Contratistas de Acuamed pagaron publicidad prodesaladoras a petición del Gobierno ZP

FEn 2007, el debate 'trasvase del Ebro contra desaladoras' era el tema más caliente en política ambiental. La Comunidad Valenciana, del PP, tenía bloqueados los permisos para avanzar en la desaladora de Torrevieja, la mayor de Europa. El entonces consejero de Medio Ambiente, Esteban González Pons, había dicho que eran "nucleares del mar". En esas, la patronal de la desalación salió a echar una mano al Gobierno del PSOE. Preparó una campaña de unos seis millones de euros en prensa, radio y televisión sobre las bondades de la desalación. No salía el logo del Ministerio de Medio Ambiente ni de la empresa pública Acuamed, que construía las desaladoras. Pero según el sumario de la Audiencia Nacional esa campaña se hizo a petición de Acuamed, que reclamó a las empresas el 1% de lo que habían recibido en adjudicaciones. Por eso está investigado un exdirector general de Acuamed del PSOE.

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la desaladora de Torrevieja (Alicante) afirma que "una vez adjudicado el contrato", la UTE ganadora, liderada por Acciona, asumió "el pago de 1,5 millones de euros a la empresa de publicidad Bassat supuestamente por realizar un anuncio publicitario que fomentaba la desalación". La Guardia Civil señala que "esta cantidad abonada por un servicio extracontractual a requerimiento de Acuamed se corresponde con el importe original del contrato, que ascendía aproximadamente a 155 millones de euros".

Sin embargo, en 2014, siete años después, la UTE constructora de Torrevieja "reclama los sobrecostes en los que incurrió por la aportación a la campaña publicitaria que el Gobierno promovió a favor de la desalación". Es decir, Acciona pidió que le devolvieran esos 1,5 millones y admitía que la campaña sin logo de ningún organismo público era en realidad cosa del Gobierno del PSOE. La reclamación llegó después de la bronca con Acuamed sobre la liquidación de la obra. Como no llegaban a un acuerdo pidió de vuelta el dinero.

La campaña se llamó 'Tienes una nube'. Mientras una cámara recorría unas nubes, una voz en 'off' leía: "Las nubes no se pueden atrapar pero por mucho que les pidas ellas deciden cuándo te dan agua y cómo te la dan. ¿Y si imitáramos a las nubes? Y si convirtiéramos el agua del mar en agua dulce". Poco a poco la cámara llegaba al mar: "Sería bonito. Bueno, es bonito. Porque esa agua ya existe. Agua desalada. Tecnología inspirada en la naturaleza". Según información de la época, la campaña costó unos seis millones de euros.

La Guardia Civil investiga si las constructoras tenían que dar el 1% de sus contratos a publicidad favorable

Formalmente, la campaña era de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), pero el sumario de Acuamed revela las sospechas de la Guardia Civil de que en realidad fue una imposición de Acuamed a las empresas para ayudar a la apuesta política del Gobierno a favor de la desalación. En el sumario es una pregunta recurrente de los agentes de la UCO.

El exdirector general de Acuamed en esa época, Adrián Baltanás, nombrado por el PSOE, declaró a la Guardia Civil que desconoce por qué "Acciona puede reclamar esa cantidad por ese concepto". Sí recuerda la campaña: "Se hizo un vídeo que salió en la televisión y otros anuncios informativos, ya que existía una falsa idea respecto a la desalación". La Guardia Civil solo le pregunta por esta campaña, lo que apunta a que no hay nada más de esa época. Cuando le preguntan "quién pidió a Acciona que sufragara ese importe ya que ellos indican que este pago se realizó a requerimiento de Acuamed", Baltanás replica que "no le consta que se le pidiera realizar el pago de ese importe".

Acciona reclamó que le devolvieran 1,5 millones de los anuncios como sobrecoste de una desaladora

A su sucesor, Carlos Massa, la Guardia Civil le pregunta por lo mismo. Su respuesta es que "el año 2007 es muy anterior a que él ocupara el cargo", ya que entró en Acuamed en 2009. Afirma que no recuerda ninguna reclamación de Acciona, pero añade que "si en algún momento le pidió que le pagara 1,5 millones con seguridad les diría que se lo reclamaran a quien se lo encargó".

Hay otras versiones en el sumario. A Nuria Segura, técnica de Acuamed, que no está imputada y declaró como testigo, la Guardia Civil le preguntó: "¿Quién le pidió a Acciona que sufragara el 1% del valor del contrato de la desaladora de Torrevieja [en publicidad]? ¿Este pago fue una comisión por adjudicarles el contrato?". Su respuesta es que la campaña la pagaron todas las empresas: "Manifiesta que cree que la campaña de publicidad de Bassat fue sufragada por todas las empresas que tenían adjudicada una desaladora, de manera proporcional a su importe de adjudicación. El Gobierno promueve una campaña para promover la desalación, y Acuamed solicita a los adjudicatarios de los contratos de desaladoras la sufraguen".

Responsables de la época del PSOE dicen que ignoran que la campaña fuese impulsada por Acuamed

Narbona afirmó ayer por mensaje: "Solo recuerdo que hubo un convenio de colaboración de Acuamed con la asociación de todas las empresas del sector, para dar una información veraz a la opinión pública sobre el agua desalada (que quería desacreditarse incluso en términos de salud...; por supuesto de daños a los regadíos, salmueras..). El tema lo llevaba Acuamed, y yo no participé en su gestación".

En esa época el agua era una asunto capital en la costa. En pleno 'boom' inmobiliario, las comunidades del litoral, principalmente Valencia y Murcia (del PP entonces), reclamaban grandes caudales de agua para abastecer sus grandes planes urbanísticos. La Comunidad de Murcia estaba llena de publicidad con el lema "Agua para todos" a favor del trasvase del Ebro. La entonces ministra, Cristina Narbona, incluso sufrió un conato de agresión en unas jornadas en Murcia por agricultores indignados. El enfrentamiento era total. En Murcia la prensa informaba de que las desaladoras arrasaban el fondo marino y que el agua desalada podía incluso provocar cáncer por contener demasiado boro. Posteriormente, hasta el gobierno de Murcia construyó su propia desaladora, la de Escombreras. Casualmente, la policía la registró hace unos días en otros escándalo de corrupción.

Con el hundimiento de la burbuja inmobiliaria resultó que la demanda de agua prevista estaba sobreestimada y que no hacía falta tanta agua desalada. Entre eso, los problemas en la construcción de las plantas, el alto precio del agua desalada y que hubo años lluviosos, el resultado es que las desaladoras funcionan a medio gas, pese a una inversión de más de 1.600 millones. En 2012, el entonces ministro, Miguel Arias Cañete, afirmó en el Congreso que las 17 plantas solo funcionan al 16%. Posteriormente, la Comisión Europea pidió que se pusieran en marcha, ya que había financiado buena parte de las obras. Algunas ni llegaron a abrir, como la desaladora del Bajo Almanzora, que se inundó y la pugna entre si debía pagar la reparación FCC o el ministerio -uno de los asuntos en los que más hincapié hacía al principio el juez Eloy Velasco- quedó sin solución.

El PSOE llevaba en su programa electoral de 2004 suprimir las sociedades estatales de agua, que habían tenido graves escándalos de corrupción, como la sociedad de aguas del Sur, en Málaga. Sin embargo, en vez de suprimirlas, unificó la mayoría en Acuamed. Entre 2004 y 2012, Acuamed pasó de un presupuesto de adjudicación de sus obras de 1.302 millones a 1.619 millones, un aumento de 316 millones (el 24,31%).