El dueño de Vitaldent exigía a las franquicias el 10% de lo acordado en metálico

Las primeras pesquisas de los responsables de la 'Operación Topolino' contra Vitaldent apuntan a que el dueño de la empresa, Ernesto Colman, exigía a sus franquiciados que le pagasen el 10% de lo acordado en metálico, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que cifran el fraude en torno a los 10 millones de euros.

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Según las fuentes consultadas, además del dueño, entre los 13 detenidos por la Policía se encuentra también, Vicente Samper, su director comercial desde 2005 hasta hace tan solo unas semanas. Samper se encargó de la expansión de Vitaldent tanto en España como en Portugal, Italia o Estados Unidos.

Otro de los arrestados según las mismas fuentes es Bartolo Conte, vicepresidente de la compañía. La Policía se ha personado este martes en otra de sus empresas NC Advertising, dedicada a la publicidad y que tenía a Vitaldent entre sus clientes. Los agentes han impedido este martes la entrada a los trabajadores en la sede de esta firma publicitaria, situada en el barrio de Salamanca.

El procedimiento que seguía la trama era desviar el dinero que recibían en metálico fuera de España, concretamente a Suiza y Luxemburgo. Luego ese dinero se reinvertía de nuevo en España. Se hacían con artículos de lujo o creaban nuevos negocios.

Propiedades en el Valle de Arán

Siempre según las mismas fuentes, los detenidos cuentan con una empresa de alquiler de aviones o caballos pura sangre. También compraban fincas, varias de ellas en el Valle de Arán (Lérida).

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En el marco de la 'operación Topolino' desarrollada por la UDEF de la Policía Nacional se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda España, 36 vehículos a motor, varios de alta gama, y un avión valorado en un millón de euros.

También está previsto el bloqueo de los saldos de las personas físicas y jurídicas objeto de investigación, repartidos en 25 entidades financieras, así como el bloqueo de los activos financieros de dos SICAV por importe de 5 millones de euros, y la prohibición de disponer de otras 103 fincas rústicas.