El blanqueo de 13 millones estafados a Banesto acorrala a Conde 30 años después

El pasado volvió a buscarle. Los 26 millones de euros indebidamente apropiados mientras fue presidente de Banesto (1987-1993) y de los que nunca más se supo. Las fincas en Sevilla y Mallorca que obtuvo con esos fondos y cuyo decomiso, decretado en 2012 por la Audiencia Nacional, había conseguido esquivar. El último escalón en la caída de Mario Conde, dilatada 30 años, se produjo en la mañana de ayer, cuando la Guardia Civil lo detuvo en Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción creen que el exbanquero habría traído de vuelta y blanqueado más de la mitad del dinero que se estafó durante su mandato -13 millones de euros- a través de un entramado de sociedades creado por él. Los únicos ingresos que constaban eran los de sus intervenciones en los debates de Intereconomía y los derivados de sus libros. Pero hasta esos fondos los canalizaba a través de una firma que no estaba a su nombre.

La primera pista llegada a los investigadores partió del Sepblac. El órgano de inteligencia financiera encargado del blanqueo de capitales dio el chivatazo a Anticorrupción de una operación sospechosa relacionada con Conde en septiembre de 2014. Desde ese momento, esa fiscalía abrió unas diligencias de investigación en las que ha estado trabajando año y medio con la ayuda de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. El resultado fue una querella presentada en la Audiencia Nacional el pasado 29 de marzo por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución (alzamiento de bienes) y ocho delitos contra la Hacienda Pública. La instrucción del caso correspondió por reparto al titular del Juzgado Central 1, Santiago Pedraz, bajo cuya dirección se ejecutó ayer la operación que terminó con la detención del expresidente de Banesto.

La querella de Anticorrupción va dirigida contra Conde y 14 personas más, pero los agentes de la UCO solo hicieron ocho detenciones. Además del exbanquero, los guardias se llevaron a sus dos hijos, Mario y Alejandra, así como al marido de esta, Fernando Guasch Vega-Penichet. También arrestaron al abogado del exbanquero, Francisco Javier de la Vega, del despacho Estudio Jurídico De la Vega, quien, supuestamente, habría ayudado al expresidente de Banesto a crear la estructura empresarial a través de la cual se cometía el presunto blanqueo. Los otros tres arrestados, según fuentes de la investigación, eran presuntos testaferros a cargo de esas empresas. Dos de ellos eran Francisco de Asís Cuesta Moreno y María Cristina Fernández Álvarez.

Tal y como explicó ayer Anticorrupción en un comunicado, los dos casos que llevaron a la cárcel a Conde -Argentia Trust y Banesto- en 1997 y 2000 revelaron que, durante su etapa como máximo responsable del banco (desde 1987 hasta su intervención, el 28 de diciembre de 1993), las apropiaciones indebidas por las que fue condenado el exbanquero ascendieron a 26 millones de euros que nunca aparecieron. "Se tienen indicios de que una parte muy importante de los fondos desaparecidos y no recuperados ha sido blanqueada desde 1999 hasta la actualidad en un montante superior a los 13 millones", aseguraba la nota de la fiscalía.

El método utilizado para traer de vuelta el dinero desde Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Islas Vírgenes y Curaçao era un entramado societario. Los fondos reaparecían en España gracias a supuestas ampliaciones de capital de las empresas que lo conformaban o a través de préstamos ficticios entre ellas. También se han detectado durante estos años ingresos en efectivo en cuentas puestas a nombre de terceros. La investigación también ha revelado cómo algunas de estas mercantiles elaboraban facturas falsas por servicios inexistentes a la sociedad Galloix Holding, con sede en Ginebra (Suiza), desde la que se transferían gran parte de los fondos a nuestro país.

Una de esas firmas era Hogar y Cosmética Española SA, dedicada a la comercialización de productos de belleza y limpieza doméstica con domicilio en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Otra, cuyo objeto social era la fabricación de perfumes, es Demerquisa SA. También se investiga Bernacla SL, una sociedad que en teoría no tiene vinculación con Conde ni su entorno, pero a través de la cual canalizaba sus únicos ingresos conocidos: los obtenidos por su participación en tertulias en Intereconomía y los derivados de su libro 'Los días de gloria'.

Pero además de esas operaciones, la lupa de los investigadores también se sitúa sobre otra maniobra que se hizo a la vista de todos. La sentencia del caso Banesto, de 31 de marzo de 2000, ordenó el comiso de varias fincas del expresidente en Sevilla y Mallorca, al considerar que habían sido adquiridas con el dinero desviado durante los siete años que estuvo al frente del banco. Se trata de la hacienda de los Melonares y los Carrizos de Castilblanco, en aquella provincia andaluza, y Campoleta, un conjunto de otros tres inmuebles situados, según la resolución judicial, en la mayor de las Baleares.

La sección primera de la Audiencia Nacional no ejecutó, sin embargo, ese decomiso hasta octubre de 2012, más de 12 años después. Esa tardanza, y el hecho de que el embargo de esas propiedades no fuera inscrito en el registro, permitió a Conde venderlas a una sociedad radicada en Luxemburgo antes de que el Supremo dictara la sentencia definitiva en 2002. Esas fincas siguieron siendo usadas por el exbanquero y su familia. En ellas trabajaban los mismos empleados de cuando estaban a su nombre y sus gastos eran abonados desde cuentas bancarias que, según los investigadores, estaban relacionadas con su entorno. Otro de los inmuebles que se investiga es el pazo que todavía hoy conserva en Ourense.

Conde llevaba un tremendo tren de vida, poco acorde con los ingresos que declaraba, según fuentes del caso. Tras su detención, se mostró colaborador con los agentes, que ahora se centran en descubrir en qué otros paraísos fiscales se ocultaba todo ese dinero. Los territorios 'offshore' desde los que se enviaban los fondos a Suiza para que acabaran en empresas puestas a nombre de sus testaferros en España. El sistema de ocultación y blanqueo de un dinero obtenido por delitos cometidos hace casi 30 años. Los 26 millones que lo han perseguido durante tres décadas hasta que ayer, finalmente, lo acorralaron. Otra vez. A sus 68 años.