El Gobierno pone en marcha el cerco legal contra Puigdemont y Forcadell

El Gobierno ha dado luz verde a la Abogacía del Estado para que presente un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Parlamento catalán que autoriza debatir sobre la desconexión de Cataluña. Y va más allá ya que no solo ha pedido que esta se declare nula y sin efecto, sino que aperciba al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al resto de la Mesa de la Cámara bajo amenaza de consecuencias penales.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha anunciado el deseo del Ejecutivo de que el Constitucional analice si Forcadell incurrió en resposabilidades penales por incumplir sus resoluciones al permitir la votación y aprobación de dicha resolución tras la sentencia del 2 de diciembre de 2015 del alto tribunal. "No es sólo un desafío institucional, es un desacato al Constitucional", ha señalado.

La resolución del Parlament que inicia la ruta independentista hacia la desconexión señala que "el pueblo de Cataluña tiene legitimidad" para comenzar un proceso constituyente propio que constará de tres fases: una primera de proceso participativo, una segunda fase de desconexión con el Estado y convocatoria de elecciones constituyentes que conformarán una Asamblea Constituyente, que redactará un proyecto de constitución. En una tercera fase será ratificada a nivel popular por medio de referéndum.

El Ejecutivo considera que la resolución del Parlamento catalán "vulnera radicalmente" la sentencia del Tribunal Constitución del 2 de diciembre de 2015 que declaró inconstitucional y nula la resolución del Parlamento catalán sobre el inicio del llamado 'proceso de desconexión', aprobada el 9 de noviembre de 2015.

Forcadell: "Sería profundamente antidemocrático"

Ante la decisión del Gobierno, Carme Forcadell ha considerado que "sería profundamente antidemocrático" ser inhabilitada. En una entrevista en la Televisiò de Catalunya ha asegurado que no incurrió en ningún delito sino que cumplió con su obligación y con el reglamento, y ha instado al Gobierno a "que haga lo que crea que tiene que hacer".

"No me gusta hablar de obediencia y desobediencia porque estamos contribuyendo a judicializar la política", ha planteado Forcadell, que ha apuntado que no se hizo nada que no estuviera previsto en el reglamento ni que no se hubiera hecho otras veces. Ha lamentado que el Ejecutivo central no haga ninguna propuesta política y se limite a ir a los tribunales: "Están coartando la libertad de expresión del Parlament", que es un órgano que debe debatir sobre todo, ha expuesto.

Sobre su papel, ha opinado que "a una presidenta del Parlament no se le puede pedir que renuncie a sus ideas, pero sí se le puede pedir ecuanimidad", algo que Forcadell asegura que ha cumplido siendo la presidenta de todos.

En la misma línea se sitúa Puigemont, que ha mostrado su "apoyo y complicidad" a Forcadell a través de las redes sociales. El presidente de la Generalitat ha señalado que "la democracia en Cataluña no está en funciones".

Colau muestra su apoyo

Entre las voces que han salido en defensa de los dirigentes se encuentra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que considera que "las diferencias políticas se resuelven políticamente" y no con "amenazas jurídicas". "Todo mi apoyo", ha escrito en las redes sociales.