Espionaje en el sindicato: imputados dos dirigentes de USO por allanamiento

En la Unión Sindical Obrera se está produciendo una batalla interna a cara de perro. Con la vista puesta en las elecciones a la secretaría general que tendrán lugar en algo más de un año, dos facciones pelean bajo cuerda como si se encontraran en plena campaña. Sin embargo, en algunos casos la lucha por llegar con fuerza y con respaldos a la recta de meta no está siendo precisamente limpia.

En plena búsqueda de miserias del competidor, de hecho, algunos podrían haber sobrepasado la línea de la legalidad, extremo que deberán dirimir los tribunales. El Juzgado número 5 de A Coruña investiga si dos dirigentes del sindicato han intentado espiar o robar información a la parte contraria. La Fiscalía considera que "existen indicios de la posible comisión de un delito contra la intimidad" por "acceder o apoderarse de datos personales registrados en un ordenador ajeno", contemplado en el artículo 197.2 del Código Penal, y de otro de "allanamiento de un despacho profesional", incardinado en el artículo 203.1 del Código Penal.

Los usuarios habituales del ordenador denunciaron que las dos acusadas -Lucía N. B. y Lourdes P. B.- accedieron el pasado 1 de febrero a una dependencia utilizada por ellos "sin contar con ninguna autorización" y registraron la oficina en busca de documentos tanto físicos como digitales. Ambas imputadas, de hecho, han sido llamadas a declarar por el Juzgado número 5 para el próximo 5 de mayo con el fin de que puedan ayudar a esclarecer lo sucedido.

Los usuarios habituales del despacho denunciaron que habían pillado in fraganti a las dos dirigentes de USO espiando su ordenador

Los denunciantes, sin embargo, han decidido desistir de la acusación contra las investigadas, lo cual dejaría previsiblemente vigente únicamente el cargo de allanamiento. "La renuncia del denunciante (...) solo afecta al delito contra la intimidad, por lo que entendiendo [esa renuncia] como una voluntad de otorgar perdón por parte del ofendido, se extingue la acción penal en relación a dicho delito", reclama el fiscal, que deja claro en un escrito presentado ante el juzgado el pasado 31 de marzo que, "no obstante, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de allanamiento de un despacho, delito que no se ve afectado por el perdón del ofendido".

El Juzgado número 5 de A Coruña incoó diligencias previas el pasado 3 de febrero por el delito de allanamiento de morada después de que los usuarios habituales del despacho denunciaran que habían pillado in fraganti a las dos dirigentes de USO espiando su ordenador. En el momento en que los denunciantes encontraron a las dos mujeres en el despacho, comenzó un enfrentamiento verbal que, según ellas, incluso llegó a las manos. No en vano las supuestas asaltantes también denunciaron ante los tribunales a sus descubridores por una presunta agresión.

En paralelo, la comisión ejecutiva confederal de USO abrió expediente disciplinario a los dos supuestos agresores -J. I. B. M. y J. S. D.- por su "actitud irrespetuosa, violenta y agresiva" hacia Lucía N. B. y Lourdes P. B. La dirección del sindicato defiende en ese expediente que el despacho "viene siendo utilizado por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP)", pero que esto no significa "ni que sea de su propiedad exclusiva ni que deba impedirse el acceso al mismo para recoger documentación general".

En el momento en que encontraron a las dos mujeres en el despacho, comenzó un enfrentamiento verbal que, según ellas, incluso llegó a las manos

Las dos imputadas por el Juzgado 5 de A Coruña y la propia comisión ejecutiva confederal de USO alegaron que habían pedido a la secretaria que les abriera el despacho porque necesitaban acceder a información para entregársela a los auditores, que las acompañaron hasta la oficina pero no entraron en la misma, y estaban ahí para realizar "un examen pericial y contable". En el despacho, justifican, estaban "las actas de la gestora de USO Galicia, además de otra información de interés contable, consistente en facturas y documentos varios de las siete sedes" del sindicato en esa comunidad autónoma.

Los afectados, que llamaron a la Policía nada más descubrir el acceso a la oficina, sin embargo, han recurrido el expediente porque, a su juicio, "no se corresponde con la realidad". La secretaria, alegan, inicialmente mostró su sorpresa porque ninguna de las dos imputadas estaba autorizada para utilizar el despacho. Sin embargo, la insistencia de ambas provocó que la mujer terminara cediendo finalmente y les abriera la sala.

Pero no es el caso del allanamiento el único que muestra el enfrentamiento encarnizado que existe entre las dos facciones del sindicato, liderada una de ellas por la actual cúpula y encabezada la otra por el responsable de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la organización, Antonio Duarte, y su entorno, de quienes dependía, de hecho, el despacho supuestamente asaltado.

No es el caso del allanamiento el único que muestra el enfrentamiento encarnizado que existe entre las dos facciones del sindicato

Otro procedimiento judicial muestra la existencia de un enfrentamiento entre las citadas facciones (FTSP y comisión ejecutiva confederal de USO). En concreto, la causa que se sigue también en el Juzgado número 5 de A Coruña por revelación de secretos, abierta también tras una denuncia de FTSP, puso en conocimiento del tribunal que la misma imputada en el caso anterior -Lucía N. B.- había tenido acceso al sumario de la operación Zeta y enviado parte del mismo precisamente a la también imputada en el otro asunto, Lourdes P. B.

Según el denunciante, que cita una noticia aparecida en El Confidencial, estos envíos "evidencian no solo la revelación de correos electrónicos privados con información confidencial, sino la difusión de datos de carácter reservado pertenecientes al sumario de la operación Zeta, actos que sin duda violan el derecho a la intimidad de aquellos que guardan relación con aquella y que por supuesto transgreden el secreto de sumario bajo el que se halla la mencionada operación".

La denuncia refiere también que la remitente de esos correos e imputada en la anterior causa mencionada, Lucía N. B., es funcionaria en excedencia del Juzgado número 6, que precisamente es el que instruye el procedimiento de la operación Zeta. "Por ello se deben solicitar, con el máximo respeto, pero con urgencia, medidas cautelares para la investigación del delito (...); de lo contrario, estaríamos ante una situación que podría afectar al secreto de sumario de la operación Zeta", añade.