El mensaje del Constitucional a Puigdemont: "Frena o seguirás el camino de Forcadell"

Que la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para dotar a ese organismo demedidas coercitivas para hacer cumplir sus resoluciones estaba pensada para frenar la deriva separatista del Gobierno catalán es un hecho. "La broma se ha terminado", dijo el entonces candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Xavier García Albiol tras registrar la proposición de ley en el Congreso. Rafael Hernando, en ese momento portavoz de ese mismo partido en la Cámara Baja, que acompañó a Albiol en ese acto, justificó así la iniciativa: "Hace cuatro años no había una situación como esta donde se presentan juntos los que dicen que quieren romper España". Era 1 de septiembre de 2015 y faltaban apenas cuatro semanas para que Convergència y ERC ganaran las elecciones catalanas del 27-S con su plataforma Junts pel Sí, que aupó como presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont.

Sin embargo, Puigdemont no ha sido el primero en probar el nuevo procedimiento para forzar al Gobierno catalán a acatar las sentencias del alto tribunal, aunque el Constitucionalle ha mandadoun mensaje directo. La primera autoridad catalana que pasará por ese procedimiento -que puede acabar en una multa de hasta 30.000 euros, su suspensión temporal de funciones, la ejecución forzosa de las decisiones de los magistrados o una denuncia por desobediencia- será Carme Forcadell, presidenta del Parlament, exlíder de la Asamblea Nacional Catalana y 'número dos' de la plataforma independentista. ¿La razón? Forcadell, como presidenta de la cámara autonómica, habría desoído la sentencia del Constitucional del pasado diciembre, que anuló la resolución del Parlamentoque daba inicio al proceso de desconexión con el Estado, al permitir que los diputados catalanes debatieran y aprobaran las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, que abre la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.

La presidenta tiene ahora un plazo de 20 días -al igual que todos los miembros de la mesa de la cámara y su secretario general-para presentar sus alegaciones, es decir, para explicar si las actuaciones parlamentarias que dieron lugar a la resolución en la que se aprobaron las conclusiones de esa comisión soberanista vulneraron, en su opinión esa sentenciay el auto notificado el pasado 19 de julio, que se negó a anular la creación de la comisión como pedía el Gobierno, pero advirtió a las autoridades del Parlament "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" los mandatos del Constitucional. En ese auto, el tribunal advertía también que había conocido las conclusiones de la comisión antes de que fueran aprobadas por la cámara. "Su contenido contraviene claramente los mandatos a los que se viene haciendo referencia", avisó.Una vez recibido el informe, el tribunal decidirá si le impone cualquiera de las medidas coercitivas contempladas por la reforma legal.

Pero la resolución de ayer, ademásde caercomo una losa sobre Forcadell,señala directa y expresamente a Puigdemont. Los magistrados suspendieron cautelarmentela aprobación parlamentaria de esas conclusiones tal y como les obliga a hacerlo la ley cuando así lo solicita el Gobierno central, pero, tambiénordenaronque su decisión se notifique "personalmente" no solo a Forcadell y al resto deórganos directivos de la cámara catalana, sino también "al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña". "Se les advierte de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir", dice la providencia del Constitucional.

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Es decir, en caso de que Puigdemont -o cualquiera de sus consejeros- dé contenido a las propuestas de la comisión que aprobó el Parlament, se arriesgará, como Forcadell,a sufrir también las medidas coercitivas del tribunal, entre ellas la suspensión o la posible deducción de testimonio al Ministerio Fiscal o al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el órgano al que está aforado,medidasmuy gravosas e insólitas contraun presidente autonómico. Entre las conclusiones de la comisión del proceso constituyente que acaban de ser suspendidas se ecuentra un madanto genérico y directo al Gobierno de la Generalitat para "poner a disposición de la ciudadanía los recursos que hagan falta para conseguir un debate constituyente de base social".

Será a partir de septiembre cuando el Constitucional dará una solución definitiva al incidente de ejecución de sentencia planteado por el Gobierno de Mariano Rajoy, según fuentes del alto tribunal. Entonces tendrá quedecidirsi declara nula la aprobación de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente por el Parlamento tras escuchar a Forcadell, los miembros de la mesa de la cámara y su secretario general, así comoal Ministerio Fiscal.En cualquier caso la decisión de la cámara autonómica, por ahora, queda suspendida durante los próximoscinco meses.

También tendrá que decidir si impone a Forcadell una de las medidas coercitivas previstas en la reforma de la normativa deltribunal quepresentaron García Albiol y Rafael Hernando en el Congreso el pasado 1 de septiembre para frenar el proceso independentista puesto en marcha por el Ejecutivo catalán. El Gobierno de Mariano Rajoy, a través de la Abogacía del Estado, ha solicitado a los magistrados que tomen una de las más rigurosas, quedenuncien a la presidenta del Parlamentante el MinisterioFiscal o el juzgado competente(el TSJC) por la vía penal por haber desobedecidolos mandatos del tribunal. Puigdemont, además, queda avisado. Tendrá que hilar muy fino en su gestión del proceso de desconexiónsi no quiere correr una suerte similar. Porque lo que el Constitucional le está diciendo es, en resumen: "Frena o seguirás su camino".