Sánchez tensa la relación con Rajoy a cuenta de la crisis de los refugiados en la UE

El Gobierno ya ha dejado claro que Mariano Rajoy no comparecerá en el Congreso para explicar la posición que España adoptará en el Consejo Europeo de la semana próxima sobre la política de refugiados. Está en funciones y no puede ser controlado por una Cámara que no le dio su confianza. Pero el PSOE no se da por vencido. Ahora aumenta la presión: su secretario general, Pedro Sánchez, envió esta tarde una carta al jefe del Ejecutivo para exigirle que reconsidere su posición y acuda al pleno, porque esa cita es "insoslayable". El Gobierno, sin embargo, ya ha dicho que mandará al Congreso al secretario de Estado para las relaciones con la UE y que intentará buscar un consenso con los grupos.

[Consulta aquí en PDF la carta de Sánchez al presidente en funciones]

Sánchez remitió su misiva a Rajoy sobre las 17 horas de este viernes, cuando ya la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, había expuesto la visión del Ejecutivo en la rueda de prensa que siguió a la reunión del Consejo de Ministros. En el escrito, el líder socialista que los acuerdos adoptados el pasado 7 de marzo en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión con Turquía -para devolver al país asiático a todos los inmigrantes irregulares y refugiados, incluidos los sirios, que lleguen a Grecia- están generando una "fuerte conmoción en la opinión pública" de la mayor parte de los países europeos. Por varias razones, cuando se pone sobre la mesa la "posible ilegalidad" de lo pactado, porque se adopta una línea que "se desmarca abiertamente de las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo a lo largo de 2015", porque supone una "omisión de responsabilidad" de la UE respecto del "respeto y promoción de los derechos humanos" y porque se pone en riesgo uno de los "ideales fundacionales de la Unión: su compromiso con la dignidad de todos los seres humanos".

"Repulsa y rechazo"

Esa opinión, recuerda Sánchez, es compartida por la mayoría de las fuerzas parlamentarias del Congreso, como han reflejado los medios. Igual que los españoles han dado "pruebas" de su "solidaridad" frente al drama de los refugiados que cruzan miles de kilómetros para huir de la guerra, el terrorismo y la persecución política.

No es admisible que acuda al Consejo Europeo a defender una posición que sólo cuenta con el apoyo de su partido. Compromete el margen de actuación del próximo Gobierno y de España

El secretario general subraya que su partido ya reprobó al Gobierno su "cicatería" de su posición inicial sobre la acogida de refugidos, y le censuró que hubiera "asumido" la decisión adoptada el 7 de marzo y que "parece" que "está decidido a formalizar" en el Consejo Europeo de los próximos días 17 y 18.

Si su condición de Ejecutivo en funciones "le está llevando, como no podía ser constitucionalmente de otro modo, a limitar su actuación a la mera gestión de los asuntos ordinarios", argumenta Sánchez, "no es admisible que acuda usted al Consejo Europeo a defender una posición que sólo cuenta con el apoyo de su propio partido". Y razona que no es admisible porque "si lo hace así, no sólo estará comprometiendo el margen de actuación del próximo Gobierno, sino que estará comprometiendo a España con una política que, para el conjunto de la oposición, sólo merece rechazo y repulsa". Los socialistas ya presentaron esta semana una proposición no de ley en la que pedía al Ejecutivo que no admitiera el acuerdo con Turquía e instase a la UE a reconsiderarlo.

Sánchez entiende que la comparecencia del presidente es "insoslayable, sin que quepa argumentar que el Gobierno en funciones no está sometido al control de una Cámara que no le otorgó, en su día, su confianza". Defender ese criterio, como ha venido reiterando el Ejecutivo, y "hacerlo" cuando la interinidad ya ha rebasado los 80 días "supone defender una actuación exenta de todo control y de toda responsabilidad, lo que viola el principio esencial de un régimen parlamentario". El secretario general le pide así a Rajoy que "reconsidere su decisión" de no acudir al pleno y vaya a la Cámara para fijar la posición de España sobre el problema de los refugiados, las "responsabilidades" que la UE debe asumir ante ellos y sobre la política que debe seguir España. "Si lo hace así -advierte-, todos habremos ganado y España mantendrá su dignidad como país en el compromiso con los derechos y libertades fundamentales".

