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La jueza que nunca dejó de ser política
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margarita robles en las listas del PSOE

La jueza que nunca dejó de ser política

La número dos de Sánchez se siente cómoda en puestos de responsabilidad. Su autonomía le ha granjeado amigos y enemigos en sectores conservadores, pero también entre los progresistas

Foto:  Margarita Robles.
Margarita Robles.

Su brillante carrera se ha desarrollado casi íntegramente en el templo de la independencia, los tribunales de justicia, donde ha alcanzado lo más alto: un puesto de magistrada del Supremo. Pero Margarita Robles (León, 1957) es una mujer de indudable instinto político. Tanto en los puestos políticos que ha ocupado -subsecretaria de Justicia, secretaria de Estado de Interior y vocal del Consejo General del Poder Judicial- como en su labor como jueza, que nunca le ha impedido posicionarse, siempre desde un punto de vista progresista, sobre los problemas de la Administración de Justicia.

Esa actitud siempre crítica -tanto en medio de la arena política como tras la barrera que impone la toga- le ha granjeado amistades y enemistades inquebrantables. Porque esta jueza feminista, soltera y sin hijos, siempre ha hecho valer su punto de vista. Caiga quien caiga. Esa forma de ser le ha llevado a enfrentarse a adversarios del otro lado de la trinchera ideológica, pero tampoco ha dado tregua a los suyos, entre los que se encuentran algunos de sus principales enemigos. Robles, según sus admiradores, es tenaz, trabajadora, minuciosa. Muchos de sus detractores, sin embargo, la definen como una suerte de urdidora en la sombra.

Esta mujer menuda, de voz atiplada y que sostiene firmemente la mirada de su interlocutor cuando conversa, es consciente de que genera todo tipo de sensaciones, pero jamás indiferencia. "Siempre me ha dado igual lo que la gente diga, hago lo que creo que tengo que hacer, guste o no guste", dijo en una entrevista publicada por 'El País' hace unos años.

Amigos y enemigos. Eso es lo que dejó, por ejemplo, durante su paso por el último Ejecutivo socialista de Felipe González (1993-1996). Con el presidente del Gobierno atenazado por la guerra sucia contra ETA y los asuntos de corrupción, Robles no dudó en utilizar su puesto de 'viceministra' de Interior -en el macroministerio de Justicia e Interior dirigido por Juan Alberto Belloch- para investigar el secuestro por los GAL de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cuyas torturas y desapariciones forzadas acabaron con la condena de uno de sus subordinados, el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

Otro de los sapos que le tocó gestionar al poco de hacerse cargo fue la detención de Luis Roldán

Otro de los sapos que le tocó gestionar al poco de hacerse cargo de las fuerzas de seguridad fue la detención del exdirector general de ese mismo cuerpo, Luis Roldán, cuya huida a Laos, tras embolsarse casi 14 millones de euros procedentes de los fondos reservados y de comisiones en obras públicas, había causado la dimisión de su antecesor en el cargo, el recientemente fallecido exministro del Interior Antoni Asunción.

Multiples roces por su carácter autónomo

Terminada la última legislatura de González, cuando todavía ocupaba en funciones el cargo que este había reservado para ella, no dudó en criticar la inclusión en las listas del PSOE del exministro José Barrionuevo -por entonces procesado en el caso GAL- para las elecciones de 1996. "Personalmente no comparto esa elección. No está bien", dijo en una entrevista radiofónica. "Pero es una decisión que no debo tomar yo. sino que ha tomado quien debía tomarla".

Ese modo autónomo de actuar también le ha causado múltiples roces entre sus compañeros en la judicatura. Tanto dentro de su asociación, la progresista Jueces para la Democracia, de la que fue una de sus fundadoras, como durante su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (2008-2013), puesto para el que fue propuesta por el PSOE.

En el gobierno de los jueces, Robles huyó de la tradicional división en bloques -progresistas y conservadores- para lograr una posición dominante junto al consejero propuesto por el PP Manuel Almenar. El tándem, al que se unieron otros vocales de uno y otro signo, consiguió que las principales decisiones de ese órgano constitucional pivotaran en torno a ese grupo de afines en el que ella llevaba la voz cantante.

