El 'tamayazo' salió barato: solo un soplón de Movistar pagará por el escándalo

Casi 13 años después de que los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Saez se ausentaran del pleno de la Asamblea de Madrid que se disponía a investir presidente regional a Rafael Simancas, provocando con ello la celebración de unas nuevas elecciones autonómicas que dieron la victoria a Esperanza Aguirre, aún no ha podido probarse judicialmente quién estuvo detrás de aquella maniobra ni a qué intereses obedeció.

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El único que ha respondido ante los tribunales por el momento es un técnico de Movistar, que acaba de ser condenado a seis meses de prisión por el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid. El empleado no tuvo participación directa en lo que ocurrió aquel 10 de junio de 2003 en la Asamblea de Madrid, sino más bien en la difusión de lo que estaba pasando en las cloacas del Parlamento regional.

En concreto, Alberto M. L. trabajaba en el Centro de Relaciones a Clientes Empresas de Telefónica Móviles cuando tuvo lugar lo que poco después se denominó como el 'tamayazo'. Según la sentencia firmada el pasado 17 de mayo por el mencionado juzgado -que le condena a seis meses de prisión-, el técnico consiguió el código de un compañero que tenía más privilegios en la empresa y accedió con él a los números de teléfono de todos los implicados en la trama.

En concreto, el nuevo código le permitía consultar una amplia base de datos de clientes en la que figuraban el titular del móvil, el tipo de contrato que tenía, la domiciliación de sus facturas, su dirección postal, el listado de llamadas realizadas, la fecha y hora a la que se efectuaban o la duración de las mismas. Estas consultas no podía realizarlas el acusado con su nivel de seguridad, pero sí con el del compañero al que robó la clave, que estaba inicialmente imputado en el mismo procedimiento, pero contra el que finalmente no hay cargos, dado que "no ha quedado acreditado que participara en los hechos".

El condenado consultó específicamente las llamadas realizadas (siempre desde números registrados a nombre de los partidos o de empresas) por Eduardo Tamayo, pero también las que efectuaron el diputado del PP en la Asamblea regional Ricardo Romero de Tejada, el abogado José Esteban Verdes López-Diéguez -amigo del primero y por aquella época prometido de Paloma García Romero, quien fuera número dos de Manuel Cobo en la Comunidad de Madrid-, el constructor Francisco Bravo Vázquez y el político y empresario José Luis Balbás entre el 1 de mayo y el 26 de junio de 2003; es decir, durante los días previos y posteriores al 'tamayazo'.

Los diálogos telefónicos publicados hacían entrever la existencia de una trama político empresarial alrededor del 'tamayazo'

Posteriormente, el técnico de Movistar pasó toda la información a "terceros no identificados", como reza la sentencia, que añade que, tras la fallida investidura de Simancas, todas esas conversaciones comenzaron a aparecer en diversos medios de comunicación. En concreto, el 16 de junio y el 7 de julio, 'Interviú' publicó "una serie de llamadas realizadas desde el móvil de Tamayo" a, entre otros, el constructor Bravo Vázquez y el empresario Balbás. El 25 y el 29 de junio, 'El Mundo' hizo lo propio con llamadas que se intercambiaron entre Tamayo, Balbás y Verdes.

Los diálogos telefónicos publicados hacían entrever la existencia de una trama político empresarial alrededor del 'tamayazo' que provocó que los aludidos denunciaran los hechos. La operadora, por su parte, también abrió una investigación interna tras ver las noticias que se publicaban. Fruto de estas pesquisas, identificó a dos personas, las expedientó y posteriormente las despidió de sus puestos. Los periodistas que escribieron las informaciones, por su parte, se acogieron a su derecho a no desvelar las fuentes y nunca proporcionaron el nombre de quien les pasó el listado de llamadas. La Agencia de Protección de Datos y la Policía Nacional, por otro lado, han elaborado informes periciales que han servido para condenar al técnico de Movistar.

El Juzgado de lo Penal 22 ha condenado al acusado a la pena mínima prevista para el delito de descubrimiento y revelación de secretos, dado que el procedimiento ha estado muchos meses parado y se ha dilatado indebidamente, lo que perjudica al imputado. El procedimiento data de 2003, estuvo dos años sin que se practicara diligencia alguna y esta dilación "no está justificada", remarca la sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial. "Han transcurrido casi 13 años, tiempo excesivo para la tramitación de un procedimiento por complejo que sea", remarca la resolución judicial.

El fallo también exime al acusado de responsabilidad civil, dado que, aunque ha quedado acreditado que el condenado sustrajo la información indebidamente, no está probado, sin embargo, que luego la facilitara "directamente" a los medios de comunicación que posteriormente publicaron las noticias relativas a las llamadas entre los denunciantes.