La Audiencia reabre el caso Interligare, que investiga delitos de altos cargos de Rubalcaba

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado en un auto firmado el pasado 30 de diciembre reabrir el denominado caso Interligare, que investiga una supuesta trama de corrupción en torno a la concesión de contratos públicos por parte de altos cargos del Ministerio del Interior durante el periodo en que el departamento estaba dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba.

El tribunal ha revocado el auto de sobreseimiento de la causa -acordado por el Juzgado número 36 de Madrid en junio de 2014- y ha ordenado la práctica de las diligencias que ya había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, la sala ordena al titular del Juzgado 36, Juan Antonio Toro, que instruye la causa, que reclame al Ministerio del Interior una serie de expedientes de contratación firmados por los altos cargos de la Dirección de Infraestructuras y la empresa tecnológica de análisis de información Interligare en los años 2007 y 2008.

Asimismo, la Audiencia Provincial solicita también que se aporte a la causa toda la documentación que se pueda recabar en relación con el proyecto Tizona, que debía haber desarrollado Interligare, pero que la empresa no concluyó ni recibió el dinero, según fuentes de la investigación. El contrato fue firmado en 2008 entre la sociedad y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), dependiente por aquel entonces del Ministerio de Industria, con el objetivo de crear "una base de datos estratégicos para empresas".

El asunto hace referencia a la concesión de contratos de modo presuntamente irregular por parte de altos funcionarios de la Administración a la empresa

La decisión de la Audiencia Provincial de reabrir el caso se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, recurrieran el sobreseimiento provisional acordado por el juez Toro en junio de 2014. Un año y medio después, la Sección Tercera ha respondido a sendos recursos y ha ordenado reabrir la causa y practicar "cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos".

El caso había sido archivado en su mayor parte, pero seguía abierto únicamente en relación a dos delitos -alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública- supuestamente cometidos por los propietarios y directivos de la compañía, investigación esta última que continúa por su cauce en paralelo mediante la práctica de diligencias previas.

El asunto que se reabre, por lo tanto, hace referencia a la concesión de contratos de modo presuntamente irregular por parte de altos funcionarios de la Administración -entre ellos el que fuera director general de Infraestructuras con Rubalcaba, Luis Luengo- a la mencionada empresa, que tenía a varios comisarios de asesores, como Miguel Ángel Fernández Rancaño o Gabriel Fuentes González. El juez Toro consideró, cuando archivó la causa, que "no existía sospecha de la comisión de ningún delito ni de cohecho ni de tráfico de influencias", pero la reapertura ordenada por la Audiencia Provincial vuelve a poner en entredicho las actuaciones de los policías.

El titular del Juzgado 36 entendió que ni los correos electrónicos ni la documentación aportada por Interior tenían capacidad probatoria, por lo que concluyó que ninguno de los imputados tenía influencia alguna en la formulación de los contratos ni en la concesión de los mismos a la empresa Interligare. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, argumentó que al instructor le faltaba documentación por valorar, entre ella un informe de Asuntos Internos y los certificados de Interior que demostraban supuestamente que Interligare era la única empresa que cumplía los requisitos.