Caso BPA: Andorra exculpa a los Cierco pero acusa a otros 24 directivos de blanqueo

La jueza de Andorra que instruye el caso Banca Privada de Andorra (BPA), Canòlich Mingorance, ha concluido la fase de investigación con un auto de procesamiento en el que acusa a 24 directores y gestores de la entidad de estar implicados en una presunta trama de blanqueo de capitales. Las pesquisas han determinado, sin embargo, que no se ha acreditado la participación de los accionistas mayoritarios de la entidad, Ramón e Higini Cierco, así como de otras siete personas que también estaban siendo investigadas desde que se abrió esta causa, en marzo de 2015, tras la intervención del banco por parte de las autoridades del Principado de Andorra, solo unas horas después de que Estados Unidos anunciara que había decidido abrir un expediente a BPA por su presunta implicación en el blanqueo de capitales de organizaciones criminales internacionales.

Entre los procesados, figura el consejero delegado de la entidad en el momento de la intervención, Joan Pau Miquel, que se encuentra en prisión provisional en una cárcel del Principado desde que estalló el escándalo. Pau Miquel también era consejero delegado de Banco Madrid, la entidad con licencia española que BPA compró en 2010, convirtiéndose de ese modo en la primera entidad andorrana en desembarcar en el mercado bancario nacional.

En un comunicado remitido a los medios, los Cierco han valorado "positivamente" la decisión de archivar provisionalmente los hechos que se les imputaban. La familia, asegura la nota, "continuará trabajando para demostrar que BPA siempre operó siguiendo la legalidad y la normativa vigente en cada momento en el Principado de Andorra". También añade que confía en la inocencia de todos los trabajadores del banco, incluso en la de aquellos que han sido procesados.

La jueza también ha decidido remitir a los juzgados ordinarios la denuncia que incorporó a la causa la semana pasada Higini Cierco, en la que aseguraba que la apertura del expediente del FinCen de Estados Unidos que motivó la intervención de BPA fue provocada por la Policía española, como supuesta represalia por la presunta falta de colaboración del banco en la investigación sobre la fortuna oculta de la familia Pujol. Según los Cierco, llegaron a mantener una reunión en Madrid en 2014 con el entonces comisario de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, en la que este amenazó expresamente a Joan Pau Miquel con provocar la intervención de la entidad si no le facilitaba información sobre las cuentas bancarias del clan del expresidente de la Generalitat de Cataluña. Finalmente, Miquel accedió a facilitar los datos, pero, según los accionistas mayoritarios de BPA, los investigadores los consideraron insuficientes y presionaron a Washington para que el FinCen abriera finalmente una investigación sobre la entidad en marzo de 2015, que un año después fue archivada.

La Audiencia Nacional mantiene abierta su propia investigación sobre Banco de Madrid por su presunta implicación también en tramas de blanqueo de capitales.