la mayor filtración de defraudadores fiscales

Así entregó Falciani su lista de evasores: en un sótano, sin móviles y sin internet

El informático facilitó a Anticorrupción seis tarjetas de memoria con cientos de cuentas a los dos meses de su salida de prisión. Su colaboración se gestó con máximas medidas de seguridad
Foto: Herve Falciani, exempleado del banco HSBC. (EFE)
Herve Falciani, exempleado del banco HSBC. (EFE)

Prohibidos los 'pen drives', los móviles y cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Nada de conexión a internet. La entrega y el examen de los datos de defraudadores fiscales que facilitó el informático francoitaliano Hervé Falciani a la Fiscalía Anticorrupción pocas semanas después de abandonar la prisión en la que se encontraba por la solicitud de extradición de Suiza, se hizo en condiciones de extrema seguridad informática. ¿El objetivo? Asegurar al máximo la cadena de custodia de esa información para que ninguno de los cientos de defraudadores españoles delatados por el exinformático del HSBC pudiera ponerla en duda. Pero también evitar que pudiera producirse algún tipo de filtración o deterioro a través de 'software' espía o por las mismas personas que, durante esos días, analizaron al detalle esos datos. Así reveló Falciani los nombres de cientos de evasores fiscales, según el informe que hizo al respecto uno de los inspectores de Hacienda de la Oficina Nacional de Información del Fraude (ONIF) que estuvo presente en ese acto.

Es 14 de febrero de 2013. Apenas han pasado dos meses desde que Falciani saliera de prisión. Pero la Audiencia Nacional no ha decidido todavía si lo entregará a Suiza para que un tribunal de ese país lo juzgue por la sustracción de las identidades de decenas de miles de defraudadores fiscales de todo el mundo con cuenta en el HSBC de Ginebra, como reclaman las autoridades de Berna. Es la fecha elegida para que Falciani cumpla su promesa de colaborar con la Justicia española, uno de los motivos por los que se le ha concedido la excarcelación. En definitiva, es hora de que Falciani entregue su lista. ¿El lugar? La sala de declaraciones de la Fiscalía Anticorrupción, un sótano de la sede madrileña de ese organismo, en el número 4 de la calle Manuel Silvela.

Ejemplo de una tarjeta microSD (izquierda) y una tarjeta SIM derecha. (Foto: M.A.M.)
Ejemplo de una tarjeta microSD (izquierda) y una tarjeta SIM derecha. (Foto: M.A.M.)

La ingente cantidad de información que, desde octubre de 2006, día tras día, Falciani estuvo sacando de los servidores del banco en el que trabajaba ocupa un espacio mínimo. La mayor delación de presuntos defraudadores de la historia de España, un tesoro para cualquier agencia tributaria, cabe en cuatro microtarjetas de memoria, cada una de ellas de un tamaño inferior a la yema de un dedo. Falciani, un experto salido del mejor instituto tecnológico de Francia, el Sophia Antibes, es el que explica al inspector de la ONIF y a los dos fiscales asignados al caso -Juan José Rosa y Carmen Launa- el modo en el que se debe de hacer la descarga de su contenido. El cazador de fortunas ocultas sugiere que en el ordenador portátil Hewlett-Packard EliteBook 8460p perteneciente a la Agencia Tributaria en el que se va a almacenar toda la información se creen tres ficheros, según describe el inspector de la ONIF en su informe. 

En esta habitación subterránea, la sala de declaraciones de la Fiscalía, hay instalado un circuito cerrado de televisión. Las garantías informáticas que se siguen a lo largo del proceso de entrega son extremas. Nadie quiere que alguno de los ficheros que ese ordenador haya podido contener hasta este momento pueda interferir en la veracidad de la valiosa información que se está a punto de recibir. Antes de comenzar la descarga, el disco duro del portátil se somete a un formateo profundo. A una reescritura intensiva de ese soporte para que nadie pueda descifrar lo que antes alojó. Tras ese borrado, el inspector ofrece a Falciani que se ponga él mismo a las teclas para que compruebe por sí mismo que no existe un solo dato en la memoria. Falciani, que ha presenciado todo lo que hasta el momento se ha hecho, rechaza la oferta. Lo considera innecesario. El borrado está bien hecho.

