El Constitucional abre la vía para sancionar a Forcadell por tramitar la moción secesionista

El Tribunal Constitucional ha suspendido la resolución del Parlamento catalán que aprobaba las conclusiones de su comisión soberanista, entre ellas la creación de un foro constituyente que diera pie a una futura constitución en un Estado independiente. El alto tribunal, además, ha iniciado el proceso para sancionar a su presidenta, Carme Forcadell, por desobedecerle al dar trámite al debate sobre los trabajos de esa comisión y le ha dado 20 días -a ella, a los restantes miembros de la mesa de la cámara, así como al secretario general- para que le informe sobre el eventual incumplimiento de dos resoluciones previas del tribunal: la sentencia por la que se frenó la primera declaración independentista el pasado diciembre, y el auto del pasado 19 de julio en el que los magistrados ya advertían a la presidenta de posibles sanciones contra ella. La última reforma legal permite al tribunal imponer sanciones económicas, suspender al cargo implicado y trasladar el caso al fiscal o al juzgado competente para actuar por lo criminal en caso de que desoiga los pronunciamientos del Pleno.

La decisión va en línea con lo solicitado por el Gobierno. Además de la suspensión del acto impugnado -la aprobación de las conclusiones- una decisión reglada cuando es el Ejecutivo central el que recurre, el escrito de la Abogacía del Estado pedía al Constitucional que analizara si en la aprobación de la resolución que da inicio al proceso independentista tiene algún tipo de responsabilidad penal la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que fue quien, desoyendo las órdenes del alto tribunal, convocó el pleno de la cámara en el que se aprobó. De esa sesión se ausentaron los parlamentarios de Ciudadanos y el PP, mientras que los del PSC permanecieron en sus asientos pero no votaron.

La resolución, acordada por unanimidad de los 11 magistrados, admite a trámite el escrito del Gobierno, lo que supone de por sí la suspensión de la resolución del Parlamento. Además, da un plazo de 20 días al fiscal y a la cámara catalana para que informen sobre si esa resolución debe ser definitivamente anulada por los magistrados, algo que pueden hacer en ejecución de su sentencia sobre la primera resolución secesionista, acordada el pasado diciembre. El Pleno ha decidido además notificar su acuerdo a Forcadell, a los demás miembros de la mesa y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y al resto de los miembros de su Gobierno. Esa notificación contiene la advertencia "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o leudir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que se pudiera incurrir".

En el caso de Forcadell, los demás miembros de la mesa del Parlamento y su secretario general, los magistrados creen que podrían haber incurrido ya en un acto de desobediencia. Por ello, el Pleno les da un plazo de 20 días para que informen si se ha cumplido la sentencia de pasado diciembre que anuló la primera resolución que dio salida al proceso de secesión y el auto del pasado julio en el que se advertía de posibles sanciones si se incumpliera. En caso de que, tras recibir el informe, el Pleno estime que alguno de esos cargos desoyó sus resoluciones previas, podría imponerles una multa de entre 3.000 y 30.000 euros, acordar su suspensión de funciones "durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal", ordenar la ejecución sustitutoria de sus resoluciones a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o enviar el caso al Ministerio Fiscal en caso de que considere que existe responsabilidad penal.

"Un acto de frontal desacato"

"En esta ocasión las medidas a adoptar no pueden limitarse a una mera declaración de nulidad de la resolución impugnada", mantenía la Abogacía del Estado en su escrito de incidente de ejecución de sentencia presentado ante el tribunal el pasado viernes y que los magistrados han analizado esta mañana. Y no basta esa nulidad porque, la resolución independentista, según el Gobierno es "un acto de frontal desacato y manifiesto incumplimiento" de la Constitución.

Este no es el primer inicidente de ejecución de sentencia que presenta el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra decisiones del Parlamento catalán. El pasado 19 de julio, el TC resolvió otro en el que el Gobierno exigía la nulidad de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente al considerar su creación una desobediencia a la sentencia del pasado diciembre en la que el alto tribunal anuló la resolución que ponía en marcha el proceso de desconexión de forma unilateral. Los magistrados, sin embargo, se negaron a disolver esa comisión, aunque advirtieron a Forcadell y a la Mesa del Parlament de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados". La Sala consideraba que esa comisión no era por sí misma inconstitucional, y que de sus trabajos podrían salir propuestas de reforma constitucional perfectamente legítimas, esa es la razón por la que se negaba a disolverla.

Ahora, sin embargo, con la aprobación de las conclusiones de esa comisión, se ha dado un paso más, según el Gobierno. "A pesar de estas claras advertencias y en incumplimiento frontal a la sentencia, el Parlamento de Cataluña en sesión plenaria de 27 de julio de 2016 ha incluido en el orden de l día y posteriormente ha aprobado las conclusiones de la comisión", señala el escrito del abogado del Estado, que considera esos actos "un claro y grosero desconocimiento" de los avisos del alto tribunal. Según el Ejecutivo, la aprobación de esas conclusiones prevé un conjunto de acciones concretas capaces de producir efectos jurídicos, entre ellas la creación de un foro social encargado de iniciar la desconexión mediante la creación de una Asamblea constituyente que elabore una constitución para Cataluña como Estado independiente.