Hacienda investiga el desvío de fondos públicos a la firma de un excargo de Acuamed

Parte de los fondos públicos procedentes de Acuamed que gestionó Acciona para la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante) terminaron en las cuentas bancarias de una sociedad perteneciente a un exdirectivo de esa empresa pública. Así lo refleja un informe enviado por Hacienda al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el que investiga el caso Acuamed, la supuesta trama de sobornos y facturas infladas de varios contratistas de obras de gestión del agua a cargos de esa sociedad pública dependiente del Ministerio de Agricultura. El documento señala que esos pagos se realizaron a través de subcontratas con empresas inactivas por servicios que la Agencia Tributaria considera inexistentes. Este diario se ha puesto en contacto con Acciona para que dé su versión de los hechos, pero la adjudicataria de la desaladora ha preferido no hacer comentarios.

La Inspección se encontró con estos pagos durante una investigación tributaria por el ejercicio de 2007 abierta a la empresa Grupo Inversor G2 SL, una subcontrata de Acciona a la que esta encomendó la asistencia técnica en los proyectos que le adjudicara Acuamed. La cantidad supuestamente desviada mediante esta operativa, según el informe, ascendería durante 2007 y 2008 a 279.120 euros. El receptor de ese dinero, destinado por el Ministerio de Agricultura a obras públicas, fue la sociedad Agua, Planificación y Gestión, cuya administradora única era Noemí Hernaez Wagner, la esposa de Fernando Troyano Lobatón, por entonces subdirector de Tratamiento de Aguas de Acuamed. Troyano Lobatón también aparece como apoderado de esa empresa liquidada y extinguida en 2011, según el Registro Mercantil.

El supuesto fraude -que tuvo lugar durante el primer mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y con Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente- se realizó mediante sucesivas subcontratas. Acciona subcontrató a Grupo Inversor G2 SL para la asistencia técnica, abonando en 2007 tres facturas por 1.311.918,83 euros. Grupo Inversor G2 SL hizo lo propio con las sociedades de dos consultores -Carlos Sánchez Vicente y José Alberto Herreras Espino- a quienes encargó los trabajos (Phrido Inversiones Siglo XXI SL, Atabiros SL y Jescar Investment & Consulting SL), a las que pagó 885.545,21 euros.

Esta última cantidad se abonó en siete facturas que tenían como conceptos "Trabajos de colaboración en la asistencia técnica realizada para la redacción de la oferta presentada por la compañía Pridesa [propiedad al 100% de Acciona] en la licitación para la adjudicación del proyecto de construcción de una desaladora en Torrevieja (Alicante)" y "2º pago parcial por los servicios de asistencia técnica realizados en relación con el contrato adjudicado por Acuamed para la construcción de una desaladora en Torrevieja (Alicante)".

Hacienda concluyó que ninguna de las tres sociedades a las que Grupo Inversor G2 SL contrató para la asistencia técnica del proyecto tenía estructura ni actividad. Además, el informe asegura que los supuestos servicios recibidos por la subcontrata de Acciona de esas tres empresas no fueron debidamente justificados, lo que le llevó a abrir actas y a dictar acuerdos de liquidación contra Grupo Inversor G2 por el IVA y el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2007.

Finalmente, la Inspección analizó las cuentas bancarias a nombre de estas tres sociedades -Prhido, Jescar y Atabiros- y se encontró con cuatro pagos realizados en 2007 y 2008 -dos de 69.600 euros y otros dos de 69.960 euros- a Agua, Planificación y Gestión, la empresa administrada por la esposa de Fernando Troyano Lobatón, el exdirectivo de Acuamed.

El informe relata también que, tras analizar las bases de datos de la Agencia Tributaria, se comprobó que esa operativa se volvió a repetir en el año 2014, cuando Grupo Inversor G2 declaró un cobro de 684.233,53 euros procedente de Acciona Agua. Ese mismo año, la subcontrata de la contratista de Acuamed pagó a Phrido otros 615.810,18 euros.

Desde el Ministerio de Agricultura afirman que el caso Acuamed está judicializado y que tanto el departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina, como la propia empresa pública "son los máximos interesados en el esclarecimiento de estos hechos y en la depuración de todas las responsabilidades a que haya lugar". "Para ello se han puesto en marcha diversas medidas y se está colaborando plenamente con la administración de justicia", explica un portavoz de ese ministerio. Sin embargo se negó a dar ningún tipo de explicación sobre la trama recogida en el informe de Hacienda.

El documento, redactado por la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Tributaria, fue enviado al juez Eloy Velasco el pasado 31 de marzo. Viene precedido por un escrito del delegado de Hacienda en ese territorio, Gonzalo García de Castro, en el que se informa al instructor de que se envía en virtud "del deber de colaboración" con los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal "en cuanto pudiera tener relevancia para la causa de referencia", el caso Acuamed.

"En síntesis, en tal informe se da cuenta de los pagos realizados por el grupo Acciona a la sociedad Grupo Inversor G2 SL, que traerían causa en la asistencia técnica prestada en relación con la construcción para Acuamed de una desaladora en Torrevieja, en tanto que parte de esos pagos pudieran haberse canalizado a la sociedad Agua Planificación y Gestión SL, que parece guardar relación con quien era entonces un empleado de Acuamed", relata el escrito.

La desaladora de Torrevieja, la más grande de Europa con una producción de 80 hectómetros cúbicos, fue adjudicada a Acciona por un importe de 297 millones de euros en noviembre de 2006. El juez Eloy Velasco acusa a varios cargos de Acuamed de dejar a la contratista "libertad de ejecución con tal descontrol de la obra que se llegó a afirmar por algunos técnicos conniventes [con la supuesta trama corrupta] que estaba acabada cuando no era así", según el magistrado, que señala que faltaban "ajustes, remates, había bombas con fisuras...". Esa libertad de acción para Acciona se consintió por la pretensión de financiar la obra con fondos europeos, según Velasco.

"La liquidación que pretendía la empresa implicaba causar a la Administración tres millones de euros de perjuicio, pretendiendo discrepancias en mediciones que eran mentira y que alcanzaban esa cifra, mediante liquidaciones y reclamaciones basadas en partidas hinchadas, mediciones incorrectas, reclamaciones improcedentes y mediciones irreales, y pretendiendo que se le facturaran 17 millones de euros más, aunque al final lo dejaron en 10 millones", relata el instructor en el auto por el que envió a prisión a varios directivos de Acuamed.