Admitida una demanda contra el PP por no convocar congreso para elegir candidato

El congreso nacional del PP, máximo órgano interno de ese partido, el que elige al presidente de la formación y por tanto a su candidato a la presidencia del Gobierno, debió haberse celebrado en febrero de 2015. Sin embargo, Mariano Rajoy se presentó como su líder a las elecciones del pasado 20 de diciembre y repetirá en las del próximo 26 de junio sin que ese cónclave se haya celebrado. Varios militantes han presentado una demanda en la que consideran que esos hechos vulneran su derecho fundamental de asociación y el principio de funcionamiento democrático de los partidos previsto en la Constitución y piden que se obligue a esa fuerza a celebrar el congreso. El Juzgado de Primera Instancia 86 de Madrid la ha admitido a trámite.

El escrito lo firma Joaquín Vázquez Villanueva, antiguo miembro del comité ejecutivo nacional de Nuevas Generaciones, exsecretario general de Relaciones Internacionales de esa misma formación y candidato a las elecciones europeas de 2009, además de miembro de la junta directiva del PP. En él se recuerda que los estatutos de esta fuerza establecen que el congreso nacional del partido debe celebrarse cada tres años, y el último tuvo lugar los días 17, 18 y 19 de febrero de 2012, por lo que ese cónclave debió convocarse de nuevo por las mismas fechas del año pasado.

La demanda recuerda que, entre las atribuciones del congreso, está la de "elegir al candidato a la presidencia del Gobierno de España", que, según la normativa interna, debe ser el presidente nacional del partido. Esa elección, según el demandante, es "la expresión máxima del principio de democracia interna que ha de regir el funcionamiento y estructura interna de los partidos políticos. Por lo tanto, Rajoy tendría que haberse sometido a ese órgano si hubiera querido alcanzar legítimamente su candidatura a La Moncloa".

"El interés genral de España y el particular del Partido Popular requiere más democracia, en concreto en el partido demandado, lo que supone que se garanticen en toda su extensión los derechos fundamentales de participación en los asuntos públicos y el derecho de asociación a través de los partidos políticos, protegiéndose frente a cualquier ingerencia", sostiene el demandante. "Urge, por tanto, la renovación de un partido político [el PP] en el que la democracia no puede tener un carácter meramente formal", prosigue. "El destino del mismo ha de estar regido por los afiliados, quienes han de confirmar o rechazar el estado actual de la organización".

El firmante del escrito acusa, además, al presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, Alfonso Fernández Mañueco, de "ningunear" la solicitud que le envió el pasado 7 de enero para que convocara urgentemente el congreso que eligiera al candidato a presidente en caso de que, como ha ocurrido, se tuvieran que celebrar nuevas elecciones. Mañueco sí respondió a otra comunicación del demandante y de otra afiliada, la exdirigente de Nuevas Generaciones María Fuster, en el mismo sentido, pero aseguró que el comité que preside no tenía la intención de valorar esa petición a pesar de que reconocía que el congreso debía haberse celebrado un año antes.

El militante que ha denunciado alega una "grave vulneración del principio democrático que ha de presidir la estructura interna"

Por todo ello, el militante que denuncia los hechos considera que se ha producido "una vulneración sistemática" de su "derecho fundamental de asociación, en su manifestación concreta del funcionamiento democrático del Partido Popular". Se trata, mantiene, de una "grave vulneración del principio democrático que ha de presidir la estructura interna y funcionamiento de los partidos, lo que provoca que nos encontremos en la paradoja de una falsa democracia interna, precisamente en las asociaciones que prevé expresamente la Constitución para ejercer y desarrollar la democracia con mayúsculas".

La demanda, que pide que se declare la vulneración del derecho de asociación del militante que la firma y se condene al PP a convocar el congreso, ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia 86 de Madrid. La secretaria judicial de ese órgano ha dado un plazo de 20 días al partido para que se persone en el caso y responda a la demanda. Al tratarse de un asunto de vulneración de derechos fundamentales, el fiscal también debe ser parte del proceso.