El fiscal decide examinar el nuevo 'software' de VW tras reunirse con jueces de la UE

El caso Volkswagen se centra en un problema técnico que el grupo automovilístico pretende arreglar con tecnología. Es decir, mediante la colocación de un nuevo 'software' más avanzado que sustituya al que trucaba el motor para falsear las emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, ni consumidores ni fiscales parecen estar satisfechos con las explicaciones del gigante alemán. Los primeros han comenzado a interponer demandas civiles de manera individual o colectivamente con el fin de que la firma les devuelva el dinero que pagaron por los vehículos afectados y los segundos siguen de cerca las soluciones que está planteando la compañía con objeto de detectar qué elementos del 'software' están cambiando y determinar así si se ha cometido un delito medioambiental.

El caso ha estado paralizado durante cinco meses desde que a finales de 2015 la práctica totalidad de los países europeos iniciara una investigación y hasta el pasado marzo, cuando tuvo lugar una reunión entre jueces, fiscales y policías de toda la UE encargados de las pesquisas en cada Estado miembro. De este encuentro salieron una serie de conclusiones a modo de ideas madre que cada país ha plasmado en sus diligencias como ha visto más conveniente y en función de la idiosincrasia del caso concreto.

La reunión, que fue convocada para poner en común las dificultades que había detectado cada investigador en sus indagaciones particulares, se produjo después de que todos ellos se toparan de golpe con el mismo problema: la imposibilidad de determinar la emisión real de gases contaminantes que los vehículos con los motores trucados expulsaban a la atmósfera cuando estaban circulando. Es decir, la Agencia Medioambiental de Estados Unidos había descubierto que el 'software' trampeaba las emisiones cuando detectaba que estaba en un banco de pruebas, que es el lugar que la ley establece para hacer estas mediciones, pero no había modo de calcular si ocurría lo mismo con el coche en circulación.

Tras el encuentro de investigadores a nivel comunitario, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, responsable de coordinar las diligencias penales en España, solicitó una comisión rogatoria a Estados Unidos -aceptada por el juzgado- con el fin de que las autoridades norteamericanas explicaran cómo habían detectado el 'software' que trucaba el motor de los vehículos. El Ministerio Público pretende -una vez establecido el elemento informático que provoca la manipulación de los datos- anular esa aplicación y volver a pasar el vehículo por el banco de pruebas para comparar los resultados con los que arrojaba el coche con el antiguo 'software' y determinar si pierde potencia, si incrementa el consumo y si reduce las emisiones, como denuncian los usuarios en sus demandas civiles.

El cotejo entre la vieja y la nueva solución electrónica ayudará también a la Fiscalía a decidir, por lo tanto, si Volkswagen ha incurrido en un delito contra el medio ambiente, extremo que se dirime en la instrucción dirigida por el titular del Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que instruye la causa tras la querella que interpuso Manos Limpias con la dirección letrada de Ausbanc -ambas agrupaciones fuera del proceso después de renunciar como consecuencia de la investigación que se cierne sobre ellas y la detención de sus dirigentes- a finales del año pasado.

Por el momento, las autoridades estadounidenses no han respondido a la comisión rogatoria remitida por el Juzgado número 2, que también ha enviado otras dos solicitudes -reclamadas igualmente por la Fiscalía- a Francia y a Alemania que tampoco han sido contestadas por el momento.

La Fiscalía también tratará de realizar el mismo ejercicio (comparar el 'software' nuevo con el antiguo) en el momento en el que haya clientes de Volkswagen que faciliten al Ministerio Público el dispositivo recién cambiado. Por el momento, según fuentes del grupo automovilístico, este último únicamente ha llamado a los usuarios del modelo Volkswagen Amarok, a quienes les remitió una carta a finales de febrero para que fueran pasando por el taller con el fin de sustituirles el 'software'. Son los primeros propietarios de un vehículo de la firma alemana que se someten a la modificación tecnológica.

La Fiscalía tratará de comparar el 'software' nuevo con el antiguo cuando haya clientes que faciliten al Ministerio Público el dispositivo recién cambiado

El 'software' ha sido aprobado por la KBA, autoridad federal del transporte, que acaba de dar su visto bueno también al dispositivo que la multinacional instalará próximamente en los Audi A4, A5 y Q5 y en los Seat Exeo que circulan por España. En los próximos, Volkswagen enviará cartas a los usuarios de estos vehículos para citarles, como a los del Amarok, en los talleres. Las mismas fuentes explican que este será el procedimiento a partir de ahora: que la KBA vaya autorizando las soluciones de 'software' del resto de modelos propuestos por la firma alemana y que posteriormente esta última vaya llamando a los conductores y cambiando los dispositivos electrónicos.

A mediados de año, prevén desde Volkswagen, comenzará a instalarse el 'software' de los motores 1.2 y en el tercer trimestre los 1.6, que además de aparato contarán con un estabilizador de flujo de admisión añadido, que provocará que la sustitución de las piezas dure algo más de media hora, que es lo que llevarán los cambios en los talleres del resto de modelos, según explican desde la firma alemana, que insisten en que todas estas modificaciones serán gratuitas para los usuarios.

Las mismas fuentes insisten en que KBA asegura que el nuevo 'software' reducirá las emisiones y mantendrá tanto la potencia como el consumo, extremo que la Fiscalía pretende confirmar a través de la mencionada comparación y que los demandantes ponen en duda, pero que la propia Volkswagen insiste en remarcar tanto vía judicial -en las respuestas a las demandas que plantean los ciudadanos que reclaman la devolución del dinero- como a través de fuentes del grupo consultadas.

La Audiencia Nacional también reclamó que remitiera el organigrama del grupo y de los ejecutivos que representan a la multinacional en España

Al margen de cuestiones técnicas, la Audiencia Nacional también reclamó al gigante automovilístico -a petición de la Fiscalía- que remitiera el organigrama del grupo y de los ejecutivos que representan a la multinacional en España, con el objetivo de ver si estos últimos forman parte también de la dirección central de la firma. Volkswagen argumenta que la delegación española es independiente de la de Alemania, que únicamente las vincula un contrato para la adquisición de motores y que, por lo tanto, la sede regional podría considerarse incluso víctima del trucaje.

Asimismo, el juzgado -igualmente tras solicitarlo el Ministerio Público- pidió a Volkswagen los contratos entre ambas partes -delegación y sede central- con el fin de determinar si realmente existe una cláusula -como argumenta el grupo- que prohíba a VW España tocar los motores, documentación que por el momento no ha aportado la compañía automovilística.