Tras el primer borrado, el inspector ofrece a Falciani que compruebe por sí mismo que no existe un solo dato en la memoria. Falciani rechaza la oferta

La limpieza ha sido tal que el ordenador necesita hasta un nuevo sistema operativo. El elegido es la última versión vigente en ese momento -la13.2- del OpenSUSE, basado en Linux. La instalación, tal y como relata el inspector, se hace "sin conexión a internet en ningún momento", mediante un disco DVD. Llegados a este punto, Falciani da una nueva instrucción. Solicita que se instale también un programa de encriptación de código abierto: el TrueCrypt. Como el ordenador no puede conectarse a internet para evitar la entrada de cualquier virus o 'software' espía, se descarga de la red desde un ordenador de sobremesa, el que se usa a diario en esa sala, que sí está conectado. Solo entonces se copia el contenido de las tarjetas que, acto seguido, es desencriptado gracias a la contraseña facilitada por Falciani. Terminado el trabajo, estas se introducen en un sobre sellado que se almacena en la caja fuerte de Anticorrupción. La misma caja en la que se guarda el portátil.

Las fuertes medidas de seguridad para descargar la lista se mantienen también durante el examen de los datos. Fiscales e inspectores diseñan un protocolo de actuación para evitar cualquier tipo de filtración o daño en la información recibida. Todos los días, los fiscales del caso abren la caja de seguridad para retirar los portátiles y los discos empleados y los depositan en la sala de declaraciones en la que se hizo la entrega, la situada en el sótano de las dependencias de Anticorrupción, para que sean utilizados por los funcionarios designados para ello. Todos deben acceder a ese recinto sin móviles ni ningún otro tipo de "dispositivo susceptible de almacenamiento". El trabajo se hace en "entorno aislado", según el informe. Los portátiles y los discos externos con los que trabajan están conectados entre sí, pero esa red se mantiene desconectada del exterior. Si hay que entrar en internet para consultar algo, se utiliza otro PC. Y solo a través del servidor de Anticorrupción, con lo que cualquier búsqueda queda registrada y puede ser controlada.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se personaron en las oficinas del Santander. (EFE)
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se personaron en las oficinas del Santander. (EFE)

A esos ordenadores se añadió posteriormente toda la información de cuentas que ya tenía la Agencia Tributaria. Se trata de los 659 nombres enviados desde Francia en 2010 a los que se unieron las 2.508 cuentas nuevas que llegaron en 2013 de ese país gracias a la previa colaboración de Falciani con la gendarmería. Con todos esos datos se elaboraron archivos de Excel con los que los investigadores pudieron empezar a trabajar. Dos meses después de la primera entrega, el 12 de abril de 2013, el informático facilita a los fiscales y los inspectores de Hacienda otras dos microtarjetas. A partir de ese momento, todos esa información se almacena en un servidor que se instala en otra sala de la sede de la Fiscalía, en el primer piso del edificio. Esa habitación se mantiene cerrada con llave, según el informe del inspector de la ONIF. Desde allí el servidor se conecta a la red interna de Anticorrupción. Es el fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas, el que decide qué fiscales tienen acceso a la base de datos.

El resultado de las filtraciones de Falciani -tanto las realizadas a las autoridades francesas como a las españolas- es conocido. Entre los primeros 659 nombres facilitados por el informático francoitaliano se encontraban 12 miembros de la familia Botín -entre ellos Emilio, el fallecido presidente, y su sucesora en ese puesto, su hija Ana Patricia- que tuvieron que regularizar entre todos 200 millones de euros. Como el banquero y su familia, más de 300 miembros de esa lista decidieron presentar declaraciones complementarias para librarse así de la cárcel, y las pocas decenas que decidieron no hacerlo están siendo condenadas irremediablemente por delito fiscal. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se inhibió la pasada semana a favor de juzgados de toda España para que investiguen a 40 personas o grupos familiares que aparecían en la lista. La misma lista que ha servido al magistrado para enviar a la Guardia Civil a la sede madrileña del BNP Paribas y a la del Santander la semana pasada. Tres años después de la entrega de esas diminutas tarjetas, su contenido parece tener un gran recorrido por delante.

 
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