La justicia militar procesa al comandante que intentó condensar el agua en Chafarinas

El Juzgado Togado Militar Central número 2 lleva meses investigando la construcción de una planta de condensación y de otra fotovoltaica que el Ministerio de Defensa levantó en 2010 en las islas Chafarinas, territorio más oriental de España, situado a menos de 100 kilómetros de Melilla y habitado únicamente por un destacamento de la Legión. La instalación nunca llegó a funcionar, a pesar de que el comandante jefe de Medio Ambiente y Energía de la Dirección General de Infraestructuras Julio C. M. certificó que había sido correctamente implementada, confirmación necesaria para que la compañía adjudicataria ingresara 327.000 euros.

El auto de procesamiento emitido por el mencionado Juzgado Togado el pasado 18 de febrero explica que en diciembre de 2010 el comandante dio fe de que la instalación de las plantas ya había finalizado, extremo del todo falso, según el instructor de la causa, ya que el material no llegó a la isla hasta mayo de 2011. Pero ni siquiera esta última fecha puede cogerse como buena, ya que las máquinas no entraron en funcionamiento justo después de aterrizar en Chafarinas, sino que -como relata el citado auto- estuvieron casi dos años aparcadas, primero en un hangar y luego en otra zona de la isla. En abril de 2013 por fin fueron instaladas, pero sin éxito, ya que nunca han llegado a desempeñar correctamente el fin para el que fueron implantadas.

El agua que beben los soldados de la Legión española desplazados a Chafarinas, por lo tanto, continúa suministrándola hoy todavía la desaladora ubicada en las islas, que era el sistema que había también antes de 2010, cuando se aprobó la instalación de la planta de condensación. Esta última técnica para conseguir agua potable fue planteada por el Ministerio de Defensa -por aquel entonces dirigido por Came Chacón- en coordinación con Parques Naturales con el fin de proteger la flora y la fauna de la isla, ya que teóricamente la sal que genera la desalinizadora es perjudicial para el medio ambiente.

En abril de 2013 fueron instaladas las máquinas, pero sin éxito, ya que nunca han llegado a desempeñar correctamente el fin para el que fueron implantadas

Hoy, sin embargo, desde el Ministerio de Defensa aseguran que la desaladora es sostenible y perfectamente respetuosa con el ecosistema. Explican también que el proceso de desalación no es suficiente para cubrir todas las necesidades de los legionarios allí desplazados y que, por ese motivo, periódicamente acude un barco a la isla con el fin de llevar más agua y combustible.

La planta de condensación requería de la instalación de dos grupos de máquinas con tres grandes dispositivos energéticos cada uno con objeto de que, mientras el primero trabajaba, el segundo descansara. El procesado -Julio C. M.- fue presuntamente quien vendió las bondades del sistema a sus superiores y quien confirmó posteriormente, como se ha mencionado, que ya estaban preparando el mecanismo cuando realmente aún no habían llegado, según entiende el magistrado togado siempre de modo indiciario.

El Juzgado Togado Central 2, además del procesamiento, ha firmado recientemente el auto de conclusión de la instrucción, con lo que la causa está pendiente en estos momentos de que realicen un informe de calificación tanto la Fiscalía castrense como la defensa del imputado, que está acusado de un delito de deslealtad, contemplado en el artículo 55 del nuevo Código Penal Militar. El instructor se ha decantado por la aplicación de este último artículo debido a que es más favorable para el investigado que el 115 del anterior Código Penal, que ha sido sustituido por el mencionado artículo 51, ya que el nuevo prevé una condena de tan solo seis meses de prisión por el año que dispone la antigua normativa.

La causa está pendiente de que realicen un informe de calificación la Fiscalía castrense y la defensa del imputado, acusado de un delito de deslealtad

El comandante adjudicó las plantas de condensación y fotovoltaicas a través de un concurso público presuntamente amañado, ya que al mismo habían concurrido -además de la compañía que se llevó la contratación- otras dos empresas que no tenían capacidad para llevar a cabo este tipo de instalaciones. En concreto, una de las mercantiles era Prodel S.A., sociedad que llamativamente es propiedad del hermano del comandante procesado y sobre la que el juez subraya que "carece de experiencia" en la implantación de la maquinaria objeto del contrato.

Concluida la instrucción sobre el concurso de Chafarinas y tras los informes de las partes, el tribunal militar fijará fecha para el juicio, que sentará en el banquillo a este comandante del Ejército del Aire, ingeniero técnico industrial y aeronáutico, destinado en la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa.

La investigación es una pieza separada que surgió de otra causa mayor que dirige el Juzgado Togado Militar Central 1 y que aún mantiene procesados a tres oficiales que trabajaban en el hospital Gómez Ulla y que presuntamente cobraban mordidas por la adjudicación de servicios de limpieza, formación y administrativos del centro sanitario militar. Según el auto de procesamiento al que tuvo acceso El Confidencial, los oficiales llegaban a cobrar comisiones de hasta el 50% a los empresarios a los que les adjudicaban los servicios.

Esta instrucción derivó en otras causas que se transformaron en piezas separadas y que continúan su curso tanto en el Juzgado Togado número 1 como en el 2, donde se incardina la citada investigación de las plantas de condensación y fotovoltaicas de Chafarinas.