La Justicia lanza una macrocausa contra Ojeda, el 'capo' del fraude de los cursos

El exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés (1987-1990) había puesto en marcha una campaña de relaciones públicas para tratar de desmontar las acusaciones que se ciernen contra él desde que, en agosto de 2014, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desarticuló la trama societaria que presuntamente había creado para captar más de 50 millones de euros en subvenciones para formar a trabajadores desempleados. Pero Ojeda Avilés acaba de sufrir otro contratiempo en los tribunales que complica de nuevo su futuro judicial.

Según ha podido saber El Confidencial, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Ángeles Núñez Bolaños, acaba de agrupar en una sola causa todos los procedimientos que existen contra el exdirigente del PSOE y ha ordenado a la UDEF que impulse esta causa con la práctica de nuevas diligencias. En concreto, la nueva macrocausa incluye la denominada operación Óscar de la UDEF contra el entramado de Ojeda, en que ya fueron detenidas ocho personas además del político; los expedientes del caso Edu contra el fraude masivo de la formación en toda Andalucía, en los que también se vio envuelto junto a varios familiares por ayudas concretas recibidas en Huelva, Sevilla y Granada, y la pieza sobre el dinero que recibió su red empresarial para realizar cursos de reciclaje para los antiguos trabajadores de Delphi.

Aunque la operación Óscar fue realizada por la Policía Nacional bajo la dirección de un Juzgado de Cádiz, la causa fue reclamada posteriormente por la antigua titular del Juzgado número 6 de Sevilla Mercedes Alaya, y la Guardia Civil asumió las pesquisas. Sin embargo, la sustituta de Alaya ha mantenido el caso Óscar en su juzgado, pero lo ha unido al resto de piezas sobre el exdirigente socialista y ha decidido que la UDEF se haga cargo ahora del conjunto del caso. También participan en las pesquisas de este nuevo macroprocedimiento Hacienda, la Inspección de Trabajo y la Intervención de la Junta de Andalucía.

Como adelantó El Confidencial en abril de 2014, Ojeda tejió una compleja red empresarial compuesta por sociedades, asociaciones y fundaciones que tenía como único objeto la captación de la mayor cantidad posible de ayudas públicas para la formación de trabajadores desempleados. Algunas de esas mercantiles recibieron transferencias públicas solo unos días después de ser constituidas. Los cursos se subcontrataban entre las diferentes entidades de la trama, dificultando el control de los fondos, y los gastos presuntamente se inflaban para simular que el total del dinero se había dedicado a luchar contra el paro. Además, los expertos en delitos económicos de la Policía Nacional descubrieron que obligaba a los profesores a devolverle más de la mitad de lo que les había ingresado en concepto de nómina.

En el caso específico de Delphi, el exconsejero de Hacienda llegó a recibir un total de 34 millones de euros para facilitar supuestamente el reciclaje de los asalariados de la planta de Puerto Real tras su cierre. Las averiguaciones ya han constatado que los cursos se sustituían por trabajos de limpieza y pintura, y que la supuesta reinserción de los trabajadores en el mercado laboral se simulaba contratándolos en la propia estructura de Ojeda.

El registro de las instalaciones de la empresa matriz del exdirigente socialista, Prescal, permitió localizar un depósito en Luxemburgo en donde llegó a alojar seis millones de euros. Los investigadores descubrieron que, meses antes de que se desencadenara la operación contra su trama, había comenzado a mover parte del dinero a Chile con transferencias de entre 300.000 y 600.000 euros. Sin embargo, será difícil localizar ahora ese dinero. Alaya no bloqueó las cuentas tras recibir la información del caso y Ojeda ha tenido dos años para esconderlo en otros lugares.

El pasado abril, compareció en la Comisión de Investigación del Parlamento de Andalucía sobre el fraude de los cursos y negó todas las irregularidades que se le imputan. Afirmó que es falso que las subvenciones millonarias que recibió fueron adjudicadas sin ningún tipo de procedimiento y recordó que sus empresas también habían recibido subvenciones fuera de Andalucía. Según Ojeda, todos los procedimientos judiciales a los que se enfrenta son el resultado de una campaña política orquestada por el PP, y desveló que se ha querellado contra la Junta por deberle parte de las ayudas que le había adjudicado.