Rechazada la recusación de De Prada, el juez que dijo que España no investiga las torturas

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado las dos recusaciones presentadas contra el magistrado José Ricardo de Prada en el caso del intento de asesinato del concejal de UPN Miguel Ángel Ruiz Langarica y en el de dos dirigentes abertzales acusados de intentar dar continuidad a Batasuna a través del PCTV y ANV. El intento de sacarlo de ambos procesos se basaba en la participación de De Prada en un foro en la localidad de Tolosa (Guipúzcoa) en el que afirmó que en España no se investigan las torturas denunciadas por acusados de terrorismo, un reproche recurrente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que así lo ha recogido en siete sentencias contra el Gobierno español.

La cuestión ha sido debatida esta mañana por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con la presencia de 17 magistrados. En el caso del intento de asesinato del concejal Langarica, la recusación se ha rechazado por unanimidad al considerarla extemporánea. El juicio ya se había celebrado y los magistrados, entre los que se encontraba De Prada, ya habían deliberado y dictado su sentencia, por lo que no cabía intentar apartarlo del caso. La decisión se produce en contra del criterio del fiscal, que aseguraba en su informe que De Prada, en las jornadas en las que había participado, criticó las pruebas de inteligencia presentadas por los cuerpos de seguridad al asegurar que "tratan de suplantar el razonamiento del juez". El Ministerio Público afirmaba que en el caso de Langarica el tribunal había tenido que valorar una prueba de ese tipo.

En la segunda de la recusaciones, en el procedimiento correspondiente al sumario en que se investiga la supuesta continuación de las actividades de Batasuna tras su ilegalización mediante el PCTV y ANV, la Sala de lo Penal se ha partido en dos, aunque ha prevalecido el criterio de mantener a De Prada en su puesto por nueve votos en contra de su recusación frente a ocho a favor. En el acto de Tolosa en el que había participado, el magistrado recusado había criticado que se aplicaran la normativa antiterrorista a los entornos políticos y sociales que pudieran actuar como sustrato social e ideológico del fenómeno terrorista.

Esta segunda decisión también se produce en contra de lo solicitado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se había pronunciado a favor de la recusación. En este caso, el escrito del Ministerio Público sostenía que esas declaraciones daban la impresión de que De Prada ya tenía una opinión formada sobre el caso, lo que afectaría a su apariencia de imparcialidad.

Las declaraciones de De Prada cuestionando la política antiterrorista y algunas prácticas jurisdiccionales que se siguen en la Audiencia Nacional -algo que ha hecho a lo largo de los años en múltiples foros sin que nadie actuara contra él- fueron aprovechadas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para cargar públicamente contra el magistrado y pedir al Consejo General del Poder Judicial que adoptara "algún tipo de medida" contra él.

Esas declaraciones del ministro provocaron la protesta de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos así como de la asociación judicial de la que De Prada forma parte, Jueces para la Democracia. Amnistía Internacional advirtió de que las opiniones vertidas por el magistrado sobre la legislación antiterrorista y la tortura "son de interés público" y cualquier sanción como las solicitadas por Fernández Díaz "atentaría contra la libertad de expresión". Lo mismo manifestaron en un comunicado conjunto la Organización Mundial Contra la Tortura, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Rights International Spain. "Rechazamos enérgicamente la posibilidad de cualquier tipo de sanción contra el magistrado por haber dicho públicamente que la tortura todavía existe en España. Las autoridades deben abandonar el negacionismo y mostrar voluntad política para cumplir las numerosas sentencias y recomendaciones de mecanismos internacionales", mantenían esos tres colectivos.

La última sentencia internacional contra España por no investigar presuntas torturas se produjo el pasado 31 de mayo. El TEDH concluyó que la denuncia de malos tratos presentada por el investigado por terrorismo Xabier Beortegui tras su detención en 2011 no fue objeto de investigación judicial efectiva. Es la séptima resolución de este tipo acordada por el tribunal de Estrasburgo. Tanto el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos Inhumanos y Degradantes como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa han reclamado al Gobierno que actúe para aclarar estos casos.

Tras 26 años en la Sala de lo Penal, José Ricardo de Prada es uno de los magistrados de mayor prestigio de la Audiencia Nacional. Perteneciente a Jueces para la Democracia, está especializado en la legislación sobre derechos humanos y en Derecho Penal internacional. Entre 2005 y 2007 formó parte del Tribunal de Bosnia-Herzegovina para crímenes de guerra y antes de llegar a la Sala de lo Penal de la Audiencia fue juez de Instrucción en Bilbao. Las ideas sobre su destino actual expresadas en el foro de Tolosa que ahora han motivado su recusación las ha expresado en múltiples ocasiones, aunque sólo esta vez la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que se le apartara por ello de un caso.