Andreu rechaza citar como imputados a Fernández Ordóñez y a Fernando Restoy

La declaración como imputados del exgobernador del Banco de España durante la salida a Bolsa de Bankia, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y del actual subgobernador y exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Fernando Restoy, es una diligencia "impertinente e inútil por infundada". Así lo estima el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ha rechazado la imputación de ambos, reclamada por el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog.

El instructor del caso Bankia considera que la única forma de participación de ambos en los delitos investigados sería "mediante la comisión dolosa de los mismos", es decir, si los hubieran perpetrado de forma intencionada. Aceptar la imputación de MAFO y Restoy supondría entender "que todos los funcionarios del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervinientes en las labores de supervisión y control de las entidades bancarias afectas a esta instrucción participarían de forma consciente, voluntaria y materialmente al resultado lesivo".

Solo cabría llamarlos a declarar como investigados si hubieran pretendido causar voluntariamente el perjuicio que sufrieron los inversores "y ello dentro de un plan delictivo acordado con los querellados en el que a aquellos les correspondería hacer cuanto pudieran desde sus cargos públicos para mantener una calculada inacción" de ambos supervisores. "Dicha elaboración fáctica es inverosímil", prosigue el juez. "No solo no existen elementos en la causa que permitan sostener esta atribución dolosa de participación, sino que la misma resulta radicalmente incompatible con la intervención que el Banco de España y la CNMV han tenido de cara a la corrección de diversas malas prácticas en su momento detectadas".

El magistrado, además, se muestra muy duro con laCIC, a la que reprochaun"enfoque inadecuado del proceso y de la justicia penal". Esta última "no puede en ningún caso desempeñar un papel de suplencia general en la exigencia de responsabilidades de todo orden" sino que "debe mantenerse en el ámbito que le es propio, en el que la responsabilidad penal es personal y solamente alcanza donde alcanza la prueba". También le afea que la petición de las declaraciones se haya realizado a los cuatro años de que se iniciara la investigación del caso "cuando la causa se encuentra prácticamente conclusa".

Además de MAFO y Restoy, la CIC solicitaba también la declaración, también como imputados del exdirector de supervisión del Banco de España cuando se produjeron los hechos, Javier Aríztegui, y de su sustituto en ese puesto, Jerónimo Martínez Tello. El juez rechaza ahora ambas citaciones con los mismos argumentos.

Restoy, según el escrito presentado en su día por la CIC, "en el momento de la oferta pública de suscripción de acciones actuó como presidente en funciones de la CNMV (en sustitución de Julio Segura, en situación de enfermedad) y, por lo tanto, autorizó esa oferta que los peritos [del Banco de España designados por el juez] han calificado tajantemente como fraudulenta". La imputación de Fernández Ordóñez, según esa misma acusación popular se debería al hecho de haber autorizado la fusión "a cuya integración conminó a Caja Madrid y Bancaja". Así, lo señalaba como máximo responsable de la constitución de BFA-Bankia "y de toda la supervisión de la entidad desde su creación hasta su rescate y nacionalización".

Los máximos responsables del Banco de España, según la CIC, "conocían perfectamente los problemas detectados y decidieron ocultarlos". Sus directivos habrían "no solo permitido, sino exigido" la fusión de cajas que dio lugar a Bankia, la manipulación de sus cuentas anuales y la salida a Bolsa de la entidad. Por su parte, la CNMV, según esa acusación, habría permitido la salida a Bolsa "eximiendo a dicha entidad de la presentación de sus cuentas anuales auditadas".

En otra de las causas que se siguen en la Audiencia Nacional contra Caja Madrid, la principal entidad integrada en Bankia, por la concesión de hipotecas y la sobretasación de pisos, el juez José de la Mata solicitó al Banco de España el informe realizado sobre esa entidad en 2009 (un año antes de la fusión) que demostraría que el supervisior era consciente de los riesgos financieros de la caja por suexcesiva exposición al ladrillo de la caja desde 2006.

"Respecto del problema de la calidad de datos, opinamos que se ha tardadoexcesivo tiempo en reaccionar ante el problema detectado ya en 2006. A pesar de las mejoras introducidas en 2008, el nivel de errores sigue siendo alto", aseguraba ese informe. Sin embargo, la cúpula del supervisor no tomó ninguna medida para corregir las prácticas que en partellevaron alhundimiento de lo que después sería Bankia; de hecho,ni siquiera le hizo otra inspección hasta 2009, fecha a la que corresponde el citadoinforme (consúltelo aquí).

La inspección anterior a la que entonces era la segunda caja de ahorros de España y una de las cinco mayores entidades del país se había realizado el 31 de marzo de 2006. Y a pesar de que ya había encontrado algunas de las deficiencias y prácticas de alto riesgo a las que hace referencia el informe de 2009, pasaron tres años en los que el Banco de España no tomó ninguna decisión al respecto. Cuando se elaboró ese documento, Fernández Ordóñez ya ocupaba el cargo de gobernador.