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La Guardia Civil investiga contratos avalados por el consejero de Transportes de Cifuentes
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detenida su interventora municipal

La Guardia Civil investiga contratos avalados por el consejero de Transportes de Cifuentes

Los investigadores rastrean los contratos que consiguió la trama de la operación Termyca en Torrejón de Ardoz (Madrid) durante el mandato como alcalde de Pedro Rollán

Foto: El consejero de Transportes, Pedro Rollán.
El consejero de Transportes, Pedro Rollán.

La operación Termyca de la Guardia Civil, que el pasado martes desarticuló una presunta trama corrupta que amañaba contratos públicos en toda España, tiene una deriva imprevista en el Gobierno de la Comunidad de Madrid que encabeza Cristina Cifuentes. El grueso del operativo coordinado por la Fiscalía Anticorrupción se concentró en Cataluña, pero agentes del Instituto Armado también se personaron en el Ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz para llevarse los contratos concedidos a una de las empresas investigadas por el actual consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras del Ejecutivo autonómico, Pedro Rollán, que ocupó la alcaldía de Torrejón entre 2007 y 2015.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, junto al consejero de Transporte, Pedro Rollán. (EFE)Los contratos bajo investigación sirvieron para externalizar la “consultoría y asistencia técnica en materia de recaudación ejecutiva, actualización e inspección de tributos y gestión de multas”. La Guardia Civil tendrá que determinar si se concedieron de forma irregular. Las pesquisas de esta pieza separada del caso del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se encuentran en una fase inicial, pero los registros de este martes se centraron en las localidades que ya estaban bajo el foco de los investigadores gracias a diligencias practicadas con anterioridad. De hecho, muchos otros consistorios que adjudicaron trabajos de consultoría y recaudación municipal a las consultoras Efial y Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), supuesto eje de la red fraudulenta, se han quedado por ahora fuera de las pesquisas.

El PP de Torrejón de Ardoz reaccionó al operativo asegurando que los documentos requeridos por la Guardia Civil pertenecen a una adjudicación autorizada en 2005 por la corporación socialista anterior a la llegada de Rollán. Sin embargo, la adjudicación fue prorrogada por un ejercicio en 2008 y 2009 con el visto bueno de la Junta de Gobierno Local, que presidía el actual consejero madrileño del Partido Popular. Por el importe de la licitación, 77.000 euros al año, IVA incluido, tenía que ser obligatoriamente autorizada por ese órgano municipal.

Fuentes del entorno del consejero admiten que aprobó las dos prórrogas, aunque insisten en que el contrato había sido concedido por el equipo de gobierno anterior. “Llegó en 2007, cuando ya estaba esa empresa en el Ayuntamiento. El objetivo era remunicipalizar la gestión de los impuestos, pero se extendió el servicio de esa empresa para dar tiempo a formar a los funcionarios que se encargarían de realizar esa misma labor. Finalmente, en 2010, la recaudación pasó a ser realizada por el consistorio y se extinguió la relación con la empresa”, apunta un portavoz del dirigente popular.

No es la única presunta conexión de Rollán con los contratos que están siendo investigados. Las prórrogas fueron autorizadas por la interventora del Ayuntamiento, Lucía Mora, una de las 12 personas detenidas el martes en el marco de la operación Termyca por su presunta implicación en la trama. Se la acusa de favorecer con sus resoluciones la concesión irregular de licitaciones a Efial y CGI. Según consta en los documentos de Torrejón a los que ha tenido acceso El Confidencial, Mora elaboró el informe “de conformidad” que permitió a la Junta de Gobierno Local presidida por el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras tramitar la prórroga del contrato en 2009.

Fuentes del partido de la oposición Ganemos Torrejón aseguran a este diario que Mora ocupó las plazas de tesorera e interventora municipal entre 2007 y 2011 en comisión de servicios gracias al apoyo que le dio Rollán. Y tras un periodo de tres años en Leganés, regresó a la Intervención de Torrejón en 2014 con el respaldo de nuevo del entonces alcalde de la ciudad. La imputada abandonó finalmente el Ayuntamiento en enero de este año. Hasta el martes, trabajaba para los consistorios de Trillo (Guadalajara) y Miraflores de la Sierra (Madrid), que también fueron registrados por la operación Termyca.

Los contratos bajo investigación fueron concedidos en 2006 a Servicios Tributarios Territoriales SL, una firma que fue absorbida en 2007 por el grupo CGI y que pasó a denominarse Colaboración Tributaria Andaluza, que a su vez figura como beneficiaria de otra de las adjudicaciones afectadas por las pesquisas, una otorgada por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva). La Guardia Civil también se personó el martes en ese municipio.

La operación Termyca de la Guardia Civil, que el pasado martes desarticuló una presunta trama corrupta que amañaba contratos públicos en toda España, tiene una deriva imprevista en el Gobierno de la Comunidad de Madrid que encabeza Cristina Cifuentes. El grueso del operativo coordinado por la Fiscalía Anticorrupción se concentró en Cataluña, pero agentes del Instituto Armado también se personaron en el Ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz para llevarse los contratos concedidos a una de las empresas investigadas por el actual consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras del Ejecutivo autonómico, Pedro Rollán, que ocupó la alcaldía de Torrejón entre 2007 y 2015.

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