El enigma Saumell: investigan el vínculo del caso Pujol con la financiación ilegal de CiU

La investigación judicial del caso Pujol lleva semanas avanzando en un discreto segundo plano, aunque esta semana experimentará un nuevo pico con la declaración del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley, su esposa, Marta Ferrusola, y el hijo mayor de ambos, Jordi Pujol Ferrusola, considerados máximos responsables de una trama que llegó a mover a través de diferentes cuentas de Andorra más de 40 millones de euros procedentes del cobro de comisiones ilegales. Las pesquisas estarían cerca de conectar la trama de los Pujol con la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y la clave reside en una anotación de 1997 que apunta a un hombre apellidado Saumell que aún no ha podido ser identificado.

El juez que instruye la causa, José de la Mata, titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, se desplazó el jueves a Andorra acompañado por la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez, para tomar declaración a testigos que figuran en la comisión rogatoria que envió el Principado a España el pasado junio con información de los depósitos que el clan Pujol mantuvo abiertos en entidades de ese pequeño territorio desde 1990. Las declaraciones se prolongaron hasta el viernes por la tarde, y entre los interrogados se encontrarían los testaferros que usaron los Pujol para sacar a través de bancos andorranos la fortuna que acumularon mediante el saqueo sistemático de la Administración catalana.

La comisión rogatoria permitió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, responsable de las pesquisas, lanzar el pasado octubre una nueva operación contra los Pujol que se saldó con la detención de otros dos hijos del expresidente de la Generalitat, Josep y Pere Pujol Ferrusola, y numerosos registros en domicilios y oficinas relacionadas con la red corrupta. Las citaciones de Jordi Pujol padre y su esposa son fruto precisamente de esa colaboración. El instructor quiere que el fundador de CDC explique un documento manuscrito de 2001 en el que reconoce que es el verdadero propietario de un dinero que estaba a nombre del mayor de sus hijos.

​Datos sobre nuevas cuentas y titulares

Pero los investigadores pretenden pedir nueva información a las autoridades del Principado para poder completar el puzle. Lo remitido por Andorra solo contiene datos de las cuentas de los Pujol en dos únicas entidades, Andbank y Banca Privada de Andorra (BPA). Destacan por su uso las registradas con los códigos AND81511, AN84248, AN84400, AND8109 y AND09871. Los expertos en delitos económicos de la Policía ya han podido diseccionar las numerosas operaciones cruzadas que realizaron entre esas cuentas.

El problema reside en que los Pujol también las emplearon para mover dinero con origen o destino en otras cuentas de esas entidades y de otros bancos del Principado sobre las que, por el contrario, no consta ningún dato en la comisión rogatoria. La solución pasaba por solicitar a la Justicia andorrana una nueva comisión con el detalle de todas las cuentas que la familia llegó a tener operativas y, también, del resto de depósitos mencionados en la primera remesa de documentos. La respuesta llevará meses pero permitirá bucear en el funcionamiento de la trama urdida por los Pujol y extender el foco a colaboradores del clan que hasta ahora han salido indemnes.

Fuentes cercanas al caso aseguran que uno de los movimientos de fondos que se pretenden aclarar puede establecer el primer vínculo evidente entre la red de comisiones de los Pujol y la financiación ilegal de CDC. Hasta ahora, las indagaciones sobre la familia del fundador del partido independentista no han permitido hallar ningún indicio de que los negocios del clan también sirvieron para inyectar fondos en la formación, a pesar de los numerosos testimonios que apuntan en ese sentido.

Pero el caso puede dar un giro con la nueva solicitud de datos a Andorra. Los agentes localizaron en la primera comisión rogatoria un fax manuscrito enviado el 20 de marzo de 1997 por Jordi Pujol Ferrusola al banquero que gestionaba sus cuentas en el Principado, Josep Maria Pallerola. En el documento, Jordi Pujol Jr. ordenaba con extrema precisión al bróker cómo debía distribuir los 75 millones de pesetas (450.759 euros) en efectivo que supuestamente acababa de enviarle.

23 millones para Saumell

Por un lado, Pallerola debía repartir 24 millones de pesetas por igual entre los seis hermanos del comisionista, es decir, cuatro millones para cada uno de ellos. Jordi Pujol Jr. le especificaba a continuación que le guardase en sus cuentas siete veces más, 28 millones de pesetas. Y los 23 millones de pesetas restantes debía ingresarlos en el depósito 4426 de la oficina que tiene en Andorra La Vella el banco Crèdit Andorrà. El hijo mayor del 'exmolt honorable' identificaba al titular de ese depósito con lo que parece un apellido, Sr. Saumell, pero lo interesante son las tres letras que indicaba justo al lado, CiV.

Los agentes de la UDEF que analizaron la comisión rogatoria concluyeron que, por la grafía, esa 'V' mayúscula podría ser en realidad una 'U'. Así consta en el informe enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por los investigadores. El hallazgo sería decisivo en el rumbo del procedimiento. La última opción implicaría que Jordi Pujol Ferrusola no solo cobraba mordidas que luego repartía entre todos los miembros del clan, sino que también ingresaba una parte del dinero que conseguía en las arcas de CiU, algo que ya han declarado varios imputados en la causa en la que se investiga específicamente la financiación ilegal de Convergència.

El fax de 1997 apuntalaría ese vínculo, pero los datos que tiene en su poder la UDEF solo permiten defender una hipótesis. De hecho, ni siquiera se ha podido identificar con exactitud al misterioso Sr. Saumell. La nueva solicitud de información a Andorra puede despejar definitivamente la incógnita. Fuentes cercanas al caso aseguran que el depósito 4426 de Crèdit Andorrà es uno de los que figuran en la lista de peticiones de la Justicia española.