Horas antes, tras el acto en recuerdo a las víctimas de los atentados del 11-M en Atocha, Sánchez había demandado a Rajoy que rechazara el acuerdo con Turquía. También le reclamó que ponga en marcha, en colaboración con ayuntamientos y comunidades, un plan de reasentamiento de refugiados en España para acoger a "muchos" de ellos, sin poner cifras. "Es el compromiso que yo asumo" si es investido presidente, enunció, informa Efe.

No cabe el control

Este mismo viernes, Santamaría volvió a sostener que el Gobierno en funciones no se puede someter al control de las Cámaras, porque no ha sucedido así con ningún Ejecutivo de la democracia. También se remitió a los precedentes más próximos, los de los presidentes de Andalucía y Cataluña, que no fueron controlados por sus parlamentos autonómicos hasta que no se constituyó el nuevo Gobierno. La Moncloa defiende que la única vía disponible es la fiscalización a través de la jurisdicción contencioso-administrativa. Es decir, acudir a los tribunales.

No obstante, la vicepresidenta aseguró que el Gobierno "buscará consenso" con los grupos en torno a la posición de España frente al preacuerdo de la UE y Turquía. Pidió ir "paso a paso", porque aún no hay nada cerrado, informa Europa Press. "Lo que acordaron los 28 Estados miembros fue analizar" las condiciones del pacto propuesto por Turquía en "una reunión informal y para nada decisoria y ni mucho menos con efectos ejecutivos inmediatos", sobre el que tendrán que pronunciarse tanto los servicios jurídicos de la Comisión "para que no quede duda de la legalidad" de sus términos. Es decir, que queda "trabajo" por delante, así que "manifestar ahora la posición de lo que puede resultar después es un poco precipitado". La número dos de Rajoy se refirió a la decisión del presidente francés, François Hollande, de convocar a todo el socialismo europeo para unificar posturas, ya que así el PSOE tendrá que "definirse".

El Gobierno promete "buscar consenso" con los grupos y para ello enviará al secretario de Estado al Congreso. Recuerda que hay que ir "paso a paso"

Santamaría explicó que no obstante, el Ejecutivo, cumpliendo la normativa reglamentaria, enviará al secretario de Estado para las relaciones con la UE al Congreso antes del Consejo Europeo "para expresar su posición y habida cuenta de que esto es un Gobierno en funciones, para generar consenso". Será él y no otro quien comparecerá ante los diputados. Fuentes gubernamentales sostuvieron que si no hubiera consenso de la Cámara, Rajoy viajaría a Bruselas subrayando que el suyo es un Ejecutivo en funciones y que no cuenta con el respaldo de los grupos.

Que cumpla con los "estándares humanitarios"

La vicepresidenta recordó que en septiembre de 2015 la Cámara baja aprobó por unanimidad una moción de los socialistas que pedía dejar fuera del debate partidista la cuestión de la política de asilo y refugio y que instaba a buscar el consenso entre el Gobierno y los partidos para fijar postura. "Nos mantenemos en esa posición y seguiremos haciéndolo. Yo espero que el PSOE, que fue a instancia suya que llegamos a este acuerdo, también lo mantenga y en un asunto en que estamos hablando de politicas claves de la UE que tiene tantas implicaciones (...) lo hagamos desde la responsabilidad", indicó.

Sobre la letra del acuerdo con Turquía, que ha suscitado la alerta de instituciones como ACNUR, la Abogacía o el Defensor del Pueblo, que creen que atenta contra los derechos humanos, Santamaría señaló que se ha producido "una circunstancia muy excepcional, que es el cierre de fronteras y del espacio Schengen", por lo que hay que hallar "una solución", que cumpla con los "estándares humanitarios". La posición de España, dijo, "siempre" ha sido la misma: cooperación en origen y que "cualquier decisión debe venir absolutamente avalada por los informes jurídicos de legalidad europea e internacional".