Protección de datos indaga si la AN controla los movimientos de su personal y las visitas

Las enormes medidas de seguridad que se han instalado en el nuevo edificio de la Audiencia Nacional, en la calle Génova, ha comenzado a dar problemas. Un abogado, José Luis Mazón, ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos en la que asegura que el sistema de acceso elegido, mediante tarjetas electrónicas que abren las puertas de las diferentes dependencias del inmueble, permite a la policía hacer un rastreo de los movimientos de los jueces, fiscales y demás funcionarios que allí trabajan así como de los abogados, testigos, periodistas y público que lo visitan cada día. La agencia ha admitido la denuncia y ha abierto una investigación para comprobar si esos hechos son ciertos.

La denuncia sostiene que, mediante ese sistema de acceso, se puede crear "un fichero ilegal" que permitiría la intromisión de la policía en la vida privada. Las tarjetas electrónicas, que tienen todos los funcionarios del tribunal y que se facilitan a los visitantes en el acceso tras decir el juzgado, sección, fiscalía u oficina a la que se dirigen, permiten, según el denunciante "seguir el rastreo a todo usuario de sus movimientos". Ese sistema de control, según el abogado, es "más grave aún en el caso de los empleados ya que se registra en un fichero carente de base legal su itinerario de horas y lugares por donde se desplazan al tener que utilizar la tarjeta electrónica para ciertos accesos".

"Como abogado", relata el documento, "tengo que coger una ficha programada para la planta a la que voy. Esta ficha permite ir guardando los movimientos de las puertas con dispositivo de control electrónico a las que tengo que acceder, de modo que se me hace un seguimiento", mantiene el letrado. "Una cosa es que sea razonable controlar los accesos y otra el seguimiento histórico o su transmisión a una base de datos", añade. La primera vez que se accede al edificio, cada visita está obligada ha hacerse también una foto para el fichero policial.

La Agencia de Protección de Datos ha respondido a la denuncia abriendo una investigación. Se trata, según su respuesta de "actuaciones de inspección". Esas pesquisas, que tendrán una duración máxima de 12 meses, tienen por objeto determinar si existe ese control de movimientos y, en su caso, si debe abrirse un procedimiento sancionador por ello. Además, buscan identificar "la persona u órgano que pudiera resultar responsable".

Críticas al nuevo edificio

El sistema de acceso mediante tarjetas electrónicas se puso en marcha con la apertura del nuevo edificio, en octubre de 2015. Tanto en el viejo inmueble como en el que se utilizó de forma transitoria mientras se acababan las obras, el de la calle Prim, los funcionarios transitaban con total libertad con la única condición de llevar encima su acreditación como personal de la casa. Las visitas tenían que identificarse a la entrada y decir a la policía a qué dependencia concreta se dirigían, aunque, en la práctica, nada impedía que accedieran a otras.

El nuevo edificio también ha suscitado las críticas de los seis jueces centrales de instrucción del tribunal. El pasado noviembre ya denunciaron los "problemas y graves disfuncionalidades" que, a su juicio, causa a su trabajo diario. Entre ellos, el reducido espacio destinado a los funcionarios de cada juzgado, la ausencia de salas de espera para el público, el tamaño reducido de las nuevas salas de declaraciones que no permiten celebrar allí las correspondientes a macrocausas, la falta de salas de reuniones para los jueces, fiscales y fuerzas de seguridad... La construcción del nuevo inmueble costó al Ministerio de Justicia 29 millones de euros.