Una agencia de control político de PSOE y Podemos con funciones policiales en Aragón

El Gobierno autonómico de Aragón que preside el socialista Javier Lambán gracias a los votos de Podemos, CHA e IU impulsa una ley de "integridad y ética pública" para crear una especie de 'policía política' interna contra la corrupción. El nuevo "ente", calificado de agencia, y sus agentes tendrán facultades para acceder a datos privados, hacer registros e interrogatorios o juzgar el comportamiento de altos cargos, funcionarios y en, algunos casos, de los particulares que traten con la Administración.

El texto que se tramita ya en las Cortes regionales, enunciado como panacea para prevenir y acabar con la corrupción, diseña el nacimiento de una "agencia de integridad y ética pública" como "ente comisionado" de la Cámara regional, con su director, tres subdirectores (de evaluación, de investigación y de régimen interior) y personal (funcionarios) con un estatuto especial de "denunciante protegido" y la condición de "agente de la autoridad".

El ente "con potestades de investigación" e inspección podrá acceder a "cualquier información que se halle en poder de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sujetas a su ámbito de actuación", según reza el artículo 15 del proyecto de ley. En el caso de los particulares se hace la salvedad de que la agencia "se limitará estrictamente a su actividad relacionada con las entidades del sector público en Aragón".

Al margen de (o en paralelo a) las funciones de los tribunales ordinarios, la Agencia Tributaria, las fuerzas de seguridad del Estado o el Tribunal de Cuentas, la agencia ideada por socialistas y podemitas vendrá a superar la práctica de luchar contra la corrupción "con el mero impulso de las actuaciones judiciales". Lambán propone ir más allá y tener vigilados con los nuevos agentes de la autoridad autonómica, y en directo, a todos los representantes políticos, funcionarios, particulares y empresas que se mueven en el ámbito de su Comunidad.

El texto incluye con todo detalle las facultades que quiere atribuir a la agencia sin tener en cuenta los derechos fundamentales recogidos en la Constitución con el fin de actuar contra el fraude, la corrupción "y de cualquier otra actuación que, en perjuicio de los intereses generales, infrinja los códigos de conducta y de buen gobierno". De entrada, los agentes podrán hacer registros en cualquier local o entidad pública de Aragón para recabar cualquier información que consideren de su interés.

Los nuevos comisarios autonómicos también se atribuyen la posibilidad de acceder a las cuentas bancarias de sus acusados y copiar documentos

Además, los funcionarios podrán practicar los interrogatorios "que se estimen convenientes" tanto en las dependencias del sector público como en la sede que se fijará para la agencia. Eso sí, como si fuera un tribunal, el sospechoso de corrupción a juicio de los agentes tendrá derecho a ser asistido "por la persona que ellos mismos designen".

Los nuevos comisarios autonómicos también se atribuyen la posibilidad de acceder a las cuentas bancarias de sus acusados por si han podido efectuar "pagos o disposiciones de fondos relacionados con procedimientos de adjudicación de contratos del sector público u otorgamiento de subvenciones públicas". También podrán copiar los documentos que quieran "cualquiera que sea el soporte en que estén almacenados".

El texto concluye que de las pesquisas, interrogatorios e incautación de documentos se podrán derivar "medidas cautelares", así como recomendaciones, informes y "comparecencias ante la comisión parlamentaria competente", que pasaría así a constituirse en una especie de tribunal de la agencia.

El director del cuerpo de control interno será elegido por las Cortes, deberá "tener la condición política de aragonés" y contar con diez años de experiencia

Según la ley en tramitación, el director del nuevo cuerpo de control interno será elegido por las Cortes, deberá "tener la condición política de aragonés", contar con diez años de experiencia "en el ámbito funcional de la agencia" y tendrá un mandato de seis años.

Javier Lambán, presidente del Ejecutivo promotor de la iniciativa legislativa sin paragón en España, fue elegido jefe del Ejecutivo autonómico el verano pasado, después de quedar segundo en las elecciones tras el PP, gracias a los votos propios (del PSOE), los de Podemos y el resto de la izquierda: los nacionalistas de la CHA e IU. Con esos mismos apoyos sacó este año adelante el proyecto de presupuestos y tendrá ahora que impulsar su "agencia de integridad y ética pública".