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Arístegui y De la Serna pagaban 10.000€ a sus conseguidores por empresa captada
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Arístegui y De la Serna pagaban 10.000€ a sus conseguidores por empresa captada

Los exdirigentes del PP investigados por la Audiencia Nacional aprovecharon la crisis para ofrecer sus contactos en el extranjero a compañías que necesitaban abrir mercado

Foto: Fotografías de archivo del diputado Pedro Gómez de la Serna (i) y el exembajador de España en India Gustavo de Arístegui. (EFE)
Fotografías de archivo del diputado Pedro Gómez de la Serna (i) y el exembajador de España en India Gustavo de Arístegui. (EFE)

El exdiputado Pedro Gómez de la Serna y el exembajador en la India Gustavo de Arístegui utilizaron conseguidores de toda España para captar a empresas desesperadas por la crisis que necesitaban salir al extranjero para aumentar su volumen de negocio. Según fuentes cercanas al caso, abonaban una tarifa de más de 10.000 euros por cada una de las compañías que les presentaran. Después, ellos mismos se encargaban de llegar a acuerdos de representación con las empresas para garantizarse un porcentaje sobre las operaciones que les consiguieran en su zona de influencia. La Audiencia Nacional investiga ahora esas comisiones, según fuentes cercanas al caso.

Los pagos a los conseguidores aparecen en la contabilidad de Scardovi SL y Karistia SL, las mercantiles creadas en 2009 por Gómez de la Serna y Arístegui, respectivamente, para actuar como agentes comerciales bajo la marca de Voltar Larssen Mercados Internacionales. Entre las empresas a las que pagaron por facilitarles clientes, se encuentra Containbusiness SL, una empresa de intermediación de Javier de la Rosa Misol, hijo del industrial catalán Javier de la Rosa.

Según las fuentes consultadas, Containbusiness SL facturó un total de 22.870 euros a Voltar Larssen por poner en contacto a los políticos del PP en 2011 con dos compañías catalanas que necesitaban entrar en otros mercados para sortear la recesión de la economía española. Una de esas dos compañías fue Hiemesa, una siderúrgica con sede en el puerto de Barcelona que cuenta con seis almacenes de distribución en España, cuatro en Portugal y uno en Andorra. “En el sector, era conocido que Gómez de la Serna y Arístegui tenían una empresa de desarrollo internacional y que tenían muchos contactos en el norte de África. Hiemesa buscaba meter la cabeza en esa región”, explica un empresario próximo a esa operación que prefiere permanecer en el anonimato.

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La otra empresa que Javier de la Rosa Jr. presentó a Gómez de la Serna y Arístegui fue la firma de consultoría e ingeniería AudingIntraesa, también con sede en Barcelona. En su cartera, había proyectos en territorio nacional y también en Colombia, República Dominicana y Kuwait, pero todavía no había operado en Argelia, Congo, Panamá, Perú y Jordania, países en los que Voltar Larssen pagaba presuntamente sobornos para amañar adjudicaciones públicas, según la investigación de la Audiencia Nacional. “La facturación de AudingIntraesa había caído en España por la del resto de empresas del sector y querían clientes en el extranjero”, apunta la misma fuente. “Contrataron a Voltar Larssen para entrar en esos territorios”.

Ni Hiemesa ni AudingIntraesa han comentado esta información a El Confidencial. El procedimiento trata ahora de aclarar la vinculación que tuvieron con Gómez de la Serna y Arístegui, pero el sumario ya ha probado que ambos eran especialistas en engrasar voluntades en el norte de África. Los expertos en delitos económicos de la UDEF han concluido que dieron su mayor pelotazo en Argelia, tras conseguir que las autoridades de ese país adjudicaran a la multinacional Elecnor, uno de sus clientes estrella, la construcción de un tranvía en la ciudad de Ouargla por 230 millones de euros y la canalización de agua de una desaladora en la región de Souk-Tleta por otros 250 millones de euros. Los exdirigentes del PP presuntamente sobornaron a funcionarios y altos cargos del Gobierno argelino para que Elecnor se llevara las licitaciones.

Otros conseguidores también pusieron en contacto a empresas en dificultadas con la oficina comercial de los dos principales investigados en el caso. Por ejemplo, también habría desempeñado ese papel Francisco Salazar-Simpson, concuñado de Rodrigo Rato, otro de los dirigentes populares que tienen problemas en los tribunales. Salazar-Simpson es amigo y socio de Gómez de la Serna en un bufete que lleva los apellidos de ambos y los de un tercer abogado, Alberto Durán, actual asesor jurídico del PP nacional e imputado igualmente por la Justicia en el caso del borrado de los discos duros del extesorero Luis Bárcenas.

No son los únicas tramas vinculadas con la red Voltar Larssen. En la red internacional que Gómez de la Serna y Arístegui supuestamente urdieron para camuflar los pagos de Elecnor, aparece la sociedad Castelino BV, una firma instrumental holandesa domiciliada en una vivienda unifamiliar del número 3 de la calle Vliegheiweg del municipio de Huizen, situado a 30 kilómetros al este de Ámsterdam. Castelino BV es precisamente la misma sociedad pantalla que utilizaron los auditores Adolfo Suárez Lopetegui y su hijo Israel para cobrar distintas cantidades relacionadas con el desfalco de 16 millones de euros de Osasuna, otra trama que también está bajo investigación judicial.

El abogado holandés que se oculta tras Castelino BV es Henry Samuel Leijdesdorff, responsable de más de dos centenares de empresas instrumentales que también tienen otras vinculaciones con España. Su nombre aparece igualmente detrás de IMFC Licencing BV, la sociedad que utilizó la Real Sociedad en 2006 para abonar gran parte de la ficha que cobraba su portero Claudio Bravo, actual jugador del FC Barcelona. Leijdesdorff también figura desde 2000 como representante legal de Costaguana SL, la firma creada por el cantante Miguel Bosé para gestionar sus derechos de autor. En 2014, facturó 3,8 millones de euros con ella y acumuló un patrimonio superior a los ocho millones.

El exdiputado Pedro Gómez de la Serna y el exembajador en la India Gustavo de Arístegui utilizaron conseguidores de toda España para captar a empresas desesperadas por la crisis que necesitaban salir al extranjero para aumentar su volumen de negocio. Según fuentes cercanas al caso, abonaban una tarifa de más de 10.000 euros por cada una de las compañías que les presentaran. Después, ellos mismos se encargaban de llegar a acuerdos de representación con las empresas para garantizarse un porcentaje sobre las operaciones que les consiguieran en su zona de influencia. La Audiencia Nacional investiga ahora esas comisiones, según fuentes cercanas al caso.

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