Objetivo Ignacio González: la jueza rastreará sus movimientos bancarios y su patrimonio

La titular del Juzgado número 5 de Estepona, Isabel Conejo, ha ordenado a la Policía investigar el patrimonio y todas las cuentas bancarias a nombre del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero, imputados desde ayer en el caso ático. La jueza ha remitido un oficio a cinco entidades financieras con las que trabajaba el matrimonio con el fin de que estas remitan toda la información relativa a los movimientos de dinero realizados por la pareja desde el ejercicio de 2008.

Ese año, el supuesto testaferro del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo -también imputado en la causa-, Rudy Valner, desembolsó 750.000 euros desde una cuenta del US Bank en dos plazos. En concreto, el 31 de marzo abonó 100.000 euros y el 5 de septiembre, los 650.000 restantes. El pago lo hizo Valner a través de la sociedad Coast Investor, radicada en Delaware (EEUU), de la que era gerente. La entidad financiera norteamericana, sin embargo, tras ser requerida por el Juzgado número 5 de Estepona, se negó a proporcionar información sobre las dos transferencias debido a que, en aplicación de la normativa de protección de datos, ya la había borrado.

Por este motivo, la jueza Conejo también ha pedido a las entidades financieras en las que tiene o ha tenido cuenta el matrimonio -Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular- "los soportes documentales de todas las operaciones realizadas con las empresas Coast Investor y Waldford Overseas o el ciudadano mexicano Rudy Valner", además de los movimientos de dinero, contratos y extractos realizados por González y Cavero en sus depósitos.

En relación con el Banco Popular, la orden de Conejo va más allá e indica a la entidad que rastree concretamente los movimientos efectuados "como banco corresponsal" en sus operaciones con el US Bank de Portland (EEUU). Dado que esta última entidad argumentó que había eliminado la información referente a las mencionadas transferencias, la jueza trata de cerrar el círculo por el otro lado.

Después de que Coast Investor adquiriera el lujoso inmueble de Estepona en 2008, este fue alquilado supuestamente por González y Cavero, quienes lo compraron cuatro años después, según recoge el Juzgado número 5 de la localidad malagueña, que ha pedido un informe pericial que tase el valor del ático tanto en 2008 como en 2012, años en los que se producen las transacciones.

La investigación sobre la dudosa venta del ático comenzó el 7 de junio de 2012, justo el mismo día en que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional recibe tres notas informativas procedentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), según testificó el pasado 3 de marzo el que fuera comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, en la época en que comenzaron las pesquisas. Rodríguez Ulla fue cesado apenas tres semanas después de que se iniciaran las investigaciones.

Meses antes de que entraran las notas del SUP en la Policía, sin embargo, se produjo el encuentro entre González, el comisario José Villarejo y un tercer alto mando del cuerpo en la madrileña cafetería La Mallorquina. En concreto, el 29 de noviembre de 2011. Villarejo admitió en sede judicial haber sido él quien grabó la conversación que se produjo entre los tres, que ha sido la que ha motivado que la Fiscalía Anticorrupción de Málaga pida la imputación de González, su mujer y Cerezo que ha dado lugar a que la jueza Conejo cite a los tres a declarar en calidad de investigados.

En el marco del caso Gürtel, y según señaló el comisario Villarejo en un informe que remitió al Juzgado 5 de Estepona el pasado 3 de marzo y que según indicó fue elaborado en 2011, un confidente reveló que González podía haber recibido dos millones de euros a cambio de facilitar la adjudicación de 100.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en Arganda del Rey (Madrid) a la constructora Martinsa. Los dos millones habrían sido abonados, según el mencionado documento que Villarejo entregó al Juzgado a través de su asociación Transparencia y Justicia -personada en la causa-, en parte en metálico y en parte con la donación del ático.