Deloitte asegura que avaló las cuentas de Bankia con el apoyo de la CNMV y BdE

Francisco Celma, el hombre de Deloitte en Bankia, ha asegurado esta mañana ante el juez que su decisión de avalar las cuentas con las que la entidad salió a Bolsa en julio de 2011 contaba con la autorización previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España. El auditor, en su declaración como imputado ante el instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, ha cargado contra las versiones de los dos peritos de ese último organismo nombrados por el magistrado para la causa, que concluyeron que la venta de acciones de la entidad se produjo con engaños sobre su situación real. La acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) asegura que la posterior nacionalización del banco tras el rescate de 22.000 millones demuestra que los supervisiores no actuaron en defensa de los contribuyentes.

Fuentes de este último organismo aseguran que el principal argumento utilizado por Celma durante su comparecencia -también estaba citado el respresentante legal de Deloitte, a su vez imputada- es que actuó "siguiendo instrucciones" de esos dos organismos. El auditor, segun esas mismas fuertes, ha aportado dos cartas de mayo de 2013 y abril de 2014 para demostrar que los trabajos de Deloitte respondían a los requerimientos de los supervisores. El abogado de la CIC, Andrés Herzog, ha acusado a ambas instituciones de no actuar en defensa de los contribuyentes, sino "fomentando conflictos de intereses", en referencia a la sanción de 12 millones impuesta por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a Celma y a la propia Deloitte por ser a la vez auditora y consultora de esa entidad.

Fuentes de Deloitte han confirmado que los apuntos contables del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, puestos en duda por los peritos judiciales contaban "con los correspondientes informes de valoración de terceros indpendientes (PwC, Ernst & Young y BDO) que los soportaban y con la autorización previa del banco central y de la CNMV, y por tanto, de acuerdo a la normativa en vigor". Celma, según fuentes de la auditora, ha sostenido que se aplicaron los mismos criterios en todas las uniones de cajas que se han constituido en España, y ha aprovechado ese argumento para cargar contra Víctor Sánchez Nogueras, uno de los expertos nombrados por el juez, al que acusa de aplicar esos mismos mecanismos en el SIP de Banca Cívica, la unión de Caja Navarra, Caja Canarias, Caja de Burgos y Cajasol.

Al ser preguntado por las razones concretas que le llevaron a avalar las cuentas con las que Bankia salió a Bolsa, Celma ha asegurado que la decisión se tomó teniendo en cuenta que el banco contaba con provisiones suficientes para posibles contingencias, según Herzog. El abogado ha recordado que el auditor se negó después, en mayo de 2012 a firmar las cuentas reformuladas que presentó el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en la que se admitieron pérdidas de más de 2.900 millones. Esa decisión produjo la caída del expresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. El imputado ha justificado su falta de apoyo a esas nuevas cuentas por la negativa de Bankia a facilitarle datos relacionados con el riesgo inmobiliario de la entidad.

Según Deloitte, Celma ha cargado con dureza contra los peritos, a los que acusa de subjetivos e inconsistentes así como de ignorar las provisiones genéricas con las que contaba la entidad al tiempo de salir a Bolsa (de unos 3.000 millones de euros, según la versión de Celma). También les acusa de cambiar de criterio a lo largo del procedimiento y, lo que es más grave, de inventarse una normativa contable "que no es la emitida por el Banco de España". Además, asegura que sus informes adolecen de "sesgo retrospectivo", es decir, que han analizado los hechos utilizando información posterior no conocida en el momento en que se produjeron.

Para Herzog, el abogado de la acusación, el hecho de que Celma y Deloitte hayan apuntado a que estaban respaldados por los organismos supervisores debería dar pie al juez para aceptar la declaración como imputados del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y del actual subgobernador, Fernando Restoy, vicepresidente de la CNMV durante la salida a Bolsa.