La agonía de Unipapel: ERE y 'abandono' en la fábrica de los sobres electorales del 26-J

Cartulinas, carpetas, archivadores, sobres, portaminas, bolígrafos, cuadernos de notas... Es difícil encontrar a un niño en España que en el mes de septiembre, cuando los supermercados y las papelerías rebosan de familias preparando la 'vuelta al cole', no haya tenido en sus manos un cuaderno Guerrero o un Papyrus. Unipapel, el gigante nacional de producción y distribución de material escolar, archivo y de oficina, con varias décadas de historia, vive sus horas más bajas pese a tener pendientes multitud de encargos, entre ellos los sobres electorales para la jornada del 26 de junio.

Los trabajadores de sus tres plantas, situadas en Tres Cantos (Madrid), Aduna (Guipúzcoa) y Logroño, acusan al actual propietario de la empresa, el fondo suizo Springwater, de "estar dejando morir" la fábrica, teniéndola "parada" pese a la gran carga de trabajo existente. Los tres comités de empresa aseguran que el declive de la compañía coincidió con el traspaso en 2014 de Adveo -entonces dueño de Unipapel- al fondo dirigido por Martin Gruschka. Afirman que existen deudas con los proveedores que obligan a la materia prima a "entrar a cuentagotas".

Según explican los empleados, "cuando no falta el papel, falta la tinta o la cola o no funcionan las máquinas industriales", lo que imposibilita el funcionamiento de la factoría. Hasta 10 denuncias por "baja actividad" han interpuesto los trabajadores contra su propia empresa en los últimos meses y desde hace semanas se manifiestan en las distintas factorías con el miedo en el cuerpo de que "abandonen" las plantas. El viernes, la dirección anunció además la puesta en marcha de un ERE que afectará a los tres centros.

Los datos abruman. Solo en la fábrica de Tres Cantos está parado un encargo total de 150 millones de sobres, que equivaldría a la producción normal en el plazo de un mes: 90 millones de sobres son 'especiales' -como, por ejemplo, los que encarga Ana Patricia Botín para la junta de accionistas del banco que preside o el caso de los sobres para las elecciones generales- y 60 millones, 'de serie', para imprentas y tiendas. "No tenemos mecanismos para producir debidamente y los pedidos se están entregando tarde, incumpliendo los acuerdos con los clientes", explican fuentes sindicales de la empresa. Miembros de CCOO aseguran que la caída de la producción en 2015 con respecto a 2014 -antes de que la empresa quedara en manos del fondo- es del 30%.

Y no son pocos los clientes que tiene. Es complicado encontrar una empresa conocida que no sea o haya contratado los servicios de Unipapel. Banco Santander se nutre de los sobres elaborados en sus fábricas, Alcampo tiene pendientes 400 pedidos para llenar sus estanterías de papelería al inicio del curso escolar el próximo septiembre. Igual que La Caixa, Ibercaja, Carrefour Francia o administraciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid a través de un concurso público o la propia Jefatura del Estado, a la que Unipapel también abastece de material de oficina. Con todos ellos están teniendo retrasos irremediables.

A la falta de recursos se une un nuevo drama para los trabajadores: este viernes la dirección de Unipapel transmitió en un comunicado "su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo y suspensión de contratos" que afectará a los tres centros de trabajo de la compañía. Aunque las nóminas hasta ahora no habían corrido peligro, los trabajadores no cobrarán ya la de abril y tampoco recibieron la paga extra del mes de marzo. Según explican los sindicatos, hay un ERTE anunciado que afectará al 100% de los trabajadores y después habrá un ERE que todavía no saben a qué numero de empleados afectará definitivamente. El día 17 de mayo se constituirá la mesa negociadora.

Los representantes de los trabajadores se reunieron hace días con todos los grupos políticos municipales, incluido el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, para que tomaran partido en la situación de la empresa y exijan "seriedad" a la dirección. El objetivo era salvar los 170 puestos de trabajo, la mayoría de ellos de familias tricantinas. Todos los partidos aprobaron en el último pleno una moción de apoyo a los trabajadores que, de momento, no ha dado sus frutos. En la misma situación se encuentran los empleados de la fábrica de Logroño (en torno a 60) y los de Aduna (también 60), que temen ver desaparecer por completo la empresa líder en material de oficina y dejar en la calle a 290 familias.