Un concejal de Carmena visitó al decano de los jueces un día antes de ser imputado

El concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, estuvo el pasado lunes 4 de abril durante más de dos horas en el despacho del decano de los jueces de Madrid, Antonio Viejo. La visita, que no fue hecha pública, se produjo tan solo dos días antes de que el consistorio comunicara en nota de prensa que Barbero había sido citado a declarar como investigado en el Juzgado número 47 de Madrid por llamar "fascistas" a los policías municipales que le hicieron un escrache.

Según el mencionado comunicado -enviado el 6 de abril-, Barbero habría recibido la citación el martes 5 de abril, solo un día antes de hacerlo público mediante el citado comunicado remitido a los medios. Sin embargo, el auto del Juzgado 47 tiene fecha de 30 de marzo y el denunciante -el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM)- recibió su notificación el 1 de abril, solo dos días después. Según el ayuntamiento, por lo tanto, el imputado recibió la notificación seis días más tarde y solo una jornada después de visitar al máximo responsable de los jueces de Madrid.

El juzgado abrió la causa tras la denuncia que interpuso el sindicato CPPM -que representa a más de 2.500 funcionarios- contra Barbero por un delito de injurias graves a las fuerzas de seguridad tipificado en los artículos 504.2 y 211 del Código Penal. La organización aseguró que llevaría ante los tribunales "toda actitud que atente" contra sus derechos, "al margen de la ideología o color político del que provengan". "Nuestra única ideología es la defensa de nuestra profesión", indicó CPPM en el comunicado que anunciaba la interposición de su demanda judicial, que fue presentada dos días después del escrache.

Más de 300 policías municipales se concentraron el pasado 16 de febrero en la plaza de la Villa para protestar contra la "falta de diálogo" entre los funcionarios y la concejalía. La masa fue siguiendo al edil por toda la calle Mayor al tiempo que le gritaba "dictador" y otras consignas -'menos abrazos, más seguridad', 'llama ahora a las uces' o 'sí se puede'- que no sentaron nada bien a Barbero, quien tuvo que refugiarse en un bar junto al director de la Policía Municipal, Andrés Serrano.

Por la tarde de ese mismo 16 de febrero, el concejal de Seguridad protagonizó una rueda de prensa en la que calificó lo ocurrido como un "acoso y no un escrache" y pronunció las palabras que provocaron la posterior denuncia de CPPM. "La Policía Municipal hace un trabajo fantástico, lo llevo defendiendo desde que estoy aquí. Hacen un trabajo tanto en el ámbito de perseguir los delitos como en el de facilitar la convivencia; y además yo cada día, en este sentido, estoy más satisfecho. Ahora, la imagen que han dado ese grupo pequeño, bueno, pues a mí a lo que más se me asociaba, básicamente, es a esos grupos de fascistas que hemos visto en algunas ocasiones, pero insisto que es un grupo pequeño el que ha hecho ese tipo de expresiones tan deleznables".

El juzgado abrió la causa tras la denuncia que interpuso el sindicato CPPM contra Barbero por un delito de injurias graves a las fuerzas de seguridad

En una carta abierta al concejal firmada por CPPM, la organización sindical le recriminó sus palabras antes de poner la denuncia. "Debería ser más moderado en sus manifestaciones y no embriagarse hablando con palabras tan fuertes como fascista y mentiras como agresión", rezaba la misiva. Los policías municipales, continuaba la carta, ejercieron su derecho a protestar en la vía pública después de contar con la autorización de la Delegación del Gobierno. "Estudie los motivos que han llevado a manifestarse a trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, con bastantes más años que usted de servicio en esta Administración y con un reconocido servicio por la ciudadanía", reclamó el sindicato.

La protesta de los policías se produjo con motivo de los cambios que el concejal Barbero ha ido realizando en la Policía Municipal unilateralmente, sin negociación con las fuerzas sindicales, desde que fue nombrado por la alcaldesa, Manuela Carmena. Estas reformas, que han afectado a la estructura de la corporación, tuvieron su punto álgido con la eliminación de las Unidades Centrales de Seguridad (UCE), más conocidas como los antidisturbios del cuerpo, y el traslado de sus efectivos a otras unidades.