Interior asignará 200 guardias civiles de la nueva promoción a proteger nucleares

El Gobierno anunció hace dos semanas que en la próxima convocatoria de empleo público se ofrecerán 1.799 nuevas plazas para ingresar en la Guardia Civil, pero no todos los futuros agentes se dedicarán a las funciones que tradicionalmente desarrolla el Instituto Armado. El Ministerio del Interior ha decidido que en torno a 200 guardias civiles de la promoción de 2016 formen parte de una nueva sección del cuerpo que se encargará de proteger las centrales nucleares de todo el territorio nacional para mejorar su nivel de protección, según han confirmado a este diario fuentes del departamento que dirige en funciones Jorge Fernández Díaz.

El refuerzo se producirá en plena ofensiva yihadista contra estas instalaciones de alto riesgo. Los investigadores han descubierto que la célula del Estado Islámico que atentó en París y Bruselas había tomado imágenes del director del programa de investigación y desarrollo nuclear de Bélgica con la presunta intención de atacar alguna de las siete centrales que operan en ese país. Además, los expertos en terrorismo yihadista y el Parlamento Europeo han advertido en numerosas ocasiones de que las plataformas nucleares se encuentran entre los objetivos preferidos por el Estado Islámico por las graves consecuencias de un ataque.

Hasta ahora, la vigilancia de las siete centrales españolas estaba en manos de la seguridad privada, que se encargaba de la protección interior y perimetral. Pero las empresas que explotan las plantas solicitaron a principios de 2015 al Ministerio del Interior que fuera la Guardia Civil la que realizara esa labor y aseguraron que correrían con los gastos que generara ese nuevo dispositivo en el erario público. Interior accedió a la petición por la relevancia de esas instalaciones para la seguridad nacional y llegó a un acuerdo con Hacienda para crear una tasa que permitiera sufragar el aumento de la plantilla del Instituto Armado, necesario para ejercer ese nuevo cometido. Finalmente, las centrales pagarán a Interior a través de Hacienda 61.000 euros al año por cada agente, tras una enmienda introducida por el PP en la Ley General Tributaria en julio del año pasado.

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El dispositivo operará en 2017

Según han precisado fuentes de la cartera de Fernández Díaz, el objetivo es que la vigilancia de las plantas nucleares sea asumida íntegramente por la Guardia Civil en 2017, cuando concluya el periodo de formación de los 200 agentes que saldrán de la oposición de este año para realizar específicamente ese servicio. Interior había estimado que la vigilancia de las centrales requería 500 nuevos efectivos, pero Hacienda redujo la solicitud un 60%. Con todo, los 1.799 agentes que entrarán en 2016 conformarán la convocatoria de plazas del Instituto Armado más elevada desde 2009, cuando accedieron al cuerpo 2.283 funcionarios. Desde entonces, la restricciones presupuestarias redujeron la oferta al 10% de la tasa de reposición. Solo subió el año pasado, con un aumento hasta el 50% de la tasa de reposición.

El acuerdo entre Interior y la patronal nuclear no solo afectará a las siete centrales que hay en activo en territorio nacional. También contempla que la vigilancia de la Guardia Civil se extienda en el futuro al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta radiactividad que se está construyendo en Villar de Cañas (Cuenca), por las consecuencias que tendría cualquier intrusión en esas instalaciones.

Plan de la industria nuclear

La industria nuclear dispone desde 2014 de un plan sectorial específico dentro del Sistema Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, un programa que afecta a diferentes sectores de la economía (energía, transportes, telecomunicaciones, finanzas…) y que tiene como objetivo garantizar la seguridad de todas las instalaciones consideradas imprescindibles para el normal funcionamiento del país. En el caso de las centrales, por sus especiales características, el plan del sector no solo tiene en cuenta los efectos económicos que tendría la paralización de una planta, sino también las implicaciones para la salud y el medioambiente de una fuga incontrolada como consecuencia de un atentado o un acto de sabotaje.

El Plan de Prevención y Protección Antiterrorista de la Secretaría de Estado de Seguridad también contempla medidas reforzadas de vigilancia de las centrales nucleares en caso de amenaza terrorista. Desde junio de 2015, está en vigor en España el nivel 4 de alerta, reservado para situaciones de amenaza alta y solo una fase por debajo del máximo nivel contemplado por la normativa.

Este jueves arrancó en Washington la IV Cumbre de Seguridad Nuclear mundial, que concluirá hoy. En esta edición, los países participantes pondrán el acento en la amenaza terrorista, más aún tras el descubrimiento de los planes de la célula de Bruselas. También se abordará el riesgo de que materiales radiactivos para usos hospitalarios, industriales o de investigación sean utilizados por el Estado Islámico para la construcción de un artefacto con material nuclear, es decir, la famosa bomba sucia. Mariano Rajoy iba a acudir a la cita pero, debido a la situación de interinidad del Gobierno, finalmente está representando a España en la cumbre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.