Acuamed ofrece la readmisión a las empleadas cesadas por denunciar la trama

Acuamed, la empresa pública acusada de inflar el presupuesto de obras hidráulicas a favor de contratistas como FCC y Acciona, ha ofrecido la readmisión en la empresa a la exgerente de Cataluña y Levante, Gracia Ballesteros, y a la exdirectora de obra Azahara Peralta. Ambas trabajadoras de la sociedad dependiente del Ministerio de Agricultura fueron despedidas tras denunciar a sus superiores las presiones que recibían de dos de los directivos encarcelados -el exdirector general Arcadio Mateo y la exdirectora de Ingeniería y Construcción Gabriela Mañueco- para inflar certificaciones y liquidaciones de obra así como para intervenir en el amaño de contratos.

La oferta se ha realizado esta mañana en el juzgado de lo Social 19 de Madrid. Ballesteros estaba citada para su juicio por despido, al que también estaban convocados Mateo y Mañueco -que han declarado por videoconferencia desde prisión- así como otros cargos del Ministerio de Agricultura. Entre los testigos estaba el exsubsecretario de la Presidencia y anterior secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, al que se ha permitido declarar por escrito, y el exdirector de Construcción que llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción, Francisco Valiente, y que también fue despedido. La oferta de readmisión la han ofrecido los abogados de Acuamed durante el acto de conciliación previo al juicio.

Sin embargo, Ballesteros la ha rechazado. La readmisión estaba condicionada a una pequeña sanción que, fuentes cercanas al caso han calificado como "simbólica", de unas semanas de suspensión de empleo y sueldo. La negativa de la exgerente de Acuamed ha motivado que, finalmente, se celebrase el juicio. El juez, a petición de la empresa, de la trabajadora y del fiscal -que estaba presente al existir también una denuncia de esta hacia Mateo y Mañueco por acoso laboral- ha acordado que la vista fuera a puerta cerrada al apreciar que la investigación que sigue el juez Eloy Velasco contra estos y varios cargos de constructoras en la Audiencia Nacional sigue estando secreta.

Ballesteros denunció por carta las irregularidades y el acoso al que la sometían sus superiores ante el exsecretario de Estado de Medio Ambiente Federico Ramos y su sucesor en el cargo Pablo Saavedra. En sus escritos contó como Mateo y Mañueco la presionaron para que la empresa Altec-Altyum obtuviera una buena puntuación técnica en el concurso de las obras de abastecimiento de agua potable de Campello-Mutxamel (Alicante), una de las que investiga el juez Velasco. Ante la negativa de la gerente, se modificaron los informes eliminando su firma. Altec-Altyum fue finalmente la adjudicataria. Su presidente, Nicolás Steegman, está ahora en la cárcel por orden del instructor.

Otra de las maniobras de Mateo que denunció fue las presiones recibidas de Arcadio Mateo para que incrementara en un 10% (casi dos millones de euros) la liquidación de obra de la presa antiavenidas del Río Serpis, en Valencia. Ballesteros explicó que se negó rotundamente debido a que la dirección de la obra aseguraba que esa liquidación debía ser negativa. La respuesta de Acuamed fue cesarla a ella de su cargo, así como al denunciante del caso en Anticorrupción, Francisco Valiente, al director de la obra y al jefe de departamento, todos los que tenían que firmar esa liquidación. Esa operación también está siendo investigada por Velasco.

Pero, además, Ballesteros denunció el ostracismo al que la sometieron tras sus negativas a actuar de forma ilegal. Explicó que tanto Mateo como Mañueco difundieron rumores sobre su profesionalidad para desacreditarla creando un círculo de aislamiento a su alrededor y reduciendo su trabajo prácticamente a cero, lo que, finalmente, terminó con su despido el 30 de julio de 2015.

El caso Acuamed investiga los sobrecostes y amaños de contratos en varias obras de esa empresa pública. El auto por el que el juez Velasco envió a prisión a Mateo, Mañueco, al sustituto de Ballesteros, Pablo Martín Mira, y al empresario Nicolás Steegman el pasado 20 de enero, señala pactos "a muy alto nivel" entre cargos de Agricultura y FCC para compensar indebidamente a la constructora con 40 millones de euros. Entre los proyectos investigados se encuentra la mayor obra de descontaminación de la historia de España, la del pantano de Flix (Tarragona) y la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora en Almería.