La Comisión Europea investiga a España por no pagar a las viudas de los guardias civiles

La Comisión Europea sospecha que España no está cumpliendo la Directiva 2003/88, más conocida como la norma que regula el tiempo de trabajo de los europeos. En concreto, en lo referente al abono a las viudas de los guardias civiles de las vacaciones no disfrutadas por sus parejas en vida. La Dirección General de Empleo del organismo comunitario ha anunciado que reclamará "más información" al Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de determinar si el país está actuando de acuerdo con el marco legal o si, por el contrario, se lo está saltando.

Así se lo ha trasladado, de hecho, la Comisión Europea a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización pseudosindical mayoritaria en el instituto armado que acusó al Ejecutivo español de caminar al margen de esta normativa. "Su denuncia plantea dudas sobre la compatibilidad de la legislación nacional con el artículo 7 de la directiva, que concede a todo trabajador el derecho a disfrutar de un periodo mínimo de vacaciones anuales retribuidas", respondió la Comisión a la agrupación profesional en una misiva remitida el pasado 10 de mayo.

Según la AUGC, España incumple la mencionada directiva "en particular en lo que se refiere al derecho de los trabajadores de la Guardia Civil a recibir una compensación económica en sustitución de vacaciones anuales retribuidas en caso de que concluya la relación laboral", bien por resolución del contrato bien por muerte del funcionario, en cuyo caso ese montante debería ser abonado a la viuda o el viudo del agente. La asociación ha remitido documentación a la Comisión Europea que muestra que el Ministerio del Interior se ha negado a hacer frente a esos pagos.

La AUGC asegura que el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz no quiere pagar a las viudas las vacaciones que no disfrutaron sus parejas a pesar de que así se lo ha ordenado el Ministerio de Hacienda. En concreto, la Subdirección General de Ordenación Normativa del área dirigida por Cristóbal Montoro determinó el pasado marzo que "en caso de fallecimiento de un guardia civil precedido de incapacidad temporal, procede reconocer una compensación económica por las vacaciones no disfrutadas". Esta compensación, según Hacienda, "será por el número de días" de asueto que los funcionarios no utilizaron, con un máximo de 18 meses.

La instrucción de Hacienda se produjo tras la reclamación de AUGC, que considera que el abono de las vacaciones es un derecho avalado por la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 12 de junio de 2014 -referente al asunto 118/13-, que se opone a la práctica de algunos Estados miembros que entienden que el derecho a vacaciones pagadas se extingue cuando fallece el sujeto. La resolución establece incluso que no es necesario que los ciudadanos soliciten ese dinero para hacerles entrega de la compensación.

La Subdirección de Personal de la Guardia Civil, por su parte, entiende que las viudas no tienen derecho a estos abonos porque los guardias civiles "están expresamente excluidos del ámbito de aplicación de las relaciones laborales y no les resultan aplicables las reglas previstas para la extinción de los contratos de trabajo". Fue la respuesta literal que dio el departamento dependiente de Arsenio Fernández de Mesa la primera vez que AUGC reclamó el abono a las viudas, nada más publicarse la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace dos años. La negativa de Interior motivó que la asociación recurriera a Hacienda, que se pronunció, como se ha dicho, en contra del criterio de Fernández de Mesa el pasado marzo.

Sin embargo, las órdenes de Montoro tampoco tuvieron suficiente peso para Interior, que volvió a rechazar el pago a las viudas el pasado mayo. "Los guardias civiles son funcionarios de carrera en virtud de nombramiento legal", insistió entonces el ministerio, que argumentó que, por este motivo, "están expresamente excluidos del ámbito de aplicación de las relaciones laborales". "No les resultan de aplicación las reglas sobre suspensión y extinción de los contratos de trabajo ni las del sistema de plazos, prestaciones y subsidios previsto para la incapacidad temporal en el régimen general de la Seguridad Social", reiteró Interior a la AUGC, tras insistirle esta última asociación en que Hacienda no lo veía así.

La respuesta motivó que la asociación recurriera a instancias supranacionales. La investigación que inicia ahora la Comisión Europea pone contra las cuerdas al Ministerio del Interior, que tendrá que explicar por qué no atiende a las compensaciones económicas que Hacienda entiende que debe abonar a las viudas a pesar del dictamen de Montoro y de la sentencia del Tribunal de Justicia comunitario. "Por desgracia, una vez más, ha tenido que ser AUGC la que, dirigiéndose a instituciones externas, luche por un derecho que nuestro director nos ha negado", aseguran desde la asociación, que recuerda que "quienes dirigen la Guardia Civil (...) han permanecido impasibles" ante la resolución judicial comunitaria.

La interpretación de Hacienda y el fallo judicial se refieren a cualquier trabajador y funcionario en sus respectivos escritos, lo que hace prever que la aplicación de la norma no se limite exclusivamente al ámbito de la Guardia Civil, sino que se extienda a cuerpos de otros ministerios y otras administraciones, como considera AUGC, que entiende que "la resolución cobra gran importancia" y trasciende al instituto armado, pues "deja claro ya no solo el derecho de los guardias civiles a percibir las retribuciones por las vacaciones no disfrutadas cuando, tras una baja que le impida disfrutar sus vacaciones, el trabajador fallezca, sino que cualquier trabajador al que le ocurra esa situación, aunque no sea guardia civil, tiene el mismo derecho".