La juez procesa al PP, su tesorera y dos cargos más por borrar los ordenadores de Bárcenas

La titular de Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha procesado al PP por la supuesta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas en la sede nacional de Génova. Lo ha hecho en un auto por el cual se declara concluida la instrucción y se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado, mediante el cual también propone juzgar a la tesorera y gerente Carmen Navarro; al asesor jurídico, Alberto Durán; y al director de sistema de informática del partido, José Manuel Moreno. La decisión se ha tomado en contra del criterio del Ministerio Fiscal y las defensas, que habían solicitado el archivo de la causa.

Tras la expulsión del extesorero del Partido Popular, Durán ordenó a Moreno que procediera "a aplicar los protocolos de seguridad y reasignación" de los dos ordenadores con los que contaba el exdirigente, un Toshiba y un Apple. Moreno se ocupó personalmente de iniciar el sistema de borrado seguro que consistió en la sobreescritura de los discos duros hasta en 35 ocasiones, recuerda la juez. Despúes los rayó y los tiró a la basura.

Según Bárcenas, en los archivos del ordenador Toshiba se contenía información relativa a la supuesta financiación opaca del partido. En el Apple guardaba supuestamente información personal relativa a sus viajes, pantallazos de correos electrónicos, correos con su secretaria, con bancos, documentos sobre el medio 'Libertad Digital', la agenda de reuniones de su predecesor como tesorero, Álvaro Lapuerta así como datos de donantes del partido, escaneos de pagos de la supuesta contabilidad B del PP y detalles de presupuestos de campañas electorales, operaciones de militantes e información sobre sus cuentas en Suiza.

La juez imputa el delito de daños informáticos a los tres dirigentes del PP al considerar que Navarro, la actual tesorera, a pesar de no participar en su destrucción, estaba al corriente de la investigación sobre la presunta financiación ilegal del partido que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, por entonces dirigido por Pablo Ruz y ahora por José de la Mata.

Navarro y Durán, según la juez, trataron de "impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que Bárcenas guardaba en los ordenadores portátiles usados por él a lo largo de los años de su desempeño como tesorero pudiesen acceder a la investigación, acordando su destrucción física con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer por observación directa o mediante estudio pericial lo que se almacenaba en su interior". Moreno sería responsable "por su colaboración imprescindible a los fines pretendidos al ser el experto informático que conocía y aplicó las técnicas de borrado".

La magistrada sostiene que no ha quedado acreditado que dichos ordenadores estuviesen vacíos, como sostiene el PP. El auto recuerda que Bárcenas los utilizó durante años en un despacho del que tenía uso exclusivo "y que, quizás consciente de la comprometida información que guardaba, protegía, adoptando medidas de seguridad hasta el punto de que cerraba con llave y no permitía su apertura, ni siquiera pasa su limpieza, sin que él estuviese presente y lo autorizase". Además, recuerda que así se lo había permitido hacer el partido hasta que se le impidió su acceso a la sede a pesar de sus imputaciones en la Audiencia Nacional.

"Es preciso poner de relieve que la información contenida en los ordenadores podría ser muy relevante", continúa la juez. "No sólo para la defensa de Bárcenas sino para la investigación" sobre la caja B del PP. "Y esta evidencia no pudo pasar desapercibida para los responsables del PP investigados en esta causa, pese a lo cual, o quizás por ello, impidieron su acceso a la causa", es decir, que llegaran a las manos del juez Ruz y posteriormente a las de De la Mata.

La instructora, en contra de lo mantenido por el fiscal, el PP y sus tres cargos, consideran que no hay base para dudar del testimonio del extesorero. "No se han apreciado contradicciones palmarias en el testimonio prestado ante este juzgado por el señor Bárcenas con relevancia para impedir la continuación del procedimiento", mantiene en su auto.

Ahora, el representante legal del PP y los cargos procesados tienen un plazo de 10 días para recurrir su procesamiento ante la propia juez y la Audiencia de Madrid.