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La pinza entre Palma y Carrefour desata la guerra de los promotores mallorquines
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La pinza entre Palma y Carrefour desata la guerra de los promotores mallorquines

Una promotora exige por escrito al Ayuntamiento que la multinacional cumpla con su deber de ceder el 10% del suelo y crear zonas verdes; si no, demandará al consistorio

Foto: Imagen recreada de Fan Mallorca Shopping, macro proyecto de centro comercial impulsado por Carrefour.
Imagen recreada de Fan Mallorca Shopping, macro proyecto de centro comercial impulsado por Carrefour.

El primer año del Ayuntamiento de Palma de Mallorca constituido tras las pasadas elecciones locales ha puesto patas arriba el sector urbanístico. El Gobierno municipal -conformado por PSOE (6 concejales), Més -unión de PSM Entesa e Iniciativa Verds- (5) y Som Palma (5)- ha dedicado sus primeros meses a priorizar la lucha contra lo que considera la especulación inmobiliaria y el desarrollo urbanístico descontrolado por encima de cualquier otro asunto.

Entre otras iniciativas, el Ejecutivo progresista ha paralizado la tramitación de expedientes de reestructuración de hoteles en la Platja de Palma. Los inquilinos del consistorio argumentaron que es necesario contar con informes jurídicos que ayuden a unificar, en colaboración con el Govern, la interpretación de las disposiciones incluidas en la Ley General Turística y en el Plan de Reforma Integral al respecto.

Apenas cuatro meses después de las elecciones, el nuevo teniente de alcalde de Modelo de Ciudad y Vivienda Digna, Antoni Noguera, justificó que el equipo de gobierno había detectado proyectos que tenían hasta tres informes contradictorios sobre alturas permitidas emitidos por la Consellería de Turismo del Gobierno balear y que, por lo tanto, había que poner orden antes de volver a permitir las reformas.

Además de esta paralización de proyectos de modernización de los hoteles, en la isla también se encuentra suspendida la implantación de nuevos establecimientos comerciales. Lo acordó el Consejo Insular en agosto de 2015, un mes antes de la mencionada decisión del consistorio de Palma. En concreto, el Consell, encabezado también por Més y PSOE, aprobó una moratoria de construcción de grandes superficies durante los próximos tres años (como plazo máximo) con la excusa de que era necesario elaborar con "tranquilidad" el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales. Así lo dijo, de hecho, el presidente del Consejo Insular, Miquel Ensenyat, quien argumentó que esto era un modo de poder redactar el citado plan sin temor a que aparezcan "obstáculos por un posible efecto llamada" de solicitudes.

La iniciativa, sin embargo, ha sido duramente criticada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace apenas unos días. En concreto, el pasado 10 de mayo, este organismo remitió un requerimiento al Consejo contra la suspensión cautelar de nuevos centros comerciales, lo que es considerado un paso previo a la interposición de un recurso contencioso en los tribunales.

En paralelo a estas polémicas medidas, el Ayuntamiento la ha emprendido también contra el Casino Teatro Balear, al que acusa de construir una segunda instalación en Palma sin el consentimiento del consistorio. "Han hecho una obra ilegal" y el promotor "tendrá que acatar las consecuencias", aseguró el concejal Noguera. Según la empresa promotora, las obras comenzaron "solamente después de haber obtenido la licencia por silencio, ante la absoluta pasividad e inactividad de la Gerencia de Urbanismo (de la anterior legislatura), que, una vez más, solo se mueve cuando existen intereses inconfesables".

Las iniciativas de los gobiernos de Més y PSOE contra los promotores, sin embargo, parecen tener una excepción. Así al menos lo entienden algunos de los empresarios con intereses en las islas, que ven cómo hay una mercantil a la que parecen irle las cosas sobre ruedas y que consigue mantenerse al margen de lo que algunos ya consideran una persecución. La excepción se llama Carrefour y el proyecto estrella que está llevando a cabo la multinacional, el denominado Fan Mallorca Shopping, situado en Coll d'en Rabassa, una megaconstrucción que se prevé inaugurar este verano, que tuvo una inversión de 190 millones de euros y a la que se prevé que asistan 12 millones de visitantes al año.

Uno de los promotores que se consideran perjudicados por lo que a su juicio es una permisividad respecto al gigante de la distribución en detrimento del resto ha remitido una misiva que, al igual que ha hecho la CNMC, pretende servir de aviso previo a la interposición de una demanda judicial. La sociedad que ha enviado la carta -que por el momento pretende permanecer en el anonimato- ha presentado dos escritos junto a su escrito, ambos referentes al citado centro comercial desarrollado por Carrefour.

Uno de ellos trata sobre la necesidad de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dado que el nuevo proyecto afecta a carreteras y zonas verdes. El otro denuncia que la multinacional francesa no ha cedido el 10% del espacio del aprovechamiento lucrativo, como indica la ley. Solicita por lo tanto la mercantil, por un lado, que se acometa el PGOU -con informes de evaluación ambiental y la reserva de zonas verdes con la misma superfice que las que había hasta ahora- y que Carrefour, por otro, ceda el 10% del suelo a servicios públicos que debe gestionar el Ayuntamiento.

La promotora, que no entiende porqué el consistorio ha permitido que la multinacional de la distribución pueda continuar si estos requisitos establecidos por ley, considera la misiva como el acto administrativo previo a la interposición de acciones procesales en los tribunales. De hecho, da tres meses al Ayuntamiento para que comience a tramitar lo que ha solicitado. Transcurrido ese plazo, advierte, se reserva la posibilidad de interponer demanda.

El primer año del Ayuntamiento de Palma de Mallorca constituido tras las pasadas elecciones locales ha puesto patas arriba el sector urbanístico. El Gobierno municipal -conformado por PSOE (6 concejales), Més -unión de PSM Entesa e Iniciativa Verds- (5) y Som Palma (5)- ha dedicado sus primeros meses a priorizar la lucha contra lo que considera la especulación inmobiliaria y el desarrollo urbanístico descontrolado por encima de cualquier otro asunto.

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