervención. La semana pasada, los Cierco denunciaron incluso que la nota del FinCen fue el resultado de las presiones que ejerció ante Washington la Policía Nacional española para castigar a la entidad por no haber colaborado en la investigación sobre el patrimonio de la familia Pujol y otros dirigentes políticos catalanes. Sin embargo, el auto de procesamiento dictado por la Justicia andorrana corrobora después de año y medio de investigación que, como aseguró el FinCen en un primer momento, BPA participó activamente en el lavado de dinero del crimen internacional.

Sorpresivamente, el auto de procesamiento no ha apreciado que existan indicios para implicar en el blanqueo de capitales a los accionistas mayoritarios de BPA, a pesar de que los hechos afectan a 24 de sus subordinados -el 10% de su plantilla- y, según el dictamen, el lavado de fondos era conocido por toda la cúpula de la entidad.

La resolución reconoce que los hermanos Cierco formaban parte del comité de auditoría y control, que se reunía una vez al mes, antes de los consejos de administración. Sin embargo, la jueza considera que “no consta en la documentación preparatoria [de los comités] ni en las actas que se tratara la operativa de Pallardó ni ninguna otra cuestión relativa al sistema de compensaciones”. El auto también admite que BPA protegió a los directivos implicados en el blanqueo e incluso les pagó sobresueldos y asumió sus gastos de defensa cuando tuvieron problemas con la Justicia por esas operativas irregulares. Pero tampoco considera que esos hechos justifiquen el procesamiento de los dueños del banco.

Entre los 24 procesados, se encuentran los directivos de BPA Joan Pau Miquel, Santiago Rosselló, Luis César Jayme García-Salcedo (consejero independiente del banco), Isabel Camino Sarmiento (responsable de Cumplimiento Normativo), Josep Antoni Rivero Carrizo, Josep Elsa Farré, Juan Cejudo Peña, Luis Pablo Laplana Moraes, Josep Lluís Rivero Carrizo (todos ellos directivos), Sergi Fernández Genés, Esteve García García y Amaya de Santiago (gestores).