La dermatóloga de López Madrid pide que la UCO sustituya a la Policía en el caso

La defensa de la dermatóloga Elisa Pinto ha pedido al Juzgado de Instrucción número 26 que sea la Guardia Civil la que se encargue de investigar el caso del supuesto acoso que ella achaca al consejero de OHL Javier López Madrid y que este último le atribuye a ella. Argumenta que en el teléfono del ejecutivo se encontraron contactos con diversos comisarios y archivos borrados. "Es obvio y evidente que la estrategia defensiva de López Madrid (...) está apoyada desde las altas esferas policiales", lo que le "permite dirigir los informes policiales", ya que son "los propios comisarios los que enfocan su estrategia de defensa", arguye Pinto.

La defensa trae a colación las relaciones que han salido a relucir en el marco del caso Púnica, que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para demostrar la conexión entre el exconsejero Francisco Granados, varios comisarios y el propio López Madrid, que revela la agenda del exdirigente popular. "Entendiendo que pueda haber una relación indirecta con la investigación llevada a cabo por la UCO y un conflicto de intereses con la Policía", la defensa solicita que se aparte a esta última de la investigación del caso y que sea la Guardia Civil la que "continúe", dado que lo que averigüen podría tener que ver con esas "otras causas" que dirige el instituto armado.

En otro escrito presentado ante el Juzgado 39, Pinto alega además que ha habido "errores policiales" y que la investigación está "absolutamente dirigida a inculparla". "Partiendo de la previa inculpación de la doctora, se buscan indicios que puedan incriminarla", asegura la defensa. "Se ordenan unas pesquisas destinadas a obtener pruebas que demuestren el resultado, que no es otro que la exculpación de López Madrid a través de la inculpación de Pinto", asegura.

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En el escrito remitido al Juzgado 39 también solicita unificar las dos causas (la que se sigue en el Juzgado 26 y la del 39), ya que en una de ellas Pinto acusa a López Madrid y en la otra el ejecutivo denuncia a la doctora. En la práctica, argumenta, en ambas causas se analizan los mismos hechos y la investigación policial es única. "El Juzgado 26 nos ha denegado documentos ya remitidos al 39", alega la defensa, que añade que también le han rechazado preguntas acerca de hechos "contenidos en informes policiales previos que sin embargo son utilizados por la Fiscalía en sus interrogatorios".

Pinto pone en duda las conclusiones de la investigación policial y, en concreto, señala el testimonio de M. N. A., dueño del locutorio en el que alguien adquirió una tarjeta telefónica prepago a nombre de Javier López Madrid. Este hombre, afirma la defensa de Pinto, "no pudo corroborar (en sede judicial) el previo reconocimiento fotográfico" realizado ante la Policía, en el que había señalado a la doctora. "No sabía cómo era física ni estéticamente" y "la describió como una mujer de piel oscura, dominicana, alta y gruesa", perfil muy alejado al de la dermatóloga. "Finalmente, dijo no haber vendido ninguna tarjeta prepago a esa persona", concluye.

Argumenta también la defensa letrada de Pinto que esa tarjeta, desde la que se emiten mensajes amenazantes contra la doctora, no la pudo adquirir ella, ya que "es indiscutible que una mujer no pudo comprar una tarjeta prepago a nombre de un hombre". Recuerda que la acusada y denunciante -según qué causa- "sí se puso en contacto con el colegio de su hijo para avisar de que un desconocido la había acosado", como de hecho consta en las actuaciones, en contra de lo que indicó la Policía.

La mujer rechaza también las conclusiones de los investigadores respecto al posicionamiento de la tarjeta telefónica desde la que se mandan los mensajes amenazantes en el momento en el que estos se envían. Según la Policía, el 'roaming' no se activó y esto puede señalar que el terminal estuviera en el extranjero, posiblemente en el mismo lugar en el que se encontraba el teléfono al que se mandan los mensajes, que es el de Pinto, y que en ese momento (finales de diciembre de 2013) se encontraba en la República Dominicana.

La defensa de Pinto argumenta, sin embargo, que el que ambos terminales estuvieran en el extranjero porque no se activara el 'roaming' es "solo una de las explicaciones que dan los técnicos" de la Policía y que, aunque ambos celulares se localizaran fuera de España, no tiene por qué significar que los dos se econtraran en la República Dominicana.

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Añade que la "prueba de descargo" de esta "acusación gratuita e infundada" se encuentra en el procedimiento paralelo, donde consta acreditado -según alega- que la tarjeta de teléfono que se compró a nombre de López Madrid estuvo haciendo llamadas en el entorno del domicilio de la mujer esos días. Las llamadas, por lo tanto, "no fueron realizadas desde República Dominicana, sino desde España", lo que a su juicio pone en entredicho las conclusiones policiales.

Subraya también "el silencio" sobre otro de los aspectos que aparecen en el estudio de los teléfonos elaborado por los investigadores, que señala a un número que pertenece a Mónica Sánchez Navarro. Desde el teléfono de esta méxicana, esposa de Ricky Fuster, según consta en la denuncia de Pinto ante la Guardia Civil, se hizo una llamada a la dermatóloga en la que le decía "puta, no te acerques a Javier López Madrid; me vale madres llevarte por delante". La defensa, de hecho, pide que declare Sánchez Navarro.

Estas conclusiones policiales, y otras más -algunas de las cuales señalaban que la dermatóloga había falsificado documentos-, sirvieron de base para que la Fiscalía pidiera el pasado 7 de febrero el sobreseimiento provisional de la causa contra López Madrid y dejara sin efecto la prohibición de que el ejecutivo de OHL se acercara a la doctora a menos de 500 metros. El Ministerio Público también solicitó que se desestimen las diligencias reclamadas por Pinto y que se archive el caso en relación con el comisario José Villarejo, a quien la doctora señaló como la persona que le apuñaló.