se lo llevó arena media, filial del gigante havas

El juez de Púnica investiga el megacontrato de publicidad de 5,5 millones del Canal

El instructor del caso Púnica investiga al Canal de Isabel II por la adjudicación en 2014 de un megacontrato publicitario de 5,5 millones de euros a Arena Media, filial de la multinacional Havas
Foto: Foto: Canal de Isabel II gestión.
Foto: Canal de Isabel II gestión.

La instrucción judicial de la trama Púnica ha acabado situando el foco sobre el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid y una de las que arrastran más sospechas de corrupción. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas, está investigando presuntas irregularidades en un megacontrato que la empresa pública del agua adjudicó en enero de 2014 a Arena Media, una filial del gigante publicitario francés Havas, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al procedimiento.

El contrato ascendió a 4,6 millones de euros más IVA, 5.566.000 euros en total, y tenía por objeto “los servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de comunicación del Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima” durante un plazo de ejecución de 15 meses. El trámite siguió en apariencia el procedimiento normal. El entonces consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Salvador Victoria, responsable directo del Canal de Isabel II por el cargo que ocupaba, llevó la adjudicación al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 23 de enero de 2014. Y tras su ratificación en ese órgano presidido por el entonces jefe del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, la decisión fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad el 29 de abril de 2014. El anuncio especificó que Arena Media fue la vencedora del concurso por plantear la “proposición económica más ventajosa”.

Pero los expertos en delitos económicos de la UCO manejan pruebas de que ese concurso habría sido amañado por los máximos responsables políticos del Canal para desviar fondos del ente público, y ya han tomado declaración en las últimas semanas a varios implicados en la licitación para profundizar en el episodio, revelan fuentes cercanas al caso.

Otro amaño de 361.000 euros

El exconsejero Victoria ya está imputado en Púnica por haber utilizado presuntamente otro contrato del Canal para abonar con pagos en efectivo los servicios de imagen y reputación 'online' que las empresas Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad realizaron para Ignacio González. En este otro caso, como reveló El Confidencial, el contrato se adjudicó en el verano de 2014, el beneficiario fue la empresa tecnológica Imagen de Síntesis Digital SL y el importe de la licitación sumó 361.306 euros.

El contrato con Arena Media descubierto ahora multiplica por 12 el valor de esa otra licitación cuestionada. De confirmarse el fraude, constituiría uno de los mayores pelotazos de la trama de corrupción del exconsejero madrileño de Presidencia Francisco Granados y su amigo y socio David Marjaliza, especializada precisamente en el amaño de contratos y servicios de la Administración. Hasta el momento, los mayores negocios que se atribuían a la red tenían que ver con el amaño de contratos de eficiencia energética para la multinacional Cofely. Su exitosa incursión en el sector de la publicidad había pasado hasta ahora desapercibida.

Citación de un testigo

El instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha citado a un directivo de Arena Media, David Colomer, para que declare como testigo el próximo 15 de febrero sobre el concurso bajo sospecha, aunque el juez ya dispone de otros testimonios que apuntalarían la existencia de irregularidades. Según ha podido saber este diario, los investigadores de la UCO han accedido a declaraciones de implicados en el caso que confirmarían que los responsables políticos del Canal de Isabel II tenían la intención de que ese contrato fuera adjudicado a la filial de Havas antes incluso de que se anunciara oficialmente la licitación.

Una de las agencias de medios derrotada por Arena Media en ese proceso, Inteligencia y Media SA, recurrió la adjudicación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, al considerar que se “habían vulnerado las normas esenciales del procedimiento” al aceptar una oferta baja tan “anormal o desproporcionada” como la presentada por la filial del Grupo Havas “sin valorar su viabilidad”. También denunció que la adjudicación se notificó “sin motivación alguna”. El Tribunal solo dio parcialmente la razón a Inteligencia y Media SA. Reconoció que la decisión no se había motivado pero no anuló el concurso. Al contrario, permitió que el Canal de Isabel II subsanara los errores y Arena Media acabó recibiendo los 5,5 millones de euros. La Asamblea de Madrid abordó el litigio el 5 de febrero de 2015 en una comparecencia del director general del Canal, Adrián Martín, que sigue en el cargo. A preguntas de un diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Martín negó irregularidades en el proceso y afirmó que el dinero se utilizó para fomentar un consumo responsable del agua.

Presupuesto multimillonario

Por lo pronto, las dudas sobre el contrato de Arena introducen de lleno a la empresa pública del agua en el caso Púnica y van a provocar que la UCO inspeccione sus mecanismos de contratación. No es la primera vez que el Canal aparece en un sumario. Sin embargo, el ente nunca ha sido objeto de una investigación judicial, a pesar de las numerosas dudas que han existido siempre sobre el uso que los diferentes gobiernos de la Comunidad de Madrid han hecho de sus ingentes recursos, especialmente, del gasto en publicidad institucional. Solo en 2014, el Canal contó con un presupuesto total de 1.059 millones de euros.

Arena Media también figura como adjudicataria de otros contratos de publicidad de la Administración autonómica. En 2010, por ejemplo, la Consejería de Hacienda le encargó la campaña sobre los beneficios a los que podían acogerse los madrileños en la declaración de la renta.

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