¿Quién acabó con la vida de la última interna que murió en la prisión de Carabanchel?

La interna J. M. G. llevaba apenas diez días en la prisión de mujeres de Carabanchel cuando tuvieron que trasladarla a la Enfermería (a una celda de aislamiento) porque se encontraba mal. Era el 13 de diciembre de 1993, ella tenía 35 años, era la primera vez que estaba entre rejas y también sería la última. Alguien le introdujo en el organismo una dosis "tóxico letal" de Rohipnol Flunitrazepan, sustancia que no se dispensaba en el centro penitenciario, pero que terminaría acabando con su vida. La chica estuvo tres días en la mencionada celda, fueron a verla un par de médicos. Al tercer día alguien avisó al médico de urgencias (A. C. R.), que acudió, la examinó, vio que estaba en coma y ordenó el inmediato traslado del cuerpo aún vivo al Hospital General Penitenciario, situado entonces cerca de la prisión.

Fue entonces cuando metieron a la interna en una ambulancia, aunque no con destino al mencionado centro sanitario, sino al hospital Gregorio Marañón, situado en la otra punta de Madrid. La chica no llegó viva. Así al menos se lo comunicó el doctor G. R., del citado hospital, al juez de guardia el mismo día de la muerte. "Ingresó cadáver", dictaminó el médico. "Ha fallecido en el hospital", trasladó al día siguiente el director accidental de la cárcel a la Inspección General Penitenciaria y al propio Juzgado 19 de Madrid, que investigaba el presunto delito cometido por la chica, relativo al menudeo. Incluso la Policía confirmó el fallecimiento, pues la ambulancia salió de la prisión sin escolta por un retraso de la misma y esto provocó la posterior de los agentes.

Los despropósitos judiciales, médicos, policiales y periciales impedirán conocer quién se pasó con el ansiolítico y si lo hizo voluntaria o imprudentemente

Las circunstancias de la muerte siguen siendo una incógnita hasta el momento, a pesar de que han pasado 23 años desde que se produjo y de la incansable lucha del facultativo que la atendió de urgencias en el centro penitenciario, Ángel Rincón, por conocer la verdad. El hombre, que fue inicialmente informado de que la chica había ingresado en el hospital viva y no se enteró de la muerte hasta años después, ha gastado mucho tiempo y dinero en interponer recursos en diferentes juzgados con el fin de que alguno de ellos esclarezca lo que pasó.

En junio de 2012, Rincón recibió un impulso de los tribunales, que hasta el momento habían sido lentos y nada resolutivos. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó al Juzgado número 14 de Madrid reabrir el caso -que esta última instancia había archivado un año antes por que consideraba imposible "recabar más datos"- y llevar a cabo nuevas diligencias de investigación que ayudaran a conocer los hechos con detalle. La Sección Tercera del alto tribunal madrileño consideró "improcedentes" los argumentos del Juzgado 14 para sobreseer el asunto y dictaminó tomar declaración a funcionarios, enfermeros y médicos que tuvieron contacto con la interna fallecida en tan extrañas circunstancias.

La Audiencia Provincial argumentó que el Instituto Anatómico Forense había rectificado sus primeras conclusiones -que apuntaban a que la sustancia hallada en la presa era "terapéutica" y ahora señalaba el carácter "tóxico letal" de la misma- y que "la falta de historial médico -esgrimida por el Juzgado 14 para cerrar el caso- no excluye que la causa de la muerte pueda ser investigada por otros medios".

La orden de la Sección Tercera sirvió para reactivar el procedimiento judicial, pero solo temporalmente, ya que el Juzgado 14 volvió a cerrar la instrucción al considerar, incluso después de tomar declaración a los testigos, que era "imposible determinar" el motivo del fallecimiento. "Reabierta la causa, se han practicado cuantas diligencias eran conducentes a establecer cuándo, cómo y por quién se administró a la interna una dosis letal del ansiolítico citado sin que ofrezcan resultado positivo alguno", argumentó el mencionado juzgado, cuyo auto no aclaró nada, aunque sí puso sobre la mesa la gran cantidad de despropósitos que habían rodeado a la muerte de la chica.

Además del mencionado informe del Instituto Anatómico Forense -que estableció primero que la sustancia era terapéutica y luego que era letal-, de los dos días que pasó la interna enferma en la sala sin ser trasladada al hospital incluso habiendo entrado en estado comatoso, de que fue trasladada al hospital más lejano, de la ausencia de escolta policial o de la lentitud judicial, el citado auto del Juzgado 14 enumera otra serie de disparates que no solo incidieron en la trágica pérdida, sino incluso en su investigación.

La interna estuvo "descuidada y desatendida" en su celda-enfermería, no se la trasladó a tiempo y hubo errores en la autopsia y en el análisis toxicológico

El escrito judicial admite que la causa se ha visto ensuciada por un conjunto de "incidencias", califica de "erróneos" tanto el informe de la autopsia como el de toxicología, destaca que el denunciante tardó demasiado en poner los hechos en conocimiento de la justicia (lo hizo en 2006) y que al principio apuntó a "una indebida aplicación de otro fármaco (Sintrom)" como causa de la muerte, que la interna estuvo "descuidada y desatendida", además de "recluida en una sala de aislamiento", que no se la trasladó "en tiempo oportuno a un centro hospitalario" y que, "dado el tiempo transcurrido, el delito de homicidio imprudente habría prescrito".

El mismo auto del Juzgado 14 rechaza la pretensión del denunciante de llamar en calidad de imputados a los enfermeros y médicos que atendieron inicialmente a la chica en la prisión. "Menos motivos existen en este momento para imputar a quien depuso como testigo anteriormente, pues nada nuevo consta en autos fruto de las pesquisas realizadas", entiende el juzgado, que también rechaza el interés por recabar más documentos que muestra Rincón. "Sólo en la imaginación del denunciante, que no en la realidad, hay soporte alguno para actuar abriendo una causa general frente a cuantas personas, según el querellante, planearon el fallecimiento de una interna en un centro penitenciario", sentencia el auto, ratificado posteriormente por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que hizo "suyos en su integridad" los argumentos del Juzgado 14 e insistió en que el delito estaba prescrito.

Las circunstancias en las que se produjo la muerte de J. M. G., una mujer de 35 años encerrada por primera vez en un centro penitenciario a la que alguien le suministró un ansiolítico en cantidades letales, quedarán por lo tanto en el limbo del desconocimiento. El doctor Rincón considera "imposible" que fuera ella misma quien se lo suministrara, pero los despropósitos judiciales, médicos, policiales y periciales impedirán conocer nunca quién se pasó con el ansiolítico y si lo hizo voluntaria o imprudentemente. También ayudó a este cúmulo de incompetencias la de la Dirección de la cárcel y la de la entonces Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, que ni siquiera abrieron un expediente informativo para indagar en las causas del fallecimiento, como consta en un informe de la Inspección Penitenciaria puesto a disposición del Juzgado número 14.