La UDEF investiga los 'crowdfundings' de Podemos ante las sospechas de blanqueo

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la presunta financiación irregular de Podemos ha situado el foco en las donaciones anónimas que ha recibido el partido desde su fundación en enero de 2014. Los agentes encargados de las pesquisas están tratando de identificar a los autores de los numerosos pagos que captó la formación de Pablo Iglesias a través de campañas de 'crowdfunding' o micromecenazgo, ante la sospecha de que sus dirigentes pudieron elegir esa forma de financiación para canalizar la entrada en su caja de dinero de procedencia desconocida, según fuentes próximas al caso consultadas por El Confidencial.

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Los expertos de la UDEF tratan de determinar si los responsables de esas donaciones disponían de recursos suficientes para poder efectuar esos pagos. Fuentes cercanas a la investigación han precisado que las indagaciones han permitido localizar multitud de pequeñas contribuciones voluntarias a Podemos que ni siquiera alcanzan los 100 euros. Pero los agentes también han descubierto transferencias de hasta 4.000 euros que habrían sido ordenadas por individuos que aparentemente no disponían de los ingresos necesarios para efectuar aportaciones de ese volumen. Los encargados del caso trabajan ahora para averiguar el origen exacto de ese dinero que habría terminado en las arcas de la fuerza emergente.

La UDEF cree que los máximos responsables de Podemos pudieron recurrir a personas de su entorno para lavar fondos de origen irregular fraccionándolos

Según ha podido saber este diario, la UDEF cree que los máximos responsables de Podemos pudieron recurrir a personas de su entorno para lavar fondos de origen irregular fraccionándolos en aportaciones al partido de menor cuantía realizadas desde cuentas corrientes aparentemente inocuas para que no levantaran sospechas. Se trataría del conocido como método del 'pitufeo', la misma mecánica que presuntamente habría empleado el Partido Popular de Valencia para financiar sus campañas electorales con dinero de la corrupción. Nueve de los 10 concejales del PP en el consistorio valenciano están imputados por blanqueo de capitales por realizar aportaciones de 1.000 euros con fondos opacos.

El Tribunal de Cuentas halló irregularidades

Podemos ha sido más transparente a la hora de informar sobre sus campañas de 'crowdfunding'. Ofrece regularmente en su página web datos sobre el dinero que recauda por esa vía. Sin embargo, siempre ha mantenido en secreto la identidad de sus donantes y tampoco ha aclarado el origen de cada una de esas aportaciones. El Tribunal de Cuentas ya denunció que el partido gastó en los comicios europeos de mayo de 2014 -la primera cita electoral a la que se presentó- un total de 102.180 euros salidos de cuentas corrientes distintas a las que previamente había consignado para gastos electorales. Otros 50.000 euros habían sido aportados por contribuyentes anónimos, ocultados incluso al Tribunal de Cuentas.

Además de en esa cita, Podemos recurrió al micromecenazgo para recaudar los 132.155 euros que supuestamente empleó para costear su acto fundacional en la cubierta de Vistalegre, en octubre de 2014. También ha utilizado las microdonaciones para conseguir 10.043 euros para presentar una demanda contra Esperanza Aguirre; recaudar 24.440 euros para la elaboración de encuestas internas para las elecciones autonómicas y municipales de 2015; otros 32.885 euros para costear su ruta por el cambio de la precampaña de las generales, y 119.590 euros para financiar el envío de papeletas electorales para el 20-D, entre otras iniciativas.

Investigación sobre los fondos de Irán

El rastreo del 'crowdfunding' es una de las líneas de investigación en las que está trabajando la UDEF desde el pasado noviembre para determinar si los dirigentes de Podemos utilizaron dinero de gobiernos extranjeros para fundar la formación y financiar su actividad ordinaria durante sus primeros meses de vida. Como adelantó este diario, las averiguaciones de la sección de delitos económicos de la Policía han tomado como punto de partida el informe de inteligencia PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que se centra en las transferencias que presuntamente habrían efectuado Irán y Venezuela para contribuir el sostenimiento económico de Podemos a través de empresas, asociaciones y fundaciones vinculadas a la formación. En total, según el informe PISA, el partido de los círculos habría recibido más de cinco millones de euros de esos dos países.

Los agentes de la UDEF están centrándose en determinar si de los hechos apuntados por ese documento y de sus propias averiguaciones se desprenden responsabilidades penales suficientes para solicitar la apertura de un procedimiento judicial que determine si Podemos se financió ilegalmente. Las conclusiones preliminares de los expertos en delitos económicos de la Policía quedarán reflejadas en un informe que será remitido posteriormente a la Fiscalía para que esta valore si procede el inicio de actuaciones.

El rastreo del 'crowdfunding' es una de las líneas de investigación para determinar si utilizaron dinero de gobiernos extranjeros para fundar la formación

Diligencias por la vía administrativa

Además, como reveló El Confidencial, la UDEF también ha remitido el informe PISA al Tribunal de Cuentas para que el órgano encargado de fiscalizar la contabilidad de los partidos determine si lo reflejado en ese documento podría implicar infracciones de carácter administrativo. La financiación con fondos de un Gobierno extranjero está prohibida desde 2007, pero no se empezó a calificar como delito hasta la reforma del Código Penal que entró en vigor a partir del 1 de julio de 2015. El grueso de las averiguaciones de la Policía ha tomado como punto de partida esa fecha, pero el Tribunal de Cuentas ya ha anunciado que revisará la entrada de dinero en Podemos para aclarar si, antes de ese cambio normativo, también pudo recibir ayudas irregulares del exterior que sean perseguibles dentro de su jurisdicción.

Desde abril de 2015, la aportación de una persona física a una campaña de financiación participativa no puede rebasar los 3.000 euros. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió regular el 'crowdfunding' en febrero 2014 con la aprobación de la nueva Ley de Fomento de Financiación Empresarial que estableció por primera vez las reglas de juego para esa vía de captación de fondos.