Urdangarin se apunta a las tesis de Torres: "La Casa Real estaba al corriente de todo"

Nadie lo pronunció. Pero el nombre del rey Juan Carlos sobrevoló ayer muchas cabezas en el Polígono Son Rossinyol, el lugar de las afueras de Palma donde se celebra el juicio del caso Nóos. Y esta vez fue su propio yerno quien de forma indirecta lo puso sobre la mesa. Su asesor fiscal, Federico Rubio, el secretario personal de sus hijas, Carlos García Revenga, y hasta su propio abogado, José Manuel Romero, conde de Fontao... Los tres, según el esposo de la infanta Cristina, estaban al corriente de las actividades del Instituto Nóos. Pero ninguno de estos tres hombres de confianza del Rey emérito, el jefe del Estado en aquellos años, detectó los delitos por los que ahora, con un nuevo monarca en palacio, se juega más de 19 años de cárcel. Si hubo supervisión real, como mantienen este y su socio, Diego Torres, falló estrepitosamente.

Urdangarin se apuntó en la jornada de ayer a las mismas tesis que mantiene Torres: que no se cometió ninguna ilegalidad porque la Casa Real conocía los manejos de la entidad a través de la cual se desfalcaron, supuestamente, 6,2 millones de fondos públicos. El principal hombre de ese entorno que el esposo de Cristina de Borbón sacó ayer de las decenas de miles de folios del sumario para situarlo en pleno debate judicial fue Rubio. El asesor fiscal de Zarzuela, según Urdangarin, hacía las declaraciones de Hacienda de este y de la Infanta, pero no detectó ninguna irregularidad fiscal ni advirtió los dos delitos contra la Hacienda Pública -por los ejercicios de 2007 y 2008- que penden sobre el matrimonio.

El cuñado del actual monarca se permitió soltar esa bomba a preguntas del fiscal Horrach y de la abogada del Estado, Dolores Ripoll. Pero sin dar un dato más. Sin explicar si el experto tributario de la Corona pudo comprobar la existencia de esos delitos al tener información suficiente de las gestiones de Nóos y de sus sociedades satélites, una de ellas domiciliada en el paraíso fiscal de Belice. Al preguntarle Ripoll por ello, Urdangarin volvió a su mantra: que desconocía la actividad contable, financiera y fiscal del instituto porque no estaba entre sus atribuciones como presidente de la entidad.

Todo era culpa de su asesor fiscal, Miguel Tejeiro, absuelto antes del juicio al levantar Manos Limpias la acusación contra él. Porque, según Urdangarin, cada vez que Rubio le solicitaba documentación para hacer esas declaraciones, era a Tejeiro a quien lo remitía. Pero el que fuera presidente de Nóos aseguró desconocer si este último le mostró las listas de trabajadores ficticios, las declaraciones de Ana María Tejeiro, la esposa de Diego Torres, las actividades de Nóos Consultoría, de Shiriamatsu, de Intuit... de todas las sociedades satélites a través de las cuales se cometieron, supuestamente, los delitos que se juzgan. "No lo sé", "lo desconozco", respondió, una tras otra, a las preguntas de Ripoll.

Carlos García Revenga, a quien el rey Juan Carlos encomendó las gestiones de sus hijas, fue el segundo hombre de su confianza al que, igual que Torres, apuntó Urdangarin. Revenga, socio fundador del Instituto Nóos y miembro de su junta directiva, conoció todas las actividades de esa institución sin poner ningún pero, según el esposo de Cristina de Borbón. A preguntas del fiscal Horrach, Urdangarin pronunció la frase que reprodujeron ayer todos los medios. "No daba un paso en mi vida sin informar a Carlos García Revenga", dijo. "Estaba al tanto de todo lo que estábamos haciendo", añadió sobre el secretario personal de las infantas, al que el instructor del caso, el juez José Castro, imputó durante su investigación pero que, finalmente, no ha sido juzgado.

La tercera persona del monarca emérito que estuvo en los labios de Urdangarin durante su declaración judicial fue su abogado, José Manuel Romero. El expresidente de Nóos recordó cómo, a principios de 2006, tras presentarse unas preguntas parlamentarias sobre la actividad del instituto, le recomendó salir de su junta directiva. Después de varias conversaciones, el conde de Fontao le indicó que debía desvincularse de la entidad y ganarse la vida en consejos de administración y mediante asesorías privadas. Pero Urdangarin, con su socio de siempre, creó entonces la fundación Areté. Poco después, también por recomendación del abogado del Rey, la disolvieron. "Romero no tenía problemas con la fundación, solo quería que yo no apareciera como directivo. El tema era presidir, figurar...".

Cerrada Areté, Urdangarin y Torres crearon la Fundación Deporte Cultura e Integración Social (FDCIS), que el fiscal considera la continuación de Nóos. Fue a través de esta con la que recaudaron los 114.000 euros que les abonó la candidatura olímpica de Madrid 2016 por orden de su consejera delegada, Mercedes Coghen. Según Horrach, ese dinero fue la contraprestación a cambio de las actividades de 'lobby' que el esposo de la infanta iba a realizar a favor de los juegos madrileños. Urdangarin, sin embargo, aseguró ayer que ese dinero tenía como finalidad "el estudio de casos de otras ciudades en los que el deporte fuera una herramienta de inclusión social".

La declaración de Urdangarin estuvo plagada de errores y contradicciones con la que hace tres años prestó ante el instructor del caso, José Castro

Pero más allá de las alusiones a la Casa Real, la declaración de Urdangarin estuvo plagada de errores y contradicciones con la que hace tres años prestó ante el instructor del caso, José Castro. El yerno de don Juan Carlos tuvo que rectificar cuando negó a preguntas del fiscal que se hubiera reunido con la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y con el expresidente de esa comunidad Francisco -al que en una ocasión llamó Paco- Camps.

En otras, sin embargo, se mantuvo en su incoherencia. En contra de lo declarado entonces, aseguró que Torres no era el gerente de la FDCIS, que según el fiscal era la heredera de Nóos. También lo desvinculó de la gestión del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto, al revés que en su versión inicial. Incluso rechazó que hubiera sido este el que cobró parte del "peaje" de 300.000 euros que, según declaró el expresidente balear, Jaume Matas, hubo que pagar al esposo de la Infanta por esa gestión. Urdangarin, en contra de lo que cabía esperar hace solo unos meses, salió siempre en defensa de su exsocio. Y trató de sostener, con poco éxito, su misma coartada.