El nuevo frente judicial contra Bankia se abre desde un local okupado de Chamberí

La cita es en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Morada. Pasadas las siete de la tarde del jueves comienza la asamblea-rueda de prensa. Una veintena de personas, entre ellos varios jóvenes e inmigrantes latinoamericanosy un periodista escuchan las explicaciones de los abogados Liliana Pineda y Pedro Martí. La reunión del Tribunal Ciudadano de Justicia, un grupo de trabajo del 15-M que, desde 2012, investiga "la gran estafa que ellos llaman crisis", tiene ambiente de celebración. El juez José de la Mata acaba de admitir a trámite su querella contra Blesa y una veintena de directivos de Caja Madrid por la sobretasación de inmuebles por parte de esa entidad y la concesión de hipotecas a personas sin apenas recursos. Un juez, al fin, da amparo, aunque sea inicialmente, a sus tesis, forjadas tras años de asambleas ciudadanas. Es hora de explicar el hito que acaba de producirse en la Audiencia Nacional.

La comparecencia se produce en la primera planta del edificio, la antigua sede del NO-DO, en una sala desvencijada en la que no hay dos sillas del mismo modelo. Al fondo hay unos colchones apilados y las paredes están llenas de grafitis. No hay calefacción, por lo que algunos asistentes se quejan del frío. En el centro, tras un viejo pupitre de color verde, Pineda y Martí comienzan a dar explicaciones no sin antes dar las gracias a todas las asambleas que han participado en el proyecto. "Hemos llegado aquí gracias al éxito de la gestión horizontal y participativa", explica Martí. También gracias "al principio básico del 'no dinero", continúa el abogado. "Todo se ha gestionado únicamente con el propio trabajo de los compañeros", añade.

Porque, según explica el letrado, todo se ha fraguado en esas asambleas. A ellas, según Martí, acudieron los "fiscales, inspectores, economistas y abogados" que les han asesorado. Fue en esas reuniones en las que se recabaron numerosos préstamos hipotecarios concedidos a personas sin una situación económica solvente que sirvieron para llegar a la conclusión del escrito presentado en la Audiencia Nacional: que la sobretasación de inmuebles y la concesión de hipotecas a clientes con pocos recursos fueron "una práctica sistemática" con la que los banqueros estafaron a los bancos y cajas que luego hubo que rescatar. Las "subprime españolas", como apunta uno de los asistentes con la aprobación de los demás. De esas reuniones salieron también los dos querellantes, que pudieron serlo al haber comprado acciones de Bankia tras su salida a Bolsa.

"Esos préstamos concedidos de forma indebida, cuando comenzaron los impagos se convirtieron en pérdidas", continúa Martí. "Esas pérdidas, inicialmente, trataron de cubrirse con las participaciones preferentes, pero como no lo logran, salen a Bolsa". Ese proceso, prosigue el letrado, terminó con "el rescate" de varias entidades. El más importante de ellos fue el de Bankia, al que hubo que inyectar 24.000 millones de euros. Según De la Mata, ese reflote pagado con dinero público causó un enorme impacto en la economía que, a su juicio, justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar el caso. Pero los abogados no descartan ampliar la querella a otras entidades en un futuro.

Esta asamblea-rueda de prensa es participativa. Algunos de los asistentes piden la palabra antes de que Martí haya terminado con su alocución. Una señora pregunta si solo pueden personarse los accionistas,si podrían hacerlo trabajadores de banca, desahuciados o "ciudadanos que han contribuido al rescate con sus impuestos". Los abogados tratan de impedir que se presenten por sus propios medios en el juzgado de De la Mata. "Que vengan a la asamblea para no debilitar la acción. Aquí estudiaremos cada uno de esos casos", responde Liliana Pineda. Otro asistente quiere saber si el caso podría llegar a exonerar a los hipotecados con dificultades para pagar. "La estafa es a los bancos", responde la abogada. "El sistema era engañar a la gente diciéndoles que habían comprado una casa por un valor muy superior al real".

"Estamos sometidos y condicionados por la Fiscalía Anticorrupción", que se opuso a la apertura de la investigación judicial, señala la abogada

Pineda informa del alcance de la admisión a trámite de la querella y lo que va a pasar desde ahora. Explica que los delitos que imputa a los directivos de Caja Madrid son los de estafa, administración desleal, falsedad y asociación ilícita, lo que, a su juicio, da una idea "de la importancia de que la hayan admitido". Después relata que el próximo paso es un período en el que los querellados, entre ellos el expresidente Miguel Blesa, tendrán que declarar como investigados ante el juez.

La letrada desgrana también el principal escollo con el que la investigación se puede encontrar. "Estamos sometidos y condicionados por la Fiscalía Anticorrupción", que se opuso a la apertura de la investigación judicial. Esa fiscalía, según Pineda, es "la portavoz de los intereses de los querellados". "Es el momento de poner en evidencia esta actuación impropia del Ministerio Fiscal", añade. En su escrito, Anticorrupción afirmó que debía rechazarse la querella porque la sobretasación de inmuebles era "una práctica generalizada" durante la burbuja. "Que esto no sepersigue porque lo hace todo el mundo", explica a los asistentes Pineda. "Si es un robagallinas, sí;si es un baquero, no", añade. Los asistentes asienten.

La admisión a trámite ha sido aplaudida por el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, que en Twitter escribió:"Un paso más hacia la justicia". También el concejal madrileño de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato (Ahora Madrid) felicitó al Tribunal Ciudadano de Justicia. "Gran trabajo", escribió en esa misma red social. A las ocho y media de la tarde se da por terminada la asamblea. Algunos de los presentes aplauden. Otros, agitan sus manos.