El PP suspende de militancia al alcalde de Granada y al concejal de urbanismo

El PP ha suspendido provisionalmente de militancia al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y a la concejal de Urbanismo de esta corporación, Isabel Nieto, detenidos por supuestas actuaciones urbanísticas irregulares.

La Policía registró en la mañana de este miércoles el Ayuntamiento de Granada y un conjunto de domicilios y empresas vinculados con una trama inmobiliaria que, según las primeras investigaciones, se encontraría instalada desde hace años en torno al consistorio. Los registros los llevaron a cabo agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que se trasladaron desde Madrid, en colaboración con la Sección de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada.

En paralelo a los registros, la UDEF detuvo al alcalde de Granada y a la concejala de Urbanismo, de forma temporal, hasta que pasen los registros y se les tome declaración ante la Policía. Posteriormente, Hurtado fue puesto en libertad, pero con cargos. La operación fue coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, dependiente de la delegación provincial del Ministerio Público, y el Juzgado número 2 de la capital granadina, que declaró el secreto de las actuaciones.

[Lea aquí: Torres Hurtado, el alcalde campechano siempre al filo de la navaja]

El citado juzgado ha imputado a 16 personas por su vinculación con esta trama, entre las que destacan el alcalde y la concejala de Urbanismo, además de varios técnicos del consistorio y empresarios que supuestamente se habrían beneficiado de las decisiones relacionadas con la calificación del suelo tomadas por el ayuntamiento.

La Policía ha comunicado a todos ellos su situación como investigados en este proceso judicial y les ha citado para que se presenten ante el juzgado en los próximos días con el fin de ser interrogados por la autoridad judicial. Además, los agentes les tomarán declaración a lo largo del día de hoy con el fin de determinar la participación de cada uno en esta trama que, según los primeros indicios, podría extenderse varios años atrás. No en vano, explican fuentes de la investigación, el 'modus operandi' se ha repetido durante mucho tiempo.

La documentación que los agentes de la UDEF recaben en los mencionados registros ayudará a la Fiscalía, impulsora de la investigación desde el primer momento, a concretar quiénes eran los autores intelectuales de las irregularidades dentro del consistorio, ya que a nivel político el alcalde y la concejala firmaban las recalificaciones, pero eran los técnicos quienes preparaban los informes.

Diferentes delitos de los implicados

No en vano son diferentes los delitos que los investigadores achacan a cada uno de los implicados. Tanto al presidente de la corporación municipal como a la responsable de Urbanismo, el juzgado les imputa los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y prevaricación. Al resto de técnicos del departamento de Urbanismo, además, les atribuye estafa y cohecho. A los empresarios que se han beneficiado supuestamente de esta operativa, el juzgado les acusa de maquinación para variar el precio de las cosas, estafa y falsedad documental, entre otros delitos.

Los investigadores tratan de encontrar más pruebas que demuestren lo que hasta el momento son sospechas muy fundadas, que desde el ayuntamiento se manipulaban las condiciones de los terrenos públicos para que costaran más o menos, según interesase en cada momento, con el fin de permitir que una empresa comprase el suelo a un precio ventajoso y posteriormente, tras las correspondientes modificaciones técnicas, ese mismo terreno experimentara una notable plusvalía.

Terrenos usados para la construcción de edificios o la puesta en marcha de servicios para la comunidad

Las pesquisas se centran en un conjunto de terrenos sobre los que el ayuntamiento ha actuado de este modo y que finalmente fueron utilizados con objetivos muy diversos, como la construcción de edificios o la puesta en marcha de servicios para la comunidad, explican fuentes de la investigación, que inciden en que la trama se ha mantenido durante varios años.

Algunas de las empresas que la UDEF investiga han tenido vínculos con el propio alcalde Torres Hurtado, aunque las fuentes consultadas no terminan de explicar la relación entre el primer edil de la ciudad y las constructoras rastreadas.

Posible prevaricación y tráfico de influencias

El pasado agosto, El Confidencial ya contó que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo había pedido a la Policía investigar al alcalde de Granada por la presunta comisión de ilícitos penales vinculados con una trama inmobiliaria. En concreto, el Ministerio Público se refería a la posible existencia de prevaricación y tráfico de influencias al modificar "sucesivamente" las condiciones de la concesión del concurso del pabellón Mulhacén a un empresario "hasta desvirtuar por completo su objeto", según señaló la Fiscalía en la denuncia que interpuso ante el juzgado.

El Juzgado número 2 de Granada instruye también el conocido como caso Serrallo, que investiga una presunta prevaricación en las supuestas irregularidades urbanísticas en una parcela situada junto al centro comercial Serrallo Plaza, destinada inicialmente a zona verde y donde el consistorio autorizó levantar un espacio de ocio con una pista de patinaje, una discoteca y un restaurante.

Torres Hurtado fue elegido alcalde tras las pasadas elecciones municipales con el apoyo de Ciudadanos, que sin embargo decidió retirar su respaldo al primer edil granadino después de que la concejala Isabel Nieto se viera salpicada por el caso Serrallo y el presidente de la corporación decidiera mantenerla en el cargo. Hoy mismo han declarado que cortan "radicalmente" toda comunición con el PP local. El partido de Albert Rivera argumentó que en el pacto con el PP estaba incluido que cualquier cargo debía dimitir en el momento de ser imputado como medida de regeneración democrática. La imputación de Torres Hurtado ahora, por lo tanto, vuelve a poner al alcalde en una situación política comprometida.

La UDEF ha investigado durante los últimos meses tanto a políticos del PP como de partidos muy distantes ideológicamente, entre los que destacan Jordi Pujol o los líderes de Podemos, Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero. La unidad especializada en delitos económicos indaga aún el patrimonio del expresidente catalán y si la formación morada se financió irregularmente a través de las inyecciones de liquidez de estados como Venezuela o Irán.