Velasco deniega la libertad a Granados por los indicios de financiación ilegal del PP

Existen "potentes indicios y datos objetivos de la recepción de dinero por este investigado para la posible financiación del Partido Popular". Esta es una de las razones a las que apunta el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para denegar la libertad al cabecilla de la trama Púnica, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, en prisión preventiva desde octubre de 2014. El magistrado asegura que, en la pieza del caso que todavía mantiene secreta, la que afecta al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez Moliner, "está analizándose en este momento una ingente cantidad de documentación" que apunta en ese sentido.

En su auto, el instructor rechaza la petición de libertad de Granados ante la “sensibilidad de la investigación” que se está llevando a cabo, así como por “los graves riesgos de obstrucción y alteración de las fuentes de prueba que siguen existiendo”. El juez apunta a la necesidad de que, en próximas fechas, declaren testigos y se identifique a "personas que se infiltraron en las adjudicaciones" presuntamente fraudulentas. Esas diligencias deben hacerse "sin injerencias", lo que, asegura, "hace necesario el mantenimiento de la medida cautelar de prisión".

Velasco, asumiendo el criterio de Anticorrupción, considera que la investigación está demostrando "la realización de gran número de hechos delictivos con una significativa participación” de Granados, que, según afirma el juez, “ha abusado del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos de obras, servicios, etcétera, a favor de empresarios que le abonaban importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones”.

Esas actividades, y las mordidas que le procuraba, le habrían procurado "una importante desviación de fondos públicos", que habría conseguido valiéndose de la posición de dominio que le daban los cartos públicos que ocupaba.

Velasco explica que, según su investigación, se revela “un uso indiscriminado” de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio y de la Fundación Arpegio, cuya presidencia “en un primer momento” le permitió controlar la venta de suelo público de toda la región. Además, añade que “posteriores maniobras defraudatorias”, dice refiriéndose a la firma de varios convenios, le aseguraron presidir las mesas de contratación que proponían la adjudicación de los contratos financiados con Fondos Prisma, “gestionándose a cargo de dichos fondos durante los años 2006 a 2011 más de mil millones de euros”.

"Se estudian las adjudicaciones de suelo público a través de los consorcios urbanísticos, aflorando indiciariamente la obtención de elevadas ganancias ilícitas por la trama investigada", añade el juez.

"Por todo ello", concluye Velasco, "resulta que la situación de prisión provisional de Francisco Granados, acordada en las presentes actuaciones, se presenta como ineludible e insustituible remedio para el buen fin de la presente instrucción".