Su modo autónomo de actuar también le ha causado múltiples roces entre sus compañeros en la judicatura

En esa época, resucitó su sonado conflicto con Baltasar Garzón, compañero de promoción y también exsecretario de Estado con Felipe González -época en la que habrían comenzado las desavenencias entre ambos-, conflicto que ella niega. Cuando, en febrero de 2010, el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo Luciano Varela decidió sentarlo en el banquillo por su investigación sobre los crímenes del franquismo, fue Robles la que pidió al entonces presidente del Consejo, Carlos Dívar, que se solicitara informe al fiscal para iniciar el proceso que terminó con su suspensión de funciones.

Garzón la recusó junto a otros dos vocales por "enemistad manifiesta" para que no participara en el pleno del consejo en el que se tomó esa decisión que supuso, de facto, su salida de la judicatura. Ella negó que mantuviera hacia él algún tipo de animadversión, pero concedió que su posición adolecía de falta de apariencia de imparcialidad, al haber ocupado ambos puestos de responsabilidad en el Gobierno de Felipe González, con lo que no participó en la reunión.

Progresismo contra el Gobierno de Rajoy

Ese asunto le procuró los ataques de algunos vocales progresistas, como José Manuel Gómez Benítez, amigo personal de Garzón. También provocó fricciones con algunos de sus compañeros de Jueces para la Democracia. Robles reclamó a la dirección de su asociación que emitiera un comunicado de apoyo a Varela (también miembro de ese colectivo) por las críticas que este estaba recibiendo desde la izquierda por atribuir un delito de prevaricación al juez de la Audiencia Nacional. Sin embargo, su petición cayó en saco roto.

Sus convicciones progresistas la han llevado a oponerse frontalmente a decisiones del Gobierno de Rajoy, como la ley de tasas de Alberto Ruiz-Gallardón, la reforma del aborto o la del propio consejo, que culminó con la llegada a la presidencia del conservador Carlos Lesmes. Sin embargo, algunos de sus compañeros de izquierdas en la judicatura le reprochan haberse saltado en ocasiones su ascendencia asociativa e ideológica y usar su influencia para colocar a jueces de su cuerda en puestos de libre designación.

Margarita Robles se convirtió en la primera mujer que presidió una audiencia provincial, la de Barcelona

Pero, más allá de las polémicas que pueda suscitar, su trayectoria en la judicatura ha sido admirable. Robles ganó la oposición en 1981, con solo 23 años, y pasó por los juzgados de Balaguer (Lleida), Sant Feliú de Llobregat y Bilbao; 11 años después, se convirtió en la primera mujer que presidió una audiencia provincial, la de Barcelona. Luego pasó por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional para dar el salto acto seguido a su actual destino, esa misma sala, pero en el Tribunal Supremo.

Con su designación como número dos de la lista por Madrid, Pedro Sánchez completa su equipo con una mujer de indudable valía, experiencia y capacidad política. Por ello, la decisión del líder del PSOE, en el momento en que ese partido sufre las cotas más bajas de popularidad, ha sido percibida casi unánimemente como un acierto. Su elección, además, es valiente. Porque en el hipotético caso de que lograra formar Gobierno tras las elecciones, Robles, una mujer fuerte y con criterio propio, lo vigilará de cerca.

Su brillante carrera se ha desarrollado casi íntegramente en el templo de la independencia, los tribunales de justicia, donde ha alcanzado lo más alto: un puesto de magistrada del Supremo. Pero Margarita Robles (León, 1957) es una mujer de indudable instinto político. Tanto en los puestos políticos que ha ocupado -subsecretaria de Justicia, secretaria de Estado de Interior y vocal del Consejo General del Poder Judicial- como en su labor como jueza, que nunca le ha impedido posicionarse, siempre desde un punto de vista progresista, sobre los problemas de la Administración de Justicia.

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