Mario Conde solo ha devuelto 5 millones del agujero de 22,4 que dejó en Banesto

El arrepentimiento y reinserción de Mario Conde tras la condena a 20 años de cárcel que le impuso el Supremo en 2002 por el saqueo de Banesto ha dejado mucho que desear. Desde ese año y hasta su detención del pasado lunes, el exbanquero solo ha abonado voluntariamente algo más de 4,9 millones de euros de la indemnización de 22,4 millones que le impuso el alto tribunal, según el proceso de ejecución de esa sentencia que, todavía hoy, se sigue contra él en la Audiencia Nacional. Durante todos estos años, la actitud de Conde no se puede considerar en absoluto colaborativa, según fuentes de la Audiencia. Al contrario; él y su entorno han puesto todo tipo de trabas para evitar que se resarciera a la entidad que presidió entre 1987 y 1993. El miércoles fue encarcelado por el juez Santiago Pedraz por el presunto blanqueo de 13 millones distraídos de Banesto mientras lo dirigió.

De los 22,4 millones de euros de responsabilidad civil (las indemnizaciones derivadas de sus delitos) que impuso la sentencia del caso Banesto, 1,8 le correspondía abonarlos personalmente a Conde, mientras que de los 20,6 restantes, respondía conjunta y solidariamente con el ex consejero delegado del banco durante su presidencia y su mano derecha en ese período, Arturo Romaní. La sentencia también condenaba a pagar indemnizaciones a las sociedades Gay Gordon SA, controlada por el exbanquero, y Data Transmision System, propiedad de su socio. En total, las cantidades a pagar al banco, propiedad del Santander desde su intervención el día de los inocentes de 1993, era de 31.808.979, según la sentencia de la Audiencia Nacional de 2000 confirmada dos años después por el Supremo.

En todo el proceso de ejecución de esa condena, solo constan dos pagos realizados de forma voluntaria por Conde para hacer frente a sus deudas con la Justicia, según fuentes de la investigación. El primero se produjo el 23 de marzo de 2004, cuando una de sus sociedades, Las Salcedas SA -ahora investigada como una de las receptoras de los 13 millones blanquedos en el extranjero- hizo una transferencia por un millón de euros a la Audiencia Nacional. El segundo se produjo años después cuando fue el propio Conde personalmente el que ingresó en la cuenta bancaria del tribunal la cantidad de 3,9 millones de euros. La colaboración del exbanquero se redujo pues a los 4,9 millones, es decir, apenas un 22% de lo presuntamente defraudado. Menos, incluso, que lo aportado por su exsocio condenado junto con él, Arturo Romaní, que asciende a 5,4 millones de euros.

El resto de las cantidades que la Audiencia ha logrado recuperar hasta hoy, la Audiencia las ha obtenido de forma coercitiva, es decir, mediante embargos y subastas de bienes e ingresos. Como los 266.128 euros que se han conseguido de las devoluciones de las declaraciones del IRPF del propio Conde y del Impuesto sobre Sociedades de sus empresas. O los 1,3 millones de la subasta de El Cuarto del Rincón, una de sus fincas sevillanas que, a pesar del decomiso de la sentencia del caso Banesto hace 12 años ha logrado conservar hasta hace poco. Al no presentarse un solo postor, fue adjudicada al Santander (el banco que se quedó con Banesto tras su intervención), por la mitad de su precio de salida (2,6 millones) el 30 de julio de 2013.

Es la única finca que se ha logrado subastar de las que se le decomisaron en la sentencia. Porque, con las demás, ha pleiteado hasta la extenuación para lograr que la Audiencia no se las arrebatara. Para ello no ha dudado en cometer flagrantes irregularidades. Como en la Hacienda de los Melonares Bajos, otra de sus fincas sevillanas. La Justicia se la ha embargado, pero no la ha podido subastar porque, a pesar de que estaba bajo administración judicial, Conde la hipotecó por un importe muy superior a su valor de tasación. El Santander -propietario de Banesto- ha intentado que el tribunal anule esa hipoteca presuntamente ilegal, pero, al tratarse de una cuestión civil (no penal), la Audiencia ha remitido al banco a los tribunales de ese orden para que levanten esa carga.

Venta simulada para evitar el embargo

Respecto de Can Poletà, el conjunto de tres fincas que tenía en Pollença (Mallorca) y que también fueron decomisadas por la sentencia del caso Banesto, el exbanquero cometió, según la Audiencia Nacional, un delito de alzamiento de bienes para evitar el pago de sus deudas. El 9 de abril de 2002, dos años después de la sentencia de la Audiencia que lo condenó y solo tres meses antes de la del Supremo que confirmó esa condena, con el comiso ya decretado por el tribunal, la vendió a la sociedad luxemburguesa GI Beteiligung, lo que ha impedido durante años la inscripción del embargo judicial en el Registro de la Propiedad. La Audiencia decidió entonces no perseguir el delito al considerarlo prescrito, pero ahora el juez Pedraz lo vuelve a apreciar.

Un informe de la UDEF encargado por la sección primera de la Audiencia Nacional reveló en 2012 que, en realidad, la venta a esa sociedad de Luxemburgo era una operación simulada para evitar el embargo y el pago de la indemnización. Detrás de GI Beteiligung se encontraba el entorno de Conde, que ha seguido disfrutando de la finca hasta hoy y pagando los recibos. La firma, además, es una de las empleadas por el exbanquero y su círculo para blanquear los fondos estafados a Banesto, según el juez Pedraz. Sin embargo, el abogado de Conde, Fracisco Javier de la Vega, ha presentado decenas de escritos en la Audiencia Nacional para evitar el embargo argumentando que el inmueble ya no pertenecía al expresidente del banco. Desde el miércoles, tanto ese letrado -acusado de ser el cerebro del entramado societario para delinquir- y su cliente duermen en la cárcel de Soto del